Nora Patricia Jara

Derechos humanos

ƑY los derechos humanos? ƑQué? Ni una mención hizo de ellos el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en su tercer y lánguido Informe de labores ante la Legislatura local.

Con casa llena, en medio de la cúpula nacional del perredismo, el hombre que administra esta ciudad, con los márgenes de popularidad más altos alcanzados por gobernante alguno en la capital de la República, leyó un informe sin sorpresas, ante una abatida y fatigada Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y eso que era la primera ceremonia solemne luego de su asunción como nueva diputación.

El poco espíritu mostrado por los asambleístas refleja también la falta de equilibrio en el Congreso local, donde apenas se encuentran representadas otras fuerzas políticas no afines al partido en el gobierno, situación creada por un mandato mayoritario en las urnas que favoreció al PRD en la pasada elección y arrojó una aplanadora parlamentaria legitimada mediante el sufragio.

En esta realidad, la administración lopezobradorista tendrá que tomar en cuenta a las minorías, más allá de la retórica, para pasar a los hechos y tratar de establecer una relación de respeto entre el Ejecutivo local y todos los que conforman el Legislativo. Los diputados que obtuvieron su curul por el sistema de representación política poseen un estatus que les permite actuar en las tareas legislativas.

Su grado de influencia dependerá no de las presiones, como toma de calles o negándose a escuchar, sino de su acción como oposición que trabaja sin chantajes y consciente de su nueva circunstancia, por el ciudadano y la transparencia democrática.

Otro signo del Informe del mandatario local es el que toca a los derechos humanos y, como señaló el ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, creo también que no es buen signo.

En el documento quedaron fuera lo que pasa con el seguimiento de las recomendaciones emitidas este año por la CDHDF, o temas como la reparación del daño, las detenciones arbitrarias y la tortura. Bueno, ni el caso de la polémica, indigna y escandalosa resolución de la fiscalía especial para investigar la muerte de Digna Ochoa y Plácido mereció unas líneas.

Entre las recomendaciones que ha emitido el órgano encargado de vigilar los derechos humanos en la capital del país está la 4/2003, dirigida al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por la actuación deficiente del personal del Servicio Médico Forense en la investigación y documentación de las causas del fallecimiento de Guillermo Vélez Mendoza.

Luego de ser detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, fue reportado como muerto en las instalaciones de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. Entre las irregularidades no se notificó la hora estimada del fallecimiento, o el estado del cadáver; las omisiones obstruyeron una adecuada investigación y la administración de justicia.

En otros casos, como la recomendación 5/2003, que fue aceptada parcialmente por la autoridad aludida. Por ejemplo, el 19 de mayo de 2002 un sujeto que hacía disparos al aire en un hotel fue detenido por los patrulleros de la unidad G0946 y en el traslado murió, al parecer por exceso en el uso de la fuerza física que se utilizó para someterlo. Por su muerte no se fincaron responsabilidades, aunque se investigó a 23 agentes, de los cuales sólo uno está sujeto a proceso judicial y otro está prófugo. En este asunto también se omitieron datos relevantes para las indagatorias.

En los casos mencionados hubo abuso de autoridad, tratamiento cruel, inhumano y degradante, tipificados en instrumentos internacionales suscritos por el gobierno mexicano y los cuales todos los gobiernos deben atender, incluyendo el del Distrito Federal.

Es aquí donde la falta de atención a los derechos humanos contrasta con el avance en los derechos políticos, que sí se le reconocen a todos los ciudadanos, en especial los de los militantes de los partidos, aunque no obtengan votos; pero cuando se trata de justicia, es una pena que ni una palabra se exprese en momentos en que se demanda la actuación de policías encubiertos y se aplican operativos antialcohol.

Tal vez hubiese sido otro tema común entre el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno, ya que en su pasado Informe ante el Congreso de la Unión, el Ejecutivo federal dedicó un capítulo entero a los derechos humanos y reiteró a las autoridades locales su invitación para hacer propio el espíritu del Protocolo de Estambul y erradicar así cualquier práctica de tortura.