La PGJE decreta no ejercer acción penal; débiles, las pruebas en su contra, afirma

Exoneran de peculado y enriquecimiento ilícito a ex edil blanquiazul de Monterrey

DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL

Monterrey, NL, 13 de septiembre. La titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Alida Bonifaz Sánchez, decretó el no ejercicio de la acción penal contra el ex alcalde regiomontano Jesús María Elizondo González, quien fue acusado de peculado en noviembre de 2000, y de enriquecimiento ilícito en marzo de 2001, por la diputación local y la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que se detectaron numerosas irregularidades a su paso por las alcaldías de Ciudad Guadalupe y Monterrey, durante los periodos 1994-1997 y 1997-2000, respectivamente.

El panista fue criticado y calificado de corrupto en su momento, inclusive por algunos miembros del Partido Acción Nacional (PAN), como el ex dirigente estatal Alfredo Corella Gilsamaniego y el ex diputado local Jorge Padilla Olvera, los cuales fueron expulsados del PAN por "ventilar los asuntos internos" y llamar tapaderas a la entonces presidenta del Comité Directivo Estatal, Alejandra Fernández Garza, y a Fernando Canales Clariond, entonces gobernador del estado.

Entre las irregularidades que se atribuyeron a Elizondo González destacan la venta de terrenos municipales a precios inferiores a los de mercado, contratación de banquetes en un restaurante propiedad de una de sus hermanas, favorecer con licitaciones a empresas creadas al vapor, así como la compra de boletos de avión en una agencia de viajes de sus hermanos.

Según el PRI, fue claro el enriquecimiento ilícito de Elizondo González al amparo de la función pública, porque habiendo ingresado a la alcaldía de Guadalupe en 1994, con su casa embargada, entre el 18 y el 25 de enero de 1999 logró pagar adeudos bancarios por 25 millones de pesos. Además compró al contado dos terrenos en Las Misiones, una de las zonas de mayor plusvalía de la ciudad, y construyó un edificio de departamentos valuado en 40 millones de pesos, en las inmediaciones del Tecnológico de Monterrey.

Bonifaz Sánchez, de reconocida militancia panista, señaló que no prosperó la demanda por enriquecimiento ilícito contra Elizondo, porque "no hubo elementos, que probaran los delitos que se le imputaban".

Asimismo, comentó que ayer firmó el expediente que confirma la resolución del no ejercicio de la acción penal, que su antecesor José Santos González Suárez dejó antes de renunciar, en mayo de 2001, para dedicarse al ejercicio privado de su profesión como abogado.

Cabe recordar que el 10 de julio de 2001 la titular de la PGJE informó haber revocado la resolución de no ejercicio de acción penal firmada por González Suárez, al considerar que el fiscal Fernando Domínguez Jaramillo "no integró bien la averiguación previa", por lo cual reabrió el expediente para hacer indagatorias más completas y el caso viene a resolverse otra vez en favor del inculpado, a 21 días de que termine la actual administración panista y entre el gobierno priísta encabezado por Natividad González Parás.

La exoneración de Elizondo tiene lugar en momentos que se menciona su nombre en columnas políticas como puntero para ocupar la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, como parte de los reacomodos que tendrán lugar ante el desempleo masivo de altos cuadros del panismo a partir del 4 de octubre, cuando saldrán del gobierno estatal, y el 31 del mismo mes, cuando concluyen las administraciones municipales que perdieron ,como son las de Monterrey, Guadalupe y Santa Catarina.

Al respecto, el gobernador Fernando Elizondo Barragán dijo desconocer que el fallo se hubiera emitido y pidió a la PGJE que hacer clara tal resolución. Aseveró que giró instrucciones a la dependencia para evitar averiguaciones "a fuego lento", y que se llevaran hasta sus últimas consecuencias; que si había evidencia, se consignaran, y si no, que se dictara el no ejercicio de la acción penal.

En otro orden, Canales Clariond criticó la intención del gobernador electo, José Natividad González Parás, para que la ceremonia de toma de posesión se realice el 4 de octubre por la tarde, en lugar del primer minuto de ese día, cuando legalmente inicia el periodo del nuevo sexenio.