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México D.F. Miércoles 3 de septiembre de 2003

Encubrimiento, el delito

Relacionan en Perú a general con plagio de un empresario

AFP

Lima, 2 de septiembre. El general peruano Antonio Ketín Vidal, quien capturó al líder guerrillero Abimael Guzmán y al todopoderoso jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, está en medio de una tormenta a raíz del informe de la Comisión de la Verdad y Re-conciliación que lo relaciona con el secuestro de un empresario.

El informe alude a una investigación del plagio de Samuel Dyer en 1992, cometido por el Servicio de Inteligencia Nacional, en que se dice que Vidal y otro oficial de las fuerzas de seguridad "son autores del delito de encubrimiento real por conocer y encubrir la detención ilegal" del empresario, informó la prensa local.

El oficial en retiro sostuvo que la captura del empresario Dyer fue realizada por inteligencia del ejército -bajo control del Servicio de Inteligencia Nacional, que manejaba Montesinos-, y anotó que al comprobar que no tenía relación alguna con el terrorismo, recomendó su libertad.

Mientras, cuatro chilenos fueron condenados a penas de entre 15 y 23 años de prisión por terrorismo y vinculación con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, según una sentencia de la Sala Nacional contra el Terrorismo, dictada este martes.

La sala impuso 23 años de cárcel a Jaime Castillo Petruzzi, quien al escuchar la sentencia en un penal de Lima reaccionó con aplausos y luego hizo la V de la victoria con los dedos de ambas manos.

Lautaro Mellado Saavedra fue condenado a 20 años, María Concepción Pincheira a 18 y Alejandro Astorga Valdez a 15 años, de acuerdo con los fallos del tribunal presidido por el juez Pablo Talavera Elguera.

En 1993 los cuatro chilenos fueron condenados a prisión perpetua por un tribunal militar, pero esas sentencias fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó un nuevo juicio en el fuero civil.

El tribunal determinó que Castillo, Mellado y Pincheira son coautores del delito de terrorismo por el secuestro, en 1993, del empresario Raúl Hiraoka y el asesinato de uno de sus guardaespaldas durante la operación criminal.

Astorga fue encontrado culpable del delito de terrorismo por el atentado contra una sede en Lima del Instituto Cultural Peruano Estadunidense, ese mismo año.

Tras escuchar las sentencias, los cuatro sentenciados presentaron recursos de nulidad a la justicia peruana.

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