México D.F. Miércoles 3 de septiembre de 2003
Dictamina que los jurados, no los jueces, deben decidir sobre la aplicación de la pena
Corte federal de EU revoca cien condenas a muerte
REUTERS
San Francisco, 2 de spetiembre. Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos revocó el martes las condenas a muerte de unos cien reclusos, alegando que los jurados, en lugar de los jueces, son quienes deben decidir sobre la pena de muerte a los criminales convictos.
El fallo aplica a por lo menos tres estados del país comprendidos dentro del circuito de la novena corte de apelaciones, Arizona, Montana e Idaho, los cuales dejaban a discreción de los jueces la aplicación de la pena de muerte a los condenados.
El asunto surgió por una decisión reciente de la Suprema Corte de Justitcia de Estados Unidos que falló que son los miembros de un jurado -y no los magistrados- quienes deben decidir si los criminales convictos deben ser condenados a la pena de muerte.
"Privar a un acusado que puede ser condenado a la pena capital de su derecho constitucional de tener un jurado que decida si es elegible a la condena a muerte es un error que necesariamente afecta el marco en que el proceso judicial se desarrolla", dijo la corte de apelaciones en una decisión de ocho votos a tres.
La medida surgió del caso de Warren Summerlin, un residente del estado de Arizona convicto del asesinato en 1981 de Brenna Bailey, una empleada de una compañía de finanzas.
No obstante, afecta sólo a una pequeña fracción de los más de 3 mil 500 reclusos que esperan en el pabellón de la muerte en todo Estados Unidos.
Dale Blaich, un abogado defensor público en el estado de Arizona, dijo que aunque la novena corte de apelaciones sólo tiene jurisdicción sobre los estados de Idaho, Montana y Arizona, la decisión probablemente sentará precedente en otros estados donde jueces, en lugar de jurados, deciden discrecionalmente la aplicación de la pena de muerte.
Blaich citó a Nebraska, Delaware, Indiana, Colorado, Florida y Alabama como estados con pautas similares para sentencias a los criminales convictos que podrían verse afectados por la decisión de la corte de apelaciones.
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