Contempla juicios orales en delitos menores; le resta facultades a los agentes del MP

Presenta Macedo propuesta de código único de procedimientos penales

Los procuradores se oponen a su aprobación porque implicaría recortar personal

VERONICA GONZALEZ Y JOSE GALAN CORRESPONSAL Y ENVIADO

Manzanillo, Col., 21 de agosto. Rafael Macedo de la Concha, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó ante procuradores y presidentes de tribunales de justicia de todo el país un anteproyecto de código único de procedimientos penales que contempla la posibilidad de realizar juicios orales en delitos menores, como amenazas y difamación, y que resta facultades a los agentes del Ministerio Público (MP) en la reparación del daño a las víctimas de algún delito.

En principio, hay consenso entre los procuradores y ministros de justicia sobre la adopción del sistema oral en los juicios, para disminuir las cargas de trabajo de dichas instituciones y hacer más pronta y expedita la impartición de justicia, pero rechazan que los presuntos delincuentes sean juzgados por un jurado ciudadano -como ocurre en Estados Unidos-, ya que pretenden mantener la facultad de determinar con criterios estrictamente jurídicos la culpabilidad o inocencia de los acusados.

En el primer día del cuarto congreso nacional de procuradores y presidentes de tribunales de justicia, los asistentes discutieron la necesidad de reformar el marco jurídico mexicano para adecuarlo a las exigencias de la globalización económica.

Aunque los trabajos se realizaron a puerta cerrada, procuradores y ministros de Oaxaca, Guanajuato, Sinaloa, Michoacán y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Colima, Felipe Chávez Carrillo, informaron a La Jornada que en la reunión los participantes acordaron con Macedo de la Concha que analizarán en detalle el anteproyecto de código único de procedimientos penales.

Posteriormente, concurrirán a una nueva reunión, de la que saldrá acordado un proyecto de código único de procedimientos penales que se enviará a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación. En las mesas de trabajo se propuso la creación de la figura del defensor de oficio especial, pagado por la federación, o de un juez instructor que se avoque a este asunto para hacer efectiva la reparación del daño a las víctimas.

De acuerdo con Héctor Manuel Ramírez Sánchez, presidente del Tribunal de Justicia de Guanajuato y principal promotor del principio de oralidad en los juicios y atención a las víctimas de los delitos, la propuesta anterior generó discrepancias entre ministros y procuradores, ya que éstos últimos no quieren ceder la facultad de exigir el resarcimiento del daño a los ofendidos, porque eso implicaría un recorte de agentes del MP.

En las mesas de trabajo se discutieron también temas como la necesidad de crear la carrera ministerial para la profesionalización de agentes del MP, defensores de oficio y personal de procuración de justicia.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, dijo en entrevista que dada la inviabilidad de homologar los códigos penales, la PGR está impulsando la homologación de los procedimientos penales, incorporando el principio de oralidad en los juicios.

Mencionó que estados como Guanajuato y Nuevo León ya están trabajando en los juicios orales en delitos como difamación y amenazas, y se pretende que poco a poco más entidades adopten dicho procedimiento.

Agregó que los ministros están promoviendo la formación de centros de mediación para solucionar conflictos en materia civil, mercantil y en delitos de querella necesaria, como las amenazas, los insultos y la difamación, sin necesidad de llegar a los tribunales.

Interrogado sobre los tratados de extradición de personas que México tiene firmados, Raúl Bolaños indicó que el país "está entrando un poco tarde a estudiar el tema", y reconoció que la legislación actual no es la más apropiada para ejecutar con éxito la extradición de presuntos delincuentes, por lo que los ministros y procuradores analizarían el tema con mucho interés.

Señaló que los delitos como el narcotráfico y la portación ilegal de armas tendrán que seguir en el ámbito federal, ya que ni las procuradurías ni los tribunales estatales tienen recursos humanos y materiales para atenderlos. "Creo que estos delitos deben sostenerse en la PGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque con la carga de trabajo que tenemos no podemos cubrir muchas necesidades", enfatizó.