Es la Suprema Corte, no el Congreso, quien las puede derogar, señalan expertos

Anula el Senado argentino las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

Rechazan petición de Videla para considerar cosa juzgada el robo de hijos de desaparecidos

AFP, REUTERS Y DPA

Buenos Aires, 21 de agosto. La Suprema Corte argentina tendrá en sus manos la eventual apertura de juicios contra militares acusados de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-83), tras la histórica decisión del Congreso de anular las leyes de amnistía.

Esta madrugada el Senado sancionó la nulidad de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987), que habían exculpado a militares acusados de violaciones a los derechos humanos, quienes se ampararon en el argumento de que obedecían ordenes para cometer sus crímenes.

En cambio, los indultos que en 1990 beneficiaron a los comandantes y altos oficiales de la dictadura quedaron fuera de la anulación parlamentaria de las leyes de amnistía.

"El hecho de que el Congreso haya anulado las leyes de perdón no significa que automáticamente se altere el proceso de extradición a los militares requeridos por el juez Baltasar Garzón", aclaró Miguel Angel Ambrosio, secretario del juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a su disposición a 39 militares y un civil, a pedido de su par español Baltasar Garzón, quien reclamó la detención con fines de extradición en una causa por genocidio y terrorismo que tramita en Madrid.

El presidente Néstor Kirchner se ha manifestado en favor del enjuiciamiento de los acusados de crímenes de lesa humanidad, pero admitió su preferencia de que se les procese en Argentina.

La anulación por el Congreso de las leyes de amnistía tiene un indudable peso político, pero varios expertos descalificaron su valor jurídico.

Ricardo Monner Sans, abogado de familiares de desaparecidos, insistió en que la anulación de las leyes "es un atributo de los jueces, de la Suprema Corte, y no del Congreso", y advirtió que si la Corte considera las normas constitucionales, "seguimos en el mismo escenario".

"La Suprema Corte todavía tiene que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes", admitió a Afp Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales.

El presidente de la Suprema Corte, Carlos Fayt, señaló este jueves que la decisión sobre la validez de las leyes "fatalmente" tiene que llegar al alto tribunal, pero negó que la anulación parlamentaria signifique una presión.

En este contexto, el máximo tribunal rechazó hoy un planteamiento presentado por el dictador Jorge Videla para que se considere cosa juzgada el robo y la apropiación de hijos de desaparecidos. Indultado en 1990, Videla volvió a ser detenido en 1998 como responsable de un presunto plan sistemático de apropiación de menores, un delito imprescriptible. El ex dictador pretendía que se tomaran estos casos como si hubieran sido juzgados en 1985, cuando fue condenado a reclusión perpetua en el proceso a las juntas de la dictadura.

Por otro lado, el ex embajador de Irán en Argentina, Hadi Soleimanpour, fue detenido en las afueras de Londres por la policía británica a pedido del juez argentino que investiga el atentado contra la mutual judía argentina AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos en Buenos Aires, en 1994.

José Hercman, presidente de la organización judía argentina DAIA, querellante en la causa, calificó la detención de hecho "promisorio", e insistió en que el atentado "llevó el sello del terrorismo fundamentalista, financiado por Irán, con la colaboración de Libia y Siria, y la logística de la organización (libanesa) Hezbollah".

Además del ex embajador, Juan José Galeano ha pedido la extradición de otros siete funcionarios iraníes.

En otro orden, tres meses después de asumir el poder, el presidente Kirchner pondrá a prueba su popularidad en la elección para alcalde de Buenos Aires el próximo domingo. Las principales encuestas ratifican la polarización entre el actual alcalde Aníbal Ibarra, apoyado por el peronista progesista Kirchner, y el empresario derechista Mauricio Macri, que aparecen con una paridad de intenciones de votos, lo que obligará a una segunda vuelta el 14 de septiembre.

Ibarra, que cerraba su campaña hoy con un acto en el estadio cerrado del Luna Park, es un resabio de la alianza con la que arribó al poder el ex presidente Fernando de la Rúa, que dimitió en diciembre de 2001 en medio de una cruenta revuelta popular.

Por su parte, Macri, quien realizó un recorrido por diferentes barrios de la ciudad donde viven 3 millones de personas, se lanza desde la presidencia del club de futbol Boca Juniors, al cual administra como una empresa privada.