Examina su postura ante el eventual reconocimiento de la Corte Penal Internacional

El Ejército juzgaría "internamente" a militares por delitos de lesa humanidad

JESUS ARANDA

Ante la eventual ratificación del Estatuto de Roma y el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), el Ejército Mexicano está dispuesto a adecuar el Código de Justicia Militar, pero en el entendido de que se va a "juzgar internamente" a los soldados que lleguen a cometer delitos considerados de lesa humanidad, genocidio, guerra y agresión.

De acuerdo con un análisis de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Planeación Estratégica) sobre la entrada en vigor de la CPI, se indica que ante la importancia del tema "es necesario que la totalidad de los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea conozcan y transmitan la información concerniente al tema", particularmente respecto a los crímenes relacionados con los derechos humanos, siendo este tema de especial interés" para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Agrega el escrito que en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la ratificación de la CPI -el Senado de la República lo hizo el pasado 14 de diciembre- y que después los congresos locales hagan lo propio, se tendrán que impulsar reformas a la Constitución y a leyes secundarias para superar las contradicciones de criterio que existen actualmente.

Por su parte, Sergio García Ramírez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó ayer que es necesario promover un consenso entre las diferentes fuerzas políticas en favor de la incorporación de México al sistema de justicia internacional, pues "no debemos quedarnos fuera de la corriente actual en la materia, que responde a nuestra convicción en la defensa de los derechos humanos".

En el análisis del área de Planeación Estratégica del Estado Mayor de la Defensa Nacional se prevé que entre los cambios legislativos destaca la adecuación del Código de Justicia Militar, para establecer instrumentos jurídicos que permitan "juzgar internamente" a personal castrense que cometa alguno de los delitos de los que conoce la CPI.

Cabe señalar que de acuerdo con esta argumentación, la idea es que los militares que sean acusados de crímenes de lesa humanidad serían juzgados por los tribunales del fuero de guerra y no por juzgados civiles (federales), como lo han demandado insistentemente familiares de víctimas de la guerra sucia que tuvo lugar en los años 70 y 80.

Además de hacer un recuento de la forma en que México firmó el Estatuto de Roma, el 7 de septiembre de 2000, y del proceso de ratificación que involucra al Congreso de la Unión, la Quinta Sección del Estado Mayor de la Defensa Nacional recuerda que en diciembre pasado el Senado de la República aprobó la adición al artículo 21 constitucional, que establece: "El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, reconocer la jurisdicción de la CPI", bajo tres premisas:

Cuando la CPI pretenda juzgar a mexicanos tendrá que solicitarlo al Ejecutivo federal; esperar la aprobación del Senado, y que en cada caso exista un pedimento.

García Ramírez habló, por su parte, (en entrevista realizada en el contexto de la Conferencia Internacional sobre la Corte Penal Internacional y sus implicaciones en el derecho nacional de los países latinoamericanos, que se realizó en la Universidad La Salle) destacó que la ratificación de México del estatuto de Roma que "se puede hacer sin menguar nuestra soberanía, lo que resultaría útil para la posición de México en lo interno y hacia la comunidad internacional".

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México agregó que si bien el organismo internacional "no es perfecto, sí es una opción razonable en el mundo actual y así lo han entendido los países de América Latina que se han incorporado".

Un ambiente propicio hacia la CPI, añadió, favorecerá "el desarrollo de la defensa de los derechos humanos. También esperemos que la creación de la corte influirá en la actitud de aquellos estados que todavía no conceden al tema de los derechos humanos el valor que merecen".

Tras lamentar la posición de Estados Unidos al negarse a suscribir no sólo el sistema de la CPI, sino también el de la CIDH, reconoció que por el momento es difícil y remoto un cambio de actitud. No obstante, indicó: "espero que las corrientes favorables a la incorporación de esa nación a ambos sistemas pueda alguna vez hacer valer sus razones y lograr un cambio de actitud".

Por su parte, diversos especialistas en la materia presentes en la citada conferencia coincidieron en que la cooperación de los sistemas judiciales de cada una de las naciones es parte esencial, pues necesariamente se requiere del apoyo de las estructuras locales para recabar las pruebas, localizar las fosas comunes y a los posibles testigos. "Ahí está la importancia de la cooperación con el derecho internacional", indicó John Vervale, especialista en la materia e investigador de la Universidad de Utrecht, Holanda. Indicó que a escala internacional existe un clima propicio a la labor de la CPI, pues unas cien naciones han ratificado el Estatuto de Roma.