Si determina que los delitos prescribieron recurrirán a instancias internacionales

Llaman a la Corte a que asuma su "papel histórico" ante crímenes de lesa humanidad

JESUS ARANDA

Escritores, intelectuales, artistas, periodistas, sindicalistas, luchadores sociales, estudiantes y maestros exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que asuma "el papel histórico que le corresponde" en relación con los crímenes del pasado y que, con estricto apego a derecho, tome en cuenta el marco jurídico internacional -como en la extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo- para que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y en los años setenta y ochenta.

En la misiva, que también va dirigida al presidente Vicente Fox, se convoca al Ejecutivo a que asuma su responsabilidad, porque "sin la acción de la justicia y la colaboración de ustedes no se reflejará la voluntad política del gobierno federal" para terminar con la impunidad que ha prevalecido en las investigaciones sobre los crímenes del pasado, que actualmente son investigados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, a cargo de Ignacio Carrillo Prieto.

La carta, fechada el pasado 6 de agosto, fue entregada ayer en la oficialía de partes de la SCJN por Francisco Martínez Marcué y José Luis Alonso Vargas, quienes aprovecharon su presencia en el máximo tribunal para desplegar en la escalinata del edificio una gran manta blanca con letras negras que decía: "Suprema Corte: tortura, genocidio y desaparición forzada no deben prescribir".

Lo anterior obedece a la decisión que tienen en sus manos los ministros, quienes deberán determinar si los delitos considerados de lesa humanidad, en este caso tortura, genocidio y desaparición forzada (de los que son acusados tanto los ex presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Alvarez y José López Portillo, como altos funcionarios de sus regímenes), prescribieron o no.

En la misiva, firmada por 87 personalidades, destacan los nombres de Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Montemayor, Carlos Payán, Paco Ignacio Taibo II, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy, Pablo Gómez y Rosario Robles, entre otros.

En ésta que es la segunda carta abierta sobre el tema -la primera fue dirigida al presidente Vicente Fox el 14 de marzo pasado- se afirma que con el fallo de la Corte que convalidó la extradición de Cavallo para ser enjuiciado por terrorismo y genocidio, "en México se encendió una luz de esperanza para aquellos que, como nosotros, piden no venganza, sino justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por regímenes autoritarios".

La tortura, privación ilegal de la libertad y genocidio, delitos cometidos en la administración de justicia, son violaciones que atentan contra la sociedad, indica el escrito, el cual demanda que los asesinos reciban todo el peso de la ley "para que no caminen impunemente por las calles, para que no continúen burlándose de las instituciones de justicia, del pueblo mexicano y, sobre todo, para que las nuevas generaciones no sean víctimas de actos de represión como los vividos en el pasado".

Por ello, insiste el texto, la SCJN debe asumir su papel histórico y actuar conforme a derecho y al marco jurídico internacional, "como seguramente lo fue en el caso Cavallo", porque la aportación de los ministros "será invaluable para la transición democrática de nuestro país".

La carta hace un llamado a la Corte, porque "no hay tiempo que perder", porque es el tiempo de tomar decisiones, "pues no queremos que suceda lo mismo que con otras investigaciones encargadas de hechos lamentables del pasado en las que impera la impunidad".

Hace referencia a la actuación de organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch, la cual señaló recientemente que "durante los pasados dos años y medio el gobierno mexicano ha dado importantes pasos para la promoción del rendimiento de cuentas. Sin embargo, al estudiarlos detenidamente, no parecen más que medios pasos, puede que vayan en la dirección correcta, pero son insuficientes para alcanzar los objetivos declarados".

Concluye con el exhorto a los ministros de la Corte a que defiendan los derechos humanos conforme al orden jurídico internacional, y que el Poder Ejecutivo apoye con decisión las tareas de procuración de justicia por los delitos cometidos por servidores públicos en contra de integrantes de movimientos sociales y políticos del pasado.

En entrevista al término del encuentro, Martínez Marcué y Alonso Vargas reiteraron su confianza en que el fallo de la Corte sea en contra de la prescripción de los delitos cometidos.

Sin embargo, dejaron en claro que si los ministros optan por determinar que los delitos de que son acusados los funcionarios públicos ya prescribieron, y por ello no habría forma de ejercer acción penal, entonces se recurrirá a organismos y tribunales internacionales en busca de justicia.