Desde el pasado 24 de julio López Obrador giró instrucciones para hacerlo

Familiares de Digna Ochoa aún no reciben las conclusiones de la PGJDF sobre el caso

SUSANA GONZALEZ G.

Pese a que el jefe de gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, giró instrucciones desde el pasado 24 de julio para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) facilitara a los familiares de Digna Ochoa copias de los volúmenes y las conclusiones de la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos, todavía no han recibido nada.

El hermano de la abogada, Jesús Ochoa, refirió que cinco días después de que la fiscal especial, Margarita Guerra, dio a conocer las conclusiones del caso, el gobernante lo recibió y se comprometió a que les sería proporcionada la documentación, por lo que en la tarde del mismo 24 de julio su abogado, José Antonio Becerril, hizo la solicitud formal en la PGJDF, pero "es la hora en que no nos han dado nada", se quejó.

Becerril manifestó que ayer por la tarde esperaban respuesta de las autoridades sobre la solicitud de las copias del expediente: "no podemos decir que se negaron, pero sí que se han retrasado, aunque tenemos confianza en que nos las darán".

En torno al análisis que la coordinación de agentes del Ministerio Público, auxiliares del procurador capitalino, realiza sobre las conclusiones de la fiscalía especial, el abogado precisó que cuando den a conocer su dictamen la familia Ochoa determinará qué acciones legales seguir.

El reglamento de la Ley Orgánica de la PGJDF, puntualizó, establece un plazo de 30 días hábiles para que la citada coordinación resuelva si comparte las conclusiones de la fiscalía especial y determine si ejercita acción penal o, en caso contrario, archiva el caso por respaldar la hipótesis del suicidio.

El artículo 17 de dicho reglamento indica que "en ningún caso podrá proponerse el no ejercicio de la acción penal si existen pruebas pendientes de desahogo, tendientes a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad cuya omisión pueda afectar el resultado de la averiguación previa". Becerril comentó que tomará en cuenta tal disposición, pero aclaró que por el momento no ha vuelto a insistir en la aceptación de más pruebas, aun cuando el mismo jefe de Gobierno aseguró que serían aceptadas.

En caso de que la coordinación de auxiliares avale las conclusiones de la fiscal Guerra, entonces los familiares se inconformarán ante la PGJDF; si aun así ésta sostiene la misma postura, entonces interpondrán un recurso de amparo ante un juez de distrito, explicó el abogado.

Recordó que no es la primera vez que han tramitado un amparo, pues en junio, casi un mes antes de que Guerra diera a conocer las conclusiones, acudieron al juzgado 1-B para demandar que se les aceptara el ofrecimiento de pruebas del caso.

No se trata, explicó, de presentar un documento o llamar a algún testigo a declarar, sino nombrar a expertos en medicina forense, criminalística y química forense que pudieran analizar objetivamente las pruebas sobre la muerte de Digna Ochoa, que resultan fundamentales en cualquier caso para determinar si se trata de homicidio o suicidio mediante el análisis de objetos, ropa, estudio del caso, evidencia de materia y análisis del lugar de los hechos. Pero eso no lo aceptó la fiscal, quien en ese entonces "nos dijo que no teníamos derecho a presentarlas" y las desechó.

Por lo pronto, la coordinación de auxiliares continúa analizando el expediente. Trascendió que podría concluir a mediados de septiembre, puesto que el plazo legal sólo se refiere a los días hábiles y deberán pasar seis semanas y no un mes, como se pensó originalmente.

Si dicha instancia resuelve que no comparte las conclusiones del fiscal, entonces podría resolver aceptar más pruebas como procedimiento interno de reconsideración, dijo Becerril. Pero sea cual fuere la resolución, la procuraduría deberá notificarla a los parientes, y si esto no satisface a la familia podrá inconformarse en un plazo de diez días en la misma dependencia.

Si en definitiva la procuraduría "decide archivar el caso" por considerar que la inconformidad no está fundada, "entonces tenemos un plazo de 15 días para interponer una demanda de amparo ante un juez de distrito en materia penal".