Se apoya a sindicatos y también a la llamada ley Abascal

Persisten ambigüedad y errores en la agenda legislativa priísta

ENRIQUE MENDEZ

La Comisión Política Permanente (CPP) del PRI inició ayer la revisión de la agenda legislativa, que mantiene la ambigüedad sobre los temas energético y cobro del IVA en alimentos y medicinas; en la versión del documento que se distribuyó ayer, se deja abierta la posibilidad de respaldar la denominada ley Abascal e impulsar una reforma en los sindicatos mexicanos.

En el documento entregado a los integrantes de la CPP y a los diputados que serán parte de la 59 Legislatura, se sugiere revisar el recate bancario para sanear el sistema financiero nacional.

La agenda, diseñada por el grupo cercano a la secretaria general y coordinadora de la bancada priísta, Elba Esther Gordillo, plantea la necesidad de sacar adelante ''las reformas necesarias'' que permitan ''concluir la transición política que quedó varada en la alternancia'' y señala que, en ese sentido, los legisladores del PRI deben trabajar en ''un clima de corresponsabilidad política para impulsar los cambios pendientes''.

El contenido de la propuesta del tricolor, que aún debe pasar por el filtro de la Comisión Política Permanente -sesiona hoy por la tarde en Puebla- considera que los priístas deben contribuir a terminar con la confrontación, pues ''en ningún lugar del mundo hay reformas cuando persiste un clima político de polarización recurrente. Sin las reformas necesarias, sin las nuevas reformas que el país requiere, la democracia mexicana producirá gobiernos ineficaces que no resolverán las demandas que la sociedad reclama''.

En el desglose de las propuestas, dirigentes del partido encontraron ''frases encubiertas'' que, señalaron, dejan abierta la posibilidad de respaldar las iniciativas que, en materia energética, fiscal y laboral envíe a la Cámara de Diputados el presidente Vicente Fox.

Así, en el tema de política laboral si bien por una parte la intención del partido es "defender los derechos de los trabajadores, plasmados en la Constitución, y no permitir reforma alguna que atente en contra de los intereses de la clase" obrera, más adelante se plantea "promover la modernización y actualización del sindicalismo con pleno respeto a su autonomía".

Puntos como ese, adelantaron integrantes de la comisión política, serán causa de diferencias e incluso de rechazo para aprobar tal y como está el texto, que además contiene graves fallas de redacción. Es el caso de la posición priísta sobre la tasa que se cobra a los trabajadores por la administración de sus ahorros, donde la agenda señala: "Examinar las comisiones de las Afore a efecto de que resulten onerosas (sic) para los trabajadores".

Otro asunto que no queda suficientemente explícito es el punto cinco del apartado de género, donde se expresa: "Defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dentro de los principios del Estado laico y las exigencias de la salud pública". En el PRI se comentó ayer que, si el tema no queda suficientemente aclarado, el partido podría tener un conflicto con la jerarquía católica. Sobre los asesinatos en Ciudad Juárez, se limita a señalar que se impulsará "una coordinación estrecha entre las procuradurías estatal y federal para que se resuelvan" los crímenes, pero no los rechaza.

Las propuestas sobre Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro no se modificaron y no hay un rechazo expreso a su privatización.

Ayer, durante la reunión de la CPP, larga y tediosa -tanto que hasta sus propios compañeros le silbaron a Augusto Gómez Villanueva, que se extendía- los diputados de la 58 Legislatura se enteraron que el grupo parlamentario mantuvo durante tres años a consultores externos, la mayoría desempleados de los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, así como ex gobernadores.

Durante los tres años, los legisladores priístas expresaron su inconformidad por los asesores externos, pues circuló la versión de que su salario era superior al de un diputado. Este lunes, entre los documentos que se repartieron entre los diputados e integrantes de la CPP, se incluyó el libro Memoria de la conferencia de directivos y comisiones, editado por la Cámara en julio pasado. En las páginas 23 y 24 se incluye la lista completa de los asesores externos.

La relación es amplia: Juan Moisés Calleja, Andrés Caso Lombardo, Miguel González Avelar, Jesús Kumate, José Angel Pescador, Ignacio Pichardo, Mariano Piña Olaya, Herminio Blanco, José Angel Gurría, Jaime Serra Puche, Jesús Silva Herzog, Manuel Aguilera, Ramón Aguirre, Emilio Chuayffet, Pedro Joaquín Coldwell, Alfredo del Mazo, Arsenio Farell Cubillas, Patrocinio González, Trinidad Lanz, Mario Moya Palencia, Pedro Ojeda Paullada y Pedro Vázquez Colmenares.

También Jorge Carpizo McGregor, Sergio García Ramírez, los generales Alonso Aguirre Ramos y Miguel Angel Godínez Bravo, Guadalupe Gómez Maganda, Alfredo Phillips Olmedo y Leandro Rovirosa Wade.