Neil Harvey

Autonomía con igualdad

La creación de las nuevas juntas de buen gobierno en tierras zapatistas abre una nueva oportunidad para fortalecer la autonomía con dignidad en el país. En un momento de franca debilidad de la clase política en su conjunto, los zapatistas de nuevo tomaron la iniciativa, reorganizando sus estructuras internas y sus relaciones con las "sociedades civiles".

La respuesta oficial ha sido cautelosa, pero se equivoca el gobierno si piensa que las reformas al artículo 2 (aprobadas por el Congreso en 2001) son suficientes para dar cabida a las juntas de buen gobierno. Y es precisamente porque dichas reformas redujeron al mínimo el concepto de autonomía, que hoy los zapatistas reclaman el derecho de ejercer con base en los acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 y presentados cinco años después al Congreso de la Unión bajo la modalidad de propuesta de ley de la Cocopa.

Entre las varias mutilaciones que sufrió esta propuesta a manos de los legisladores se destaca la que se refiere al uso y disfrute de los recursos naturales. En el apartado cinco de la propuesta de la Cocopa se reconocía a los pueblos indígenas el derecho a la libre determinación para "acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la nación".

Por su parte, el modificado apartado de la reforma constitucional dice "acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y las leyes en la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de la ley."

Aquí notamos la forma en que se quitó el concepto de territorio y se pusieron tantos candados que efectivamente se elimina el pleno ejercicio de la autonomía. El gobierno ha reconocido que las juntas de buen gobierno son "formas de organización interna", pero sin el derecho de acceder al uso y disfrute de los recursos naturales en sus tierras y territorios. Es decir, son formas de seguir recibiendo los mismos proyectos que decida el gobierno bajo el apartado B de la reforma constitucional. El punto no es casual, porque lo que se acordó en San Andrés y se plasmó en la propuesta de la Cocopa fue el derecho constitucional de aprovechar los recursos naturales según el criterio y mandato de los pueblos indígenas, limitando así las ambiciones de los inversionistas nacionales y extranjeros para adueñarse de estos recursos.

Con ello no debemos pensar que las juntas de buen gobierno monopolizarán el manejo de los recursos para los zapatistas. Su mandato es atender a todos los miembros de las comunidades, zapatistas o no. De esta manera tendrán que demostrar su capacidad de gestión para así ganar y mantener la simpatía de la población local. Asimismo, cabe recordar que, entre las siete demandas de la alternativa Plan La Realidad-Tijuana, están la defensa de la propiedad ejidal y comunal de la tierra y la protección y defensa de los recursos naturales.

La autonomía que buscan los zapatistas rebasa los estrechos confines del reformado artículo 2 y forma una parte central de su resistencia frente a las políticas neoliberales en el campo. En este sentido llama la atención el hecho de que el comandante Tacho haya vuelto a enfatizar los problemas que enfrentan los campesinos (bajos precios, apoyos raquíticos, desalojos, etcétera). Son problemas comunes de larga data y motivo de muchos intentos de organización propia por parte de un sinfín de movimientos campesinos a lo largo y ancho del país. La destrucción del mercado interno, la entrada de importaciones masivas y la subordinación que representan las patentes de semillas no permiten ninguna autonomía por más que la Constitución lo diga. Solamente combinando las demandas de reformas jurídicas con cambios en la política económica tendrá sentido hablar de autonomía.

En una coyuntura marcada por el creciente descontento rural, el llamado a la unidad campesina retoma un tema central del zapatismo, al tiempo que busca ampliar sus alianzas nacionales. Con ello crece la posibilidad de sustentar la autonomía en la gestión de un proyecto de dignidad, solidaridad y justicia.