La institucionalidad democrática argentina vive jornadas históricas de recuperación de la dignidad, la legalidad y la justicia. Anteayer el presidente Néstor Kirchner estableció -mediante el decreto 579- la adhesión argentina a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, y pidió al Congreso de su país que se le otorgue rango constitucional a esa convención. Con ello quedarían descobijados legalmente los militares asesinos que sumieron en una larga noche de terror al país sudamericano entre 1976 y 1983, y quienes se vieron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final promulgadas en tiempos de Raúl Alfonsín y por los indultos presidenciales concedidos posteriormente por Carlos Saúl Menem.

Pero anoche la Cámara de Diputados de Argentina fue más allá. No sólo aprobó por unanimidad la jerarquía constitucional a la Convención de Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra sino que, tras más de siete horas de debate, declaró "insanablemente nulas" las aberraciones jurídicas de Punto Final y Obediencia Debida.

Culmina, de esta forma, el proceso de saneamiento institucional iniciado con la derogación presidencial, hace dos semanas, del decreto que prohibía extraditar a los genocidas de la dictadura. Ahora se abre una perspectiva mucho más saludable que la de enviarlos a tribunales europeos que desean juzgarlos: procesarlos por sus crímenes en la propia Argentina, en lo que significaría un pleno restablecimiento del estado de derecho, roto desde 1976, y un paso trascendente contra la impunidad de la que han disfrutado los asesinos, secuestradores, torturadores, robaniños y ladrones de la calaña de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo y muchos otros responsables de decenas de miles de muertes, de la fractura de centenares de miles de destinos personales, del sufrimiento, la rabia y la zozobra en que han vivido millones de argentinos.

Ciertamente, ha de esperarse aún el veredicto del Senado y los vericuetos de la Corte Suprema de Justicia, en la que pareciera existir el designio de retrasar lo más que se pueda la urgente definición de Estado a favor o en contra de la impunidad. Pero las decisiones de estos últimos dos días han generado en la sociedad un entusiasmo cívico que representa una presión definida e insoslayable para la clase política, los funcionarios y la judicatura. Expresión de ese entusiasmo fue el nutrido mitin efectuado ayer a un lado de la Cámara de Diputados, en el cual se dio seguimiento y saludo a lo que ocurría en el recinto.

Un hecho que parece menor comparado con los ya referidos, pero que denota una inequívoca voluntad de impartir justicia ante los excesos del poder público en el pasado reciente, es el encarcelamiento de María Julia Alsogaray, secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente en los últimos tramos del gobierno menemista, acusada de peculado, fraude y enriquecimiento ilícito.

Pero, volviendo al cauce abierto ayer para sancionar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la Argentina de los años 70 y 80, cabe señalar que las medidas justicieras tendrán repercusión no sólo en esa nación sudamericana, sino que incidirán positivamente en un ámbito internacional desvirtuado y enrarecido por el atropello constante al derecho que realiza el gobierno de Estados Unidos en diversas regiones del mundo. Frente a esa barbarie, las determinaciones de la Presidencia y de la Cámara de Diputados de Argentina representan inequívocos aportes de civilización, legalidad y democracia.