Aseguran que tiene en nómina a 2 cocineras, su cuñado, su hermana y un enfermero

Trabajadores acusan de corrupción y nepotismo a la titular del DIF de Acapulco

Hace días los denunciantes sustrajeron copias de cheques y protestaron frente a la sede

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Acapulco, Gro., 4 de agosto. La presidenta del programa de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), María Eugenia Díaz Osorio, esposa del alcalde de Acapulco, el perredista Alberto López Rosas, tiene en nómina de la dependencia municipal a sus dos cocineras, a su hermana, al enfermero de su padre y a su cuñado.

Así lo comprueban copias de cheques correspondientes a julio, los cuales fueron sustraídos de las oficinas donde despacha Díaz Osorio por un grupo de trabajadores que en días recientes ocupó el inmueble, en protesta por la supuesta corrupción y nepotismo de la funcionaria.

Durante la toma de oficinas los empleados denunciaron el favoritismo entre el director general del DIF municipal, Federico López de los Reyes -recién nombrado por Díaz Osorio- y su hermana Julieta Ramos de los Reyes, quien es subdirectora de Servicios Generales y Recursos Materiales del DIF.

Aunque el director general del DIF y su hermana se apellidan López, no son familiares del alcalde López Rosas, como denunciaron los inconformes. Sin embargo, los trabajadores aseguran que sí, por lo que no pueden ocupar puestos directivos teniendo tal parentesco que les permite actuar en beneficio de sus intereses con recursos públicos.

Según los documentos, Federico López tiene un salario quincenal de 12 mil 528 pesos. Su hermana, en ese mismo periodo, ganaba 15 mil. Los dos son amigos de la esposa del alcalde.

También trabajan allí el hermano del alcalde Alberto López Rosas, Alfredo López Lechuga, quien se desempeña como secretario particular de la presidenta del DIF, con un salario de 7 mil 524 pesos quincenales; la hermana de la esposa del alcalde, María del Carmen Díaz Osorio, con igual salario, está al frente de la Subdirección de Asistencia Social.

La presidenta del DIF, aseguran los inconformes, tiene en la nómina a sus dos cocineras particulares: Imelda Alvarado Aranza y Francisca Simón Ayodoro, quiene reciben un salario de mil 724 pesos quincenales. Ambas tienen puestos de cocinera y están asignadas a Villa de los Niños II y al albergue Plutarco Maganda, respectivamente.

Aseguran que por instrucciones del alcalde -ex secretario general del gobierno municipal del actual gobernador René Juárez Cisneros- la presidenta del DIF colocó a Fredy Díaz Hernández "como encargado de confianza del director general para alterar la nómina y realizar retiros fantasmas de recursos".

Según los documentos, el señor César Cipriano Evangelista, que trabaja en el ISSSTE, fue designado por la presidenta del DIF "enfermero" de su padre, que se encuentra delicado de salud, actividad por la que cobra en la dependencia 2 mil 142 pesos quincenales.

Los inconformes aseguran que mientras sus salarios no alcanzan 3 mil pesos mensuales, "los López se sirven con la cuchara grande" y manejan la dependencia "como si fuera de su propiedad".

Denuncian robo de equipo médico sofisticado

Integrantes del movimiento Médicos Contra la Violencia e Impunidad en Guerrero dieron a conocer que una banda de asaltantes ha robado, en consultorios y clínicas privadas de Acapulco, equipos de rayos X y de ultrasonido que tienen un costo superior a 13 mil 300 dólares.

Mario Martínez García, integrante de la Sociedad de Radiología del Estado, dijo que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) debe investigar estos delitos, e hizo un llamado al gobernador René Juárez Cisneros para que gire instrucciones y sea desmantelada la banda y recuperado el equipo.

El médico José Antonio Torres Leyva sostuvo que por el delito de robo de equipo médico sofisticado la PGJE mantiene "paradas" al menos cinco averiguaciones previas, entre ellas la TAB/ZAP/646/2003, del 25 de julio, en agravio de Rodolfo Soriano Barrita; la TAB/R/771/03-N, contra Bulfrano Pérez Elizalde, del 26 de junio; la TAB/R/353/2003, en perjuicio de José Antonio Torres Leyva, del 27 de marzo, y otra en proceso que interpuso el médico Sergio Soto Martínez.