Enfrentaban orden de captura por seis delitos

Retienen 8 horas en el penal de Texcoco a tres atenquenses

JAVIER SALINAS CORRESPONSAL

Durante más de ocho horas permanecieron recluidos en el penal Molino de Flores de Texcoco, estado de México, tres campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, contra quienes existía orden de aprehensión por los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la libertad, daño en los bienes, ataque a las vías de comunicación, portación de arma y lesiones.

Joaquín Colín, Marcial Ramírez y Pedro Cervantes, fueron liberados, luego de que el juez primero de lo penal, con sede en Texcoco por ministerio de ley, Miguel Angel Manjares Téllez, les dictó el auto de libertad. Al filo de las 11 horas voluntariamente los abogados de los campesinos de Atenco, Leonel Rivero y Damián Camacho, presentaron ante el juzgado primero de lo penal con sede en Texcoco a las tres personas contra quienes existía una orden de aprehensión y fueron conducidos por agentes ministeriales al interior del penal.

Joaquín Colín tenía una orden de aprehensión por los delitos de ataques a las vías de comunicación, lesiones, portación de arma de fuego y motín derivados de la causa penal 119/02. Fue detenido por participar en el enfrentamiento con los policías estatales del 11 de julio de 2002, pero dejado en libertad bajo las reservas de ley.

Por su parte, Marcial Olivares y Pedro Cervantes fueron acusados de robo con violencia, privación ilegal de la libertad y daño en los bienes de la causa penal 14/02, derivado de los hechos del 8 de marzo del 2002, cuando participaron en la retención de una máquina perforadora de la empresa TGC Geotecnia y dos camionetas que eran empleadas para realizar estudios de mecánica de suelos en los ejidos de Tocuila y San Felipe Santa Cruz, municipio de Texcoco.

Los detenidos rindieron su declaración preparatoria en la rejilla de prácticas durante varias horas. Mientras, a las afueras del juzgado un centenar de compañeros permanecieron en alerta. En Atenco también la población se mantuvo en comunicación, vía telefónica, con los que se encontraban en el juzgado para responder ante una posible negativa del juez de dejarlos en libertad.

Leonel Rivero, abogado de los detenidos, explicó que la reclusión era un procedimiento necesario para continuar con el proceso de diálogo y negociación que se mantiene con las autoridades estatales y federales, además de que no existían elementos probatorios para inculparlos.