Ese día no hubo enfrentamiento; un asesor del alcalde ordenó balearnos, aseguran pobladores

Culpan a autoridades de Yahualica de agresión a indígenas el domingo

Exigen apoyo económico para 2 viudas y 8 heridos; bloquean accesos a la zona "en demanda de justicia"

CARLOS CAMACHO CORRESPONSAL

Yahualica, Hgo., 5 de agosto. "Aquí no hubo ningún enfrentamiento. Los policías nos masacraron", dijeron familiares y amigos de los dos campesinos muertos y ocho heridos presuntamente por órdenes de Francisco Lanzagorta, asesor jurídico del gobierno municipal, a quien responsabilizan de la trifulca ocurrida la madrugada del domingo y que mantiene en tensión a este municipio enclavado en la Huasteca, cuyo acceso principal ha sido bloqueado y no hay forma de salir ni entrar, "hasta que se haga justicia".

La tarde del lunes, entre el llanto de las viudas e hijos, vecinos y familiares de la decena de indígenas baleados, exigieron la destitución del alcalde, el priísta Juan Ramírez, "y todo su gabinete", y que el gobierno cumpla con el apoyo ofrecido, además de que se castigue a don Pancho Lanzagorta, empresario veracruzano avecindado en Huejutla.

En Pachuca, el procurador de Justicia, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, informó que ya se giró oficio de colaboración a las policías de Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas para que apoyen la búsqueda de Lanzagorta, quien huyó el día de la balacera.

Unas 500 personas se arremolinaron en el pequeño panteón municipal, ubicado a escasos 100 metros de la alcaldía, donde sepultaron a sus muertos y en el mismo lugar hubo una reunión con el subsecretario de Gobierno para la región huasteca, José Eugenio Segura Marroquín, quien tuvo que aguantar el rosario de reclamos por la falta de apoyo a los heridos que, según sus familiares, no han sido atendidos.

También le solicitaron apoyos del gobierno para las viudas y huérfanos. En respuesta, Segura Marroquín mostró una ficha de depósito por 4 mil pesos para cubrir los gastos médicos de los heridos y 3 mil más para el pago de las ataúdes de los dos muertos. Pero los indígenas, molestos, reclamaban apoyo del gobierno para mantener a las viudas y pagar los estudios de los huérfanos.

"Cuando vimos que torturaban al tendero nos organizamos"

Raquel Ontiveros, testigo de la refriega, recuerda que la noche del sábado, "ya pa'amanecer domingo", llegó don Pancho Lanzagorta a la tienda de Rolando Lara Nochebuena, acompañado de un grupo de policías, y a golpes se llevaron al almacenista, acusado de vender alcohol a altas horas de la noche.

Afirma que "cuando vimos que golpeaban a nuestro compañero nos organizamos y cerramos el camino para que no se lo llevaran", y recuerda que Lanzagorta, pistola en mano, comenzó a insultar a los campesinos; de pronto empujó a José Zavala, delegado de la comunidad de Pedro María Anaya, y le gritó que "tengo un chingo de dinero como pa'matar a los pinches indios", gritó, para enseguida cortar cartucho y dispararle a bocajarro, refirió.

Luego ordenó a los policías que lo acompañaban disparar contra la multitud, lo que dejó nueve heridos, uno de los cuales, Pedro Ruiz, murió en un hospital de Ciudad Madero, Tamaulipas; otro está en coma y los restantes siguen hospitalizados, pero hasta el lunes sin atención médica, según denunciaron aquí sus familiares, luego de acudir al sepelio de José Zavala y Pedro Ruiz.

"Me acabaron en vida", dice a su vez el tendero Lara Nochebuena, quien con golpes en el cuerpo y moretones en los ojos recuerda que cuando se lo llevaron pensó que lo iban a matar, porque don Pancho Lanzagorta "me dijo aquí te vas a morir, hijo de la chingada, pero luego me fue a tirar atrás de unos paredones y luego me enteré que mi gente ya había cerrado el camino para evitar que huyera".

En Huejutla, donde están encarcelados, los ocho policías acusados de accionar sus armas declararon que Francisco Lanzagorta les ordenó disparar.

Edgar Barragán Aguirre, comandante de la policía local, nervioso, confesó que "no supimos ni cómo ocurrió todo; nos ordenaron disparar y de repente se accionaron las armas".

De un momento a otro los agentes Fidel Manzo, Raúl Cruz, Santiago Salazar, Jesús Trejo, José Lara y Miguel Espinosa serán trasladados a la sede de la PGJE, en Pachuca, pues se teme que los indígenas se organicen para sacarlos y hacer justicia por su propia mano.