Huye de Salta ex coronel acusado de genocidio

Pide acusación a Garzón que solicite la extradición de 26 represores argentinos

AFP, DPA Y REUTERS

Madrid, 5 de agosto. La acusación particular en la causa abierta en España por crímenes cometidos durante la dictadura argentina pidió hoy al juzgado del juez Baltasar Garzón que solicite formalmente la extradición de 26 represores reclamados por genocidio.

La acusación entregó al juez Fernando Andreu, quien sustituye a Garzón por vacaciones, un informe de petición de extradición para 25 militares y un civil, cuya detención fue notificada por la justicia argentina a la Audiencia Nacional de España.

Manuel Ollé, abogado de la acusación particular, dijo que en el informe se pide a Garzón que solicite al gobierno español la extradición de esas 26 personas, incluidas en la nómina de 44 represores argentinos reclamados por Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

El pasado 8 de julio Garzón volvió a pedir la detención y extradición de 48 personas acusadas de los delitos de lesa humanidad, cuatro de las cuales ya fallecieron, por lo que los reclamados son ahora 44.

Los informes de la acusación aseguran que los 26 represores, que fueron detenidos por las autoridades argentinas entre el 24 y 26 de julio pasado, han sido procesados por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo y que la demanda de extradición se ajusta a los tratados de asistencia judicial hispano-argentina en materia penal.

El informe también solicita que, mediante una comisión rogatoria, se pida a la justicia argentina el embargo de 2 mil 64 millones de euros dictados por Garzón el 8 de julio por concepto de responsabilidad civil sobre los bienes de los represores procesados por el juez español.

Entre otros reclamados se incluye al abogado Gonzalo Torres de Tolosa y a los militares Alfredo Astiz, Antonio Domingo Bussi y Juan Antonio Azic.

Fuentes judiciales indicaron que la fiscalía presentará este miércoles su informe, en el que se opondría a las extradiciones, ya que considera que España no tiene competencia para juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en Argentina.

Mientras tanto, en Buenos Aires la Corte Suprema de Justicia comenzó a analizar es-te martes la constitucionalidad de las leyes de amnistía para los militares de la última dictadura, entre 1976 y 1983, y advirtió que no aceptará "ningún tipo de presión".

En un comunicado, el tribunal dijo que trabajará en los tiempos que la misma Corte Suprema considere necesarios para que to-dos sus miembros puedan pronunciarse sin ningún tipo de presión en temas tan trascendentes para la vida política nacional.

Ese tribunal tiene en sus manos la decisión sobre la constitucionalidad o no de las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987) que fueron sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín, entre 1983 y 1989, y que exculparon a más de mil acusados de genocidio durante la dictadura.

El presidente del tribunal, Carlos Fayt, dijo antes de conocerse la nota de prensa que no habrá fallo sobre el tema hasta que la Corte Suprema complete sus nueve miembros, luego de la renuncia de Julio Nazareno a fines de junio.

Para cubrir la vacante el Poder Ejecutivo propuso al jurista Eugenio Zaffaroni, quien deberá ser ratificado por el Senado.

Las leyes de amnistía llegan a la máxima instancia judicial, luego que fueran consideradas inconstitucionales por varios jueces federales de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y el procurador general de la nación, Nicolás Becerra.

Si la Corte Suprema dictamina que no se encuadran en la Constitución, podrán reabrirse los casos en los tribunales locales y los pedidos de extradición serán seguramente rechazados.

Pero funcionarios del gobierno advirtieron a la Afp que el presidente Néstor Kirchner estaría dispuesto a otorgar extradiciones en el caso de que las normas de amnistía sean consideradas legales.

De otro lado, el teniente coronel retirado Hugo Espeche, acusado por la matanza de 11 presos políticos en la provincia de Salta durante la última dictadura militar, huyó de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde residía, y podría estar fuera de Argentina.

Espeche era dueño de la agencia privada de seguridad Espe SRL en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, ciudad que abandonó pocos días antes del 29 de julio, cuando la justicia de Salta libró un pedido de captura en su contra, informaron fuentes judiciales. Otras fuentes indicaron que el militar habría viajado a Rusia y luego siguió a Francia, donde estaría instalado.