Según pesquisas de la dependencia, interceptaban llamadas telefónicas

PGR: policías de Tamaulipas espiaban a funcionarios para proteger a narcos

Mínima presencia policiaca tras la balacera entre agentes federales y traficantes de drogas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA ENVIADO

Nuevo Laredo, Tamps. La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 198 policías municipales, que fueron cesados el pasado 2 de agosto, por su presunto involucramiento en actividades de espionaje telefónico en favor de organizaciones de narcotraficantes.

A cinco días de ocurrido el enfrentamiento entre presuntos integrantes de un grupo de sicarios conocidos como Los Chachos y elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), que dejó un saldo de tres muertos y ocho detenidos, en Nuevo Laredo la presencia militar y policiaca en las calles es mínima.

La investigación

A través del oficio 1464 el agente del Ministerio Público Alejandro Avila Moreno solicitó a finales de julio a la presidencia municipal de esta ciudad apoyo para que cesara a los agentes, y entregó una lista de los elementos sujetos a investigación.

El pasado 31 de julio la contralora municipal Laura Marcela Amaro Garza (quien fue destituida el primero de agosto) recibió un oficio en el que se le ordenaba iniciar "el procedimiento administrativo en contra de tales servidores públicos y de forma inmediata sean suspendidos de sus respectivos cargos para no entorpecer la investigación relacionada con tales ilícitos".

Sin embargo, la medida no se aplicó hasta el 2 de agosto, un día después de que tres personas fallecieran en el enfrentamiento entre agentes de la AFI y Los Chachos (un grupo de sicarios que según las autoridades federales estaría ligado a Joaquín El Chapo Guzmán Loera).

A partir del 2 de agosto, los policías fueron informados de su cese por tiempo indefinido, pero se les ordenó acudir a su cuartel para que se les practicara un examen antidoping, medida que no ha sido cumplida a cabalidad, ya que al menos 70 de ellos, por indicaciones de su abogado, Anselmo Guarneros Carranza, no acudieron bajo el argumento de que "si están suspendidos cómo es que van a presentarse".

Además, ayer el litigante informó que solicitará la destitución del actual contralor municipal, Enrique Alvarez del Castillo Rojas (quien tomó posesión del cargo a las seis de la tarde del primero de agosto), por considerar que "la medida de cese es injusta, y hasta en tanto no se demuestre la responsabilidad de los elementos éstos deberían seguir laborando", expresó Guarneros Carranza.

La investigación de la PGR está vinculada, de acuerdo con la averiguación previa 244/2003-III, por la cual se pidió su cese. Estos 198 policías municipales habrían realizado intervenciones telefónicas ilegales contra diversos funcionarios estatales y federales para favorecer las actividades de grupos de narcotraficantes.

Además, la investigación de la PGR supuestamente detectó que los agentes municipales cesados habrían recibido diversas cantidades de dinero para no afectar a los traficantes de drogas que operan en esta entidad, entre los cuales está el denominado cártel del Golfo, que comandaba Osiel Cárdenas Guillén, y una fracción del cártel de Juárez, a través de El Chapo Guzmán, por lo que son investigados por el delito de cohecho.

En la ciudad

Ayer, durante todo el día, se pudo observar en la zona urbana solamente en dos ocasiones un par de camionetas pick up con agentes de la Policía Ministerial y una vez un convoy integrado por dos humers (vehículos todo terreno) y una camioneta Suburban con alrededor de 12 militares recorriendo céntricas avenidas.

Aun cuando en los principales accesos a esta ciudad hay retenes, en los que participan militares, elementos de la Policía Federal de Caminos y de la AFI, la actividad, según algunos de sus habitantes, "es la misma de siempre".

Pero, acotan, ahora en las noches es preferible resguardarse, porque los que causan problemas "son gente que viene de fuera".

Gerardo Martínez, estudiante universitario, aseguró que "la vida no se ha trastocado luego del enfrentamiento. Son los medios de información los que han hecho aparecer a Nuevo Laredo como una ciudad en la que mucha gente se mata, pero eso no es cierto. Tampoco tenemos nuestros derechos afectados".

Los policías y militares que recorren las avenidas viajan alerta. Si ven que alguien se les queda viendo, inmediatamente dirigen la mirada hacia ese lugar. Si detectan un coche con los vidrios polarizados (en este lugar existen muchos así), esperan poder visualizar desde el frente si el conductor va solo o hay más ocupantes. Los observan sin detener la marcha.

Hasta ahora la presencia militar en las calles ha sido para apoyar el día del tiroteo a los agentes de la AFI y buscar una camioneta que se supone está involucrada en homicidios cometidos en fechas recientes, como fue el caso de dos policías municipales.

La Policía Federal Preventiva (PFP) no participa en ningún operativo de seguridad y, según fuentes consultadas en la ciudad de México, "no hay intenciones de enviar a ningún elemento a Nuevo Laredo".

Acciones Ejército-PGR

La noche del lunes y madrugada del martes, efectivos del Ejército Mexicano y personal de la PGR catearon la casa de Juan Manuel Muñoz Morales, ex coordinador de Ministerios Públicos de la PGR, quien ayer fue trasladado al penal de máxima seguridad de La Palma, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, estado de México. En el domicilio marcado con el número 3651 de la calle Morelos, en la colonia Bellavista, se localizaron varios uniformes supuestamente de efectivos de la AFI, así como armas y documentos, entre ellos, supuestamente, una lista de personas a las que Muñoz Morales estaría vinculado como parte de una red de protección para actividades del narcotráfico en esta ciudad.

Muñoz Morales permaneció cinco años como agente del Ministerio Público en Guadalajara, Jalisco, según informó el abogado Anselmo Guarneros Carranza, y posteriormente fue trasladado a esta ciudad, donde estuvo al frente de los funcionarios de la PGR alrededor de dos meses antes de ser detenido.

Un hecho curioso ocurrió la tarde de ayer. Cuando el abogado Guarneros Carranza había acudido al juzgado cuarto de distrito a conocer el estado que guarda la queja que interpuso por el traslado de Muñoz Morales, dos personas que dijeron ser abogados se le acercaron y le indicaron que habían sido nombrados como nuevos defensores del agente del Ministerio Público detenido. En tono molesto, Guarneros Carranza pidió a los reporteros que se acercaron a conocer la determinación del juez que hablaran con ellos. Horas más tarde dijo que no sabía quiénes eran. Los supuestos litigantes dijeron llamarse Carlos Pérez y Julio Vargas Zavala, y ser originarios de Monterrey.