Su fracción parlamentaria lo propondrá este miércoles

Pide el PRD que IPAB, Hacienda y CNBV cumplan con las auditorías

ROBERTO GARDUÑO

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión propondrá hoy un punto de acuerdo con objeto de que el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cumplan con las auditorías ordenadas por el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, y alcanzar la reducción del costo fiscal en el rescate bancario.

Durante la sesión de la Permanente, en la sede del Senado de la República, el legislador perredista Jesús Ortega solicitará se revisen, como pruebas que acreditan el desfalco bancario, el informe del auditor Michael Mackey, incluyendo el informe bancario (bank report) y los documentos de trabajo (working papers); la revisión de la Cuenta Pública de los años 2000 y 2001, y el análisis elaborado por la Junta de Gobierno del IPAB, relativo a los beneficios adicionales obtenidos por Banamex, BBVA-Bancomer, Bital y Banorte.

El contenido de la iniciativa perredista también es un exhorto a las autoridades y bancos para aplicar estrictamente el acuerdo aprobado por el IPAB, el 14 de mayo de 2002, donde manifiesta la necesidad de aplicar las auditorías GEL (gestión, existencia y legalidad) a las instituciones bancarias.

Otros de sus puntos acota el conflicto de interés en el que pueden incurrir los funcionarios del instituto: se solicita a los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB que participaron en el comité técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que se abstengan de intervenir en la toma de decisiones del instituto en relación con el rescate bancario.

''Se exhorta al Ejecutivo Federal y a las instituciones bancarias a que faciliten la aplicación del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, y demás señalamientos realizados por los órganos de fiscalización mencionados anteriormente. Y se pide al Ejecutivo Federal que a la brevedad posible y en cumplimiento de lo estipulado en la propia ley del instituto, proponga a esta Comisión Permanente al vocal independiente que deberá ocupar el lugar que dejó vacante Bernardo González Aréchiga, como un requisito que permita el correcto funcionamiento de la Junta de Gobierno del IPAB''.

El analista económico del PRD, Mario Di Costanzo, dijo que el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) tuvo como propósito el que los bancos incrementaran su capital mediante la sustitución de un activo financiero (carteras), por pagarés emitidos por el citado fondo.

El mecanismo de ese programa consistió en proponer a los accionistas de los bancos la compra de los flujos de la cartera por un monto equivalente al doble del que aportaran como capital; el pago quedó garantizado por la emisión de un pagaré a cargo del gobierno, con vencimiento a diez años y a una tasa de interés capitalizable trimestralmente y referenciada a la de los Certificados de la Tesorería (Cetes), a menos de1.35 por ciento.

No obstante, tiempo después se detectaron importantes anomalías en la aplicación de esto. Se observó que de las 12 instituciones que recibieron esos apoyos solamente cuatro continúan operando (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte), es decir, las otras ocho fueron liquidadas, fusionadas o intervenidas posteriormente, con un doble costo fiscal para el gobierno mexicano.

También se comprobó una fuerte dosis de discrecionalidad, porque el compromiso de capitalización por parte de los bancos nunca se concretó. Esa razón no se observó y fue diferente para cada banco, además de que la mayoría no cumplió con las bases de capitalización exigidas por el Fobaproa; los informes de Mackey señalan los incumplimientos en los procesos de capitalización de las instituciones que participaron en estos programas.

Inclusive, la ilegalidad es el signo permanente en el proceso de salvamento bancario. Los créditos seleccionados por los bancos fueron los de menores posibilidades de cobro y muchos se vendieron con todo e intereses moratorios. De acuerdo con sus criterios originales, el Fobaproa no podía adquirir los siguientes créditos: cartera irrecuperable, cartera de empresas en suspensión de pagos, cartera denominada en UDIS, cartera descontada por la banca de desarrollo, créditos relacionados (préstamos entre socios de un banco) y créditos menores a 200 mil pesos. No obstante, en mayo de 1996, mediante el llamado acuerdo de partes el comité técnico del Fobaproa, se decidió modificar estos criterios y permitir la adquisición de todo tipo de cartera, y de esa forma se dio origen a la adquisición de chatarra financiera.

El senador Jesús Ortega, quien presentó un nuevo libro sobre el rescate bancario en coautoría con el diputado Antonio Magallanes y el asesor económico Mario Di Costanzo, lanzó una nueva acusación contra actuales funcionarios de la administración federal, del Poder Legislativo y participantes del Fobaproa. Los llamó ''actores del contubernio'', y entre ellos se encuentran: Santiago Creel, Ismael Gómez Gordillo, Martín Werner, Eduardo Fernández, Roberto del Cueto, Angel Aceves Sucedo (ya fallecido), Fidel Herrera, Jorge Charbel, Estefan Chidiac, Salvador Rocha Díaz, Fauzi Hamdan, Carlos Medina Plascencia, Diego Fernández de Cevallos, Gloria Lavara y Jorge Emilio González.

-ƑEl Senado pedirá a la Cámara de Diputados que reconozca los resultados del informe Mackey? -se le preguntó a Ortega.

-Naturalmente que sí, porque mandaron hacer el trabajo a Mackey y no revisaron sus resultados.

-ƑQué facultad tiene el Congreso para llamar al auditor?

-Tenemos, no sólo para llamar a comparecer a Mackey. Ahora es posible que se destrabe este enredo a partir del trabajo que haga la Cámara de Diputados y el Congreso en su conjunto, y además debe convocar al secretario de Hacienda (Francisco Gil).