Tensa comparecencia ante senadores del titular de la Secretaría de la Función Pública

No pasarán reformas que entreguen energéticos a trasnacionales: priístas

Los contratos de servicios múltiples no violan la Constitución, afirma Romero Ramos

ANDREA BECERRIL

Los legisladores priístas Manuel Bartlett y Laura Alicia Garza advirtieron ayer al secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, que no pasarán en el Senado las pretendidas reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública por las que se pretende legalizar la entrega de los recursos energéticos del país a trasnacionales. Dejaron también claro que se fincarán responsabilidades penales a los funcionarios que avalen los contratos de servicios múltiples.

Pese a la contundencia de los argumentos de los legisladores -de los ''nacionalistas trasnochados, los necios, pero interesados en mantener el patrimonio de los mexicanos'', como se definió Garza Galindo-, el titular de la ex Contraloría optó por negar todo. No se viola la Constitución, sostuvo, y aseguró que los senadores están en su derecho de acudir a la Suprema Corte. Al final, después de infinidad de cuestionamientos y de que él mismo reconoció que ya se estaban ''acabando las respuestas'', aceptó discutir el tema a profundidad en reuniones posteriores.

Denodada defensa

Antes, sin embargo, molesto y auxiliado siempre de tarjetas, el funcionario se dedicó a defender a toda costa la supuesta legalidad de los contratos de servicios múltiples. La primera en cuestionarlo fue Garza Galindo, quien puso en duda que las modificaciones propuestas a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública sean sólo para transparentar las compras en la administración pública federal.

La senadora tamaulipeca le dijo al funcionario que el grupo parlamentario del PRI no aprobará tales reformas, porque no están dispuestos a dotar al Ejecutivo de la anuencia para vender los activos de Petróleos Mexicanos.

Se refirió luego al riesgo en que la administración foxista ha puesto a Pemex, al endeudarlo fuertemente a través de empresas subsidiarias que colocan bonos en el extranjero. Las acciones del Presidente de la República y de los directores de Pemex y Comisión Federal de Electricidad se juzgarán a través de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resaltó.

Le dijo luego que el hecho de que gobiernos priístas hubieran permitido la explotación de los energéticos no es pretexto ''para que el denominado gobierno del cambio sea más depredador que los del pasado. Nosotros ya pagamos cuotas muy altas y ustedes las están empezando a pagar''. Otra pregunta hizo endurecer el gesto del funcionario, cuando Garza le pidió precisar en qué ley se establece que la Secretaría de la Función Pública tiene el derecho a recibir 50 millones de dólares de los inversionistas que licitan siete contratos de servicios múltiples y que prevén invertir 10 mil millones de dólares.

''ƑSe hace lo mismo con los demás contratos de obra pública?'', le preguntó. Además, interrogó si se planea la explotación integral de una parte o de todo el territorio nacional, y le pidió responder al reciente cuestionamiento del gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en el sentido de que se ha dejado a las autoridades locales fuera de la normatividad en materia de medio ambiente en la explotación de gas en la cuenca de Burgos.

El funcionario hizo una larga exposición de la normatividad constitucional y acabó por concluir que lo que prohíbe la Carta Magna ''es la explotación'' de los recursos petroleros, y lo que los contratos de servicios múltiples hacen ''no es otra cosa que una serie de servicios que estaban contratándose por separado''.

Continuó: ''Hoy todos juntos contratan en conjunto (sic) para un solo contratista que favorece el concepto de administrador o gerente de un proyecto de manera integral''. Rechazó que los contratos estén vinculados con las reformas a las leyes de Adquisiciones y de Obra Pública.

En su réplica, Garza Galindo insistió en la ilegalidad de los contratos de servicios múltiples y luego el senador Manuel Bartlett le hizo notar al funcionario que no había respondido al fondo de los planteamientos de su compañera de bancada, y le detalló las violaciones a la Constitución:

''El que se licite a una empresa extranjera un millón y medio de kilómetros cuadrados de este país, autorizando a realizar todas las subcontrataciones que quiera, con una ínfima regulación de Pemex, va en contra del artículo 134 constitucional, para empezar. Esta nueva figura que usted plantea, que es vieja, que la estamos viendo aplicada en Irak y en muchos lados actualmente, esa figura lo que hace es entregar a un contratista extranjero durante 20 años acciones que corresponde realizar al Estado mexicano''.

Bartlett agregó que se viola asimismo el artículo 27 constitucional, ya que se trata de sustituir a Pemex, al entregar la explotación de gas a empresas trasnacionales que podrán subcontratar con quienes quieran.

Violan la Constitución a través de leyes secundarias, y ''aunque es deber de la secretaría a su cargo cuidar que ello no suceda, sin embargo lo están haciendo''. Le advirtió también que están avalando un pésimo negocio, porque las trasnacionales a las que se pretende concesionar la explotación de la cuenca de Burgos se van a quedar con 3 mil millones de dólares.

Cuestión de ideología

Antes Pemex había explotado ya esa cuenca, pero de repente suspendieron los trabajos y van a entrar empresas extranjeras, mientras desmantelan al mismo tiempo a Petróleos Mexicanos, recalcó.

Romero contestó a Bartlett que entendía su posición ideológica, pero le resultaba difícil dar una respuesta en el plano constitucional, y con ello dio pie al senador a señalarle que no es un asunto ideológico impedir que el Estado desaparezca para dar paso a un pésimo negocio.

Al final, cuando la senadora priísta Dulce María Sauri Riancho introdujo otro tema, Romero Ramos se lo agradeció: ''Ya se me estaban acabando las respuestas para los contratos de servicios múltiples''.