Preocupa a las autoridades la actividad de seis organizaciones de secuestradores

Operan en la frontera norte tres bandas dedicadas al tráfico de armas: SIEDO

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

En México operan tres organizaciones dedicadas al tráfico de armas y sus principales bases se localizan en la frontera con Estados Unidos, reveló José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Sin embargo, reconoce que el "tráfico hormiga" de armas es "tremendo" y que por la frontera sur se introducen pertrechos que en su momento fueron utilizados por los movimientos de liberación nacional de Centro y Sudamérica.

En entrevista refiere también que en este momento son seis las bandas de secuestradores que más preocupan a las autoridades, las cuales están dirigidas por Abel Lucas Díaz, La Marrana; César Alejandro Guadarrama García, El Salivotas; Nicanor Guzmán Rosales, El Nica; Daniel Díaz Barrientos, El Macizo, y Mario Alberto Bayardo Hernández, El Bayardo.

El recién nombrado subprocurador contra la delincuencia organizada aseguró a La Jornada que "el trabajo desarrollado en la Procuraduría General de la República (PGR) por Rafael Macedo de la Concha y los resultados en el combate a las organizaciones criminales han permitido establecer un gran intercambio de información con autoridades de Estados Unidos en todos los ámbitos".

Por ello, dijo, en materia de tráfico de armas se trabaja en coordinación con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés), "para conocer bien el fenómeno y atacarlo de manera conjunta, ya que la alta permeabilidad de la frontera norte permite el 'tráfico hormiga' de armas".

Advirtió que en esta materia la PGR "ya tiene algunos trabajos bastante avanzados, y esperamos que pronto haya resultados".

Indicó que las tres grandes organizaciones "algunas veces se ligan con narcotraficantes, ya que son quienes las abastecen de armamento. Aunque también existen a quienes se podría calificar como agentes libres y que son los que venden sus pertrechos a los secuestradores u otro tipo de delincuentes. Estos últimos pueden ser comerciantes que van a Estados Unidos a comprar fayuca y durante su estancia allá traen algunas pistolas u otro tipo de armas, que son escondidas en los vehículos en los cuales transitan los contrabandistas.

"Pero también hay casos en los cuales los cuerpos de niños de corta edad han sido utilizados para ocultar el armamento", señaló Santiago Vasconcelos.

Respecto a este tema, en 2001 el entonces subprocurador de Procedimientos Penales B, José Jorge Campos Murillo, elaboró un estudio en el cual se menciona que "la introducción ilegal de armas de fuego al país, principalmente procedentes de Estados Unidos, ha incrementado en los seis años recientes la incidencia delictiva, sobre todo en Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Baja California y el Distrito Federal".

Tendencia ascendente

En el documento se menciona que la presencia de armas de fuego en la comisión de delitos ha mantenido una tendencia ascendente de 1996 a 2002, a tal grado que de enero de 1995 a mayo del presente año han sido decomisadas 62 mil 426 armas cortas y largas por todas las dependencias encargadas de brindar seguridad a la población.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público Federal ha integrado más de 90 mil 236 averiguaciones previas sólo por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y las autoridades federales estiman que 80 por ciento de las armas que ingresan ilegalmente al territorio mexicano proceden de Estados Unidos, donde, en su frontera sur existen más de 17 mil establecimientos en los que se puede adquirir armamento.

De 80 por ciento de las armas decomisadas en territorio nacional, tanto por la Secretaría de la Defensa Nacional como por la PGR, "alrededor de un tercio de ellas se aseguraron en la región fronteriza con Estados Unidos", señala el informe Cuatro años en la PGR, elaborado en noviembre de 2000.

Sin embargo, la frontera norte de México no es la única preocupación de los funcionarios. Para el titular de la SIEDO "también se tienen problemas en la frontera sur. En esa zona se ha identificado un gran tráfico de armas que vienen de Centro y Sudamérica, que son sobre todo pertrechos que en su momento fueron utilizados por los movimientos de liberación nacional".

La otra lucha

El subprocurador Santiago Vasconcelos refirió que en este momento ya existe "contundencia" de las autoridades de todos los niveles para actuar en contra de las bandas de secuestradores, lo que ha permitido descabezar a las principales organizaciones y también ha provocado que aquellos delincuentes que aún están libres no continúen en esa actividad, sino que se han visto obligados a regresar a sus orígenes, es decir, a ladrones de autopartes, asalto a camiones de valores, vehículos de carga o casas habitación.

"Las bandas de secuestradores no nacen de la noche a la mañana, sino que se inician cometiendo delitos que no están considerados dentro de la comisión de ilícitos de delincuencia organizada", precisa.

Según los resultados de la estrategia nacional para el combate al secuestro, de febrero de 2001 a julio de 2003 la PGR ha atendido 264 casos, en otros 84 ha participado como coadyuvante de autoridades locales y se ha logrado obtener 364 fichas criminales y 402 registros de voz de plagiarios negociadores, además del desmantelamiento de 29 bandas.

Aseguró que si bien en México se llegaron a registrar oficialmente más de 700 denuncias de secuestro, en el año reciente se ha disminuido el índice de este ilícito en más de 60 por ciento, por lo que no sólo ha descendido el número de personas que son privadas de su libertad, sino que además también el monto de los rescates ha bajado en 95 por ciento.

En este sentido, abundó, las demandas económicas de los plagiarios entre febrero de 2001 y junio de 2003 fue del orden de 3 mil 740 millones 317 mil pesos, pero la participación de las autoridades en la negociación logró que sólo se pagaran 194 millones 227 mil 461 pesos, es decir 5.19 por ciento de lo exigido.

Antes de 2001, según las estadísticas de la PGR, se pagaba alrededor de 60 por ciento de los montos solicitados por los secuestradores.