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México D.F. Domingo 27 de julio de 2003

Empresa especializada en detectar fraudes podría ganar hasta 7.5 mdd al año

Desconfían de programa anticontrabando

DAVID ZUÑIGA

Hasta 7.5 millones de dólares podría recibir cada año la firma suiza SGS (Societe Generalle de Surveillance), que mediante el programa Valunet se encargará de investigar la documentación que presenten empresas importadoras para detectar documentación falsa y otras irregularidades cometidas por contrabandistas; sin embargo, los agentes aduanales temen que esta compañía las deje fuera de competencia, pues sus trámites tardarán de dos a 10 días -lo que incrementa los costos de almacenaje- y no pueden recurrir a otros certificadores.

La citada empresa, que iniciará operaciones el 11 de agosto, cobrará hasta 150 dólares por cada inspección y podrá realizar hasta 50 mil trámites al año.

El presidente saliente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), Luis Silva y Gutiérrez, justificó que el gobierno mexicano haya encargado este trabajo a una empresa privada, al señalar que ésta tiene presencia en 150 países y posee la infraestructura, el personal y la experiencia para detectar irregularidades en trámites de comercio exterior, como subvaluación y subfacturación de mercancías, falsedades en dirección, giro y razón social de las empresas vendedoras, país de origen, medio de transporte y otra información que se integrará en una base de datos.

El programa Valunet, que se pagará con recursos del Fideicomiso de Modernización Aduanera, verificará información de importaciones en las industrias más golpeadas por el contrabando en México (textil, vestido, calzado, juguetes, electrónica, químicos y algunos productos alimenticios).

Sin embargo, a los agentes les preocupa el hecho de que la información de Valunet carece de validez jurídica, y ello no les garantiza que las autoridades no los considerarán corresponsables si se detecta contrabando. Los especialistas argumentan que ellos sólo reciben los documentos de los importadores y no tienen la obligación ni los medios para verificar que la información que les presentan sea auténtica.

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