Instancias ajenas a la dependencia otorgan validez oficial con requisitos muy laxos, dice

SEP: falta norma que asegure la calidad de universidades privadas

El subsecretario Julio Rubio defiende el proyecto de financiamiento a instituciones públicas

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Julio Rubio, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), admitió que enfrenta problemas para asegurar la calidad de las universidades privadas. Indicó que falta una norma común para otorgar registros de validez oficial, por lo cual más de 60 por ciento de los programas de estudio registrados en el país tienen reconocimiento de instancias ajenas a la dependencia, que en ocasiones aplican criterios laxos.

Afirmó que en esta administración la SEP ha cancelado 90 programas de estudio por tres razones principales: los profesores no tienen el perfil académico necesario para impartir clases, los planteles carecen de instalaciones adecuadas (bibliotecas, laboratorios) o incumplen con el horario de enseñanza, por ejemplo, dan 50 minutos en vez de una hora.

Explicó que la falta de personal ha impedido que la SEP supervise de manera continua los planteles para asegurarse de que operen igual o mejor que cuando comenzaron.

Por otra parte, a dos meses de que rectores de universidades públicas rechazaran la propuesta de la SEP de financiamiento según el desempeño de las instituciones, Rubio salió en defensa del esquema, y afirmó que conceptualmente "está bien formulado" y no hay necesidad de "tirarlo a la basura".

Ante las quejas de los rectores de que ese modelo no asigna recursos para la difusión cultural, la extensión universitaria y las escuelas preparatorias, dijo que la subsecretaría está abierta a la discusión para introducir algunos cambios, con el propósito de que esté listo en 2004.

Criterios encontrados para otorgar registros

El también ex secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se refirió en entrevista al tema del presupuesto de las universidades públicas, así como a las recientes quejas sobre la falta de calidad de los centros educativos privados.

Señaló que el problema de fondo en torno a las universidades privadas es que en México no hay una norma común para otorgar registros.

Añadió que tanto los gobiernos de los estados como la SEP y las instituciones autónomas pueden dar registros de validez oficial, pero con criterios diferentes.

Informó que en 2000 la SEP emitió el acuerdo número 279, que fija una serie de requisitos; sin embargo, la norma sólo rige sobre 3 mil de los casi 8 mil programas de estudios registrados en el país.

Como esos criterios son más estrictos, agregó, algunas instituciones privadas han optado por buscar el registro ante otras instancias, que tienen requisitos más laxos. Por ejemplo, no aclaran el perfil académico de los profesores y las condiciones apropiadas para la impartición de los programas educativos.

Expresó que para evitar ese desorden la SEP está promoviendo que las autoridades educativas de los estados y de instituciones privadas presenten propuestas para mejorar el acuerdo 279, con el objetivo de que de manera voluntaria se aplique en todo el país.

Otra dificultad, dijo, es que tampoco hay una vigilancia permanente de los planteles.

"El acuerdo dice que una institución puede ser supervisada dos veces al año, pero ciertamente, por el número de instituciones, la capacidad de recursos humanos no es suficiente para estar visitando cada una de las instituciones", explicó.

Por ello, aseveró, la dependencia diseñó un programa de supervisión por Internet, que permite obtener información continua de 2 mil programas educativos y luego definir si es necesario hacer una visita de campo para comprobar los datos.

Entre las irregularidades que han detectado, el funcionario mencionó la existencia de académicos que laboran en instituciones privadas a pesar de que están de tiempo completo en universidades públicas.

Asimismo, hay académicos sin el perfil adecuado (grado o experiencia), el tiempo de clases no se cumple y las escuelas se olvidan de su compromiso de equipar laboratorios y contar con edificios apropiados.

Para asegurar la calidad de las instituciones privadas y públicas, señaló, en paralelo se debe continuar con el esfuerzo de acreditar programas de estudio, mediante instancias como los comités interinstitucionales para la evaluación de la sducación superior.

Añadió que de los 16 mil programas educativos registrados en el país, mil están acreditados por su buena calidad, y la mayoría son de universidades públicas.

Se carece de criterios claros para dar subsidios

Este año la SEP repartirá a las 56 instituciones públicas de educación superior 56 mil millones de pesos para su sostenimiento. Rubio explicó que actualmente no hay criterios claros para la entrega del subsidio y por eso se busca contar con reglas más transparentes a partir de 2004.

Con ese propósito, abundó, se diseñó un modelo de financiamiento; sin embargo, reconoció, éste "no gustó" a algunas instituciones, porque creyeron que su presupuesto disminuiría.

El subsecretario explicó que este modelo de asignación de recursos en función del desempeño de las universidades públicas "no es para darle más dinero a una institución y quitarle a otra. Lo que buscamos es asegurar un piso de financiamiento sobre el cual se van a ir sumando más recursos".

Preocupado porque la SEP se propuso como meta contar con un modelo de financiamiento para 2004, dijo que van a buscar abrir la discusión, pero partiendo del esquema anterior.

Expresó que la propuesta, que fue rechazada en una reunión de ANUIES a finales de mayo pasado, no se puede desechar, porque incluye variables como el costo por alumno diferenciado por nivel y área educativa, y los esfuerzos que hacen las instituciones para mejorar la calidad de la educación que imparten.

No obstante, reconoció, falta incorporar otros temas para calificar el desempeño de las universidades, como son sus actividades culturales y de extensión universitaria, así como el número de instalaciones con que cuentan.

Consideró que además hay "mucha confusión" entre los rectores sobre si se trata de un modelo de financiamiento, de asignación de recursos o de política de financiamiento.

Por ello, aclaró, esta iniciativa es para asignar recursos con base en un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

Insistió en que es "importante respetar el trabajo hecho en meses pasados y no tirarlo a la basura para volver a empezar". Por eso están abiertos a que la comisión de financiamiento de la ANUIES presente sus dudas en una reunión próxima, expuso.

-Si no llegan a un acuerdo para 2004, Ƒvan a imponer el modelo? -se le preguntó.

El funcionario respondió que no es posible imponer un "modelo de financiamiento regularizado", y que en todo caso la dependencia va a esperar a que haya claridad y consenso.