La Corena destruyó cabañas de comuneros en "su celo" por cuidar la zona de reserva

Reconoce el GDF que se cometió un "error político" en Xalatlaco

La aplicación de sanciones dependerá de la revisión del caso por la Secretaría de Gobierno, señala López Obrador Corresponde a la autoridad agraria emitir su dictamen, dice Encinas

LAURA GOMEZ Y JOSEFINA QUINTERO

Las autoridades capitalinas reconocieron que se cometió un "error político" en la destrucción de cabañas de comuneros de Xalatlaco, toda vez que contaban con un amparo y no se consultó a la Secretaría de Gobierno, por lo que se sancionará a quienes tomaron esa decisión, pues aun cuando su intención era proteger una zona de reserva, se descuidaron otros aspectos.

La contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente analiza el fundamento jurídico que condujo a personal de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) a llevar a cabo un operativo que no le correspondía, a pesar de la existencia de bases legales y administrativas para actuar, al construir los comuneros cabañas en el predio denominado Agua Grande, que se encuentra en disputa.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que "sin disculpar el proceder de la Corena, lo cierto es que está muy pendiente para que no crezca la mancha urbana; se cuida la zona de reserva y por ese celo tomó una decisión equivocada, que agravó un conflicto de límites entre ese municipio del estado de México y los comuneros del Ajusco".

En su conferencia de prensa matutina, destacó que afortunadamente el conflicto, que viene de tiempo atrás, se resolvió y las cosas no pasaron a mayores, aunque aceptó "el error cometido, porque mal haríamos si no los reconociéramos, si no tuviésemos capacidad de rectificar".

La aplicación de sanciones, sin embargo, dependerá de la revisión del caso que realice la Secretaría de Gobierno, que no fue consultada ni se estableció una coordinación, cuando esa dependencia tiene un conocimiento más amplio y sabe qué se puede generar si se toma una decisión equivocada, señaló.

Por ello, dijo, la determinación de las autoridades capitalinas de dialogar para que fueran liberados los 11 policías y un comunero de Santo Tomás Ajusco, retenidos en un camión de la Secretaría de Seguridad Pública, por habitantes de Xalatlaco el pasado miércoles.

El hecho se generó cuando personal de la Corena intentó desalojar el terreno denominado Agua Grande, con una extensión de mil 509 hectáreas, por el que han peleado desde hace varios años los comuneros de Xalatlaco y los de Santo Tomás Ajusco.

Al término de la reunión del gabinete de seguridad, el secretario de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que "indudablemente" el intento de desalojo fue un "error político, porque es una zona de tensión y cualquier acto o intervención de la autoridad iba a generar problemas. Esperamos contar con los resultados de la revisión jurídica que realice la contraloría interna de la Secretaría de Medio Ambiente, para actuar".

Las sanciones no serán extensivas a los elementos de Seguridad Pública, quienes resguardaban la zona -limítrofe con el estado de México-, con base en un convenio firmado con anterioridad, pues en ningún momento intervinieron en el conflicto generado por la destrucción de las cabañas, edificadas en el predio, en disputa ante Tribunal Unitario Agrario.

Ante las acusaciones de que el PRD se encuentra detrás de los hechos, Encinas dijo: "sería muy superficial delimitar este conflicto a un asunto partidista, cuando existe desde antes de que nacieran los partidos; se requiere ir al fondo del problema, que la autoridad agraria haga su trabajo y emita su dictamen final".

Comuneros del Ajusco rechazan que se reconstruyan las cabañas

Por su parte, comuneros de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, en la delegación Tlalpan, advirtieron que no permitirán la reconstrucción de las cabañas que fueron derribadas en el paraje de Agua Grande, "porque es una acción ilegal que el gobierno de la ciudad no puede permitir".

En conferencia de prensa, solicitaron la intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP) para resguardar la zona de conflicto hasta que las autoridades agrarias otorguen la ejecución de la sentencia y el proceso se resuelva. Joel Othón Peña, presidente del comisariado ejidal, señaló que existen dos fallos en su favor, por medio de los cuales el Tribunal Unitario Agrario ha declarado que las mil 509 hectáreas pertenecen a su comunidad.

Sin embargo, dijo, debido al juicio de amparo promovido por la comunidad de Xalatlaco, aún sigue el proceso. "Los comuneros del estado de México se han negado a reconocer que la tierra pertenece a la comunidad del Ajusco". Por ser un conflicto agrario con el estado de México, indicó, es necesaria la intervención de las autoridades federales. Informó que el próximo lunes solicitarán que la Procuraduría General de la República atraiga los expedientes de las denuncias que presentaron, por despojo y privación ilegal de la libertad, en contra de los habitantes de Xalatlaco.