Marta Tawil

El regalo de Ariel Sharon

Una de las recientes cubetadas de agua fría que el primer ministro palestino, Mahmoud Abbas -co-nocido también como Abu Ma-zen-, recibió de Israel fue la re-ciente negativa del gobierno de Ariel Sharon de excarcelar a la totalidad de los presos palestinos. Tel Aviv acordó liberar sólo a 350, de un total aproximado de 7 mil que mantiene en centros de detención, según fuentes de la Cruz Roja Internacional. Más aún, Sharon informó que será una comisión ministerial la que decidirá cuáles palestinos serán puestos en libertad, con base en una lista de nombres elaborada por el Shin Bet, y fijó condiciones draconianas para efectuar la liberación que apenas un centenar de ellos podrán cumplir, como las de no haber participado en actividades de oposición contra la ocupación y no pertenecer a Hamas, Jihad, el Tanzim y las Brigadas Al Aqsa, las principales organizaciones involucradas en la resistencia armada.

De acuerdo con reportes de diversas ONG, como Btselem, desde 1967 el gobierno de Israel ha detenido a cerca de 650 mil palestinos. Estos suponen aproximadamente 20 por ciento del total de la población palestina en los territorios ocupados.

Ahora bien, buena parte de los 350 palestinos que deberán tornar a sus hogares en las próximas semanas están bajo "detención administrativa", esto es, sin proceso. La detención administrativa es la aprehensión sin juicio, autorizada por una orden administrativa y no por un decreto judicial. El derecho internacional impone restricciones rígidas a su aplicación, que las autoridades israelíes violan abiertamente.

Durante años Israel ha mantenido a los palestinos en ese tipo de detención prolongada sin formular cargos en su contra. Ni a los presos ni a sus abogados se les permite conocer la evidencia de las acusaciones, por lo que no tienen la oportunidad de defenderse. Se obstaculiza la visita de sus familiares, quienes en muchos casos desconocen el paradero de los presos, ya que son llevados en custodia a centros de detención secretos en Israel. Esto último viola la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, que prohíbe la transferencia de detenidos fuera del territorio que se ocupa.

Los comandos militares israelíes están autorizados para mantener a los presos pa-lestinos en esas condiciones durante seis meses. Sin embargo, la autoridad militar puede extender la detención por un periodo adicional de seis meses más, lo cual ha condenado a muchos palestinos a permanecer diversos años en prisión, con una situación jurídica indefinida y viviendo en condiciones inhumanas (a comienzos de marzo de 2003 más de mil palestinos permanecían en detención administrativa).

El gobierno israelí alega que es una medida de seguridad necesaria, que se realiza sólo cuando las medidas legales no logran el objetivo de garantizar su seguridad. En la práctica, sin embargo, es claro que el uso que hace de ella borra la distinción entre la detención preventiva y la pu-nitiva. Más aún, la tortura -a la que las fuerzas militares y policiacas israelíes prefieren denominar "presión física moderada"- es una práctica común a la que se ven sometidos los presos palestinos. Esto viola la Convención Internacional contra la Tortura e incluso la ley israelí (Israel es el único país en el mundo que ha legislado el uso de la tortura; sin embargo, en septiembre de 1999 la Corte Suprema de ese país tipificó como ilegal el uso sistemático de diversas técnicas de interrogación).

También los niños son arrestados bajo las mismas circunstancias y torturados. En mayo de 2003 se reportaron 245 menores de edad detenidos en instalaciones de las Fuerzas de Defensa Israelíes, de los cuales 13 eran menores de 15 años y 232 tenían entre 16 y 18 años de edad. Según el informe anual de Amnistía Internacional de 2000 sobre el año 1999, "confesiones ob-tenidas mediante la tortura formaban con frecuencia la evidencia principal contra los detenidos. En agosto el gobierno militar redujo la edad por la cual los niños palestinos podían ser juzgados ante cortes militares y sometidos a penas de prisión, de 14 a 12 años". Desde el comienzo de la segunda intifada, de septiembre de 2001 hasta junio de 2003 se diagnosticó un síndrome postraumático en 100 por ciento de los niños palestinos arrestados por las fuerzas militares israelíes. La tortura de los menores incluye el maltrato físico (en la forma de golpes u obligándolos a estar en posiciones incómodas) o sicológico (amenazas, intimidación). Así, Israel también vio-la la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El gobierno israelí presenta la liberación de presos palestinos como si se tratara de un favor o un gesto de buena voluntad. Respetar el derecho humanitario e internacional, sin embargo, no es una concesión, es un deber. El alegato de Tel Aviv según el cual la mayoría de los detenidos en sus cárceles tienen un pasado "criminal" o "sospechoso" no es defendible en la medida en que las acusaciones y detenciones no se basan en un proceso o juicio formal, y sí en la violación de las normas internacionales y los derechos humanos de una población que vive bajo ocupación.