Las filtraciones dan respuesta a resultados de las cuentas públicas 2000 y 2001, afirma

Para González de Aragón, alguna entidad federal pretende desprestigiar a la ASF

JOSE GALAN

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, afirmó que en 1992 recibió el pago por servicios prestados al gobierno federal sin saber su procedencia, y dijo que la filtración de la información sobre una presunta triangulación de dinero se hizo con el ánimo de desprestigiar al órgano fiscal a su cargo, como respuesta al resultado de la revisión de las cuentas públicas de la administración foxista correspondientes a 2000 y 2001.

En un informe de cinco cuartillas enviado a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, González de Aragón afirmó que de esas revisiones destacan las observaciones al Fobaproa y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tan sólo en 2001 el subejercicio del gasto federal superó los 300 mil millones de pesos.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia, el priísta Manuel Galán, anunció que el pleno de la comisión acordó solicitar oficialmente al procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, que informe a esa representación si existe o no una investigación; advirtió que el auditor cuenta con "todo el apoyo" de la comisión "mientras no hubiera (sic) ninguna cuestión oficial", y subrayó que los actos del auditor "tienen toda la validez".

En respuesta a la petición que días atrás le girara la Comisión de Vigilancia para que presentara un informe sobre las afirmaciones de que en 1992 realizó triangulaciones financieras con Francisco y Araceli Vázquez Alanís, relacionados con Raúl Salinas de Gortari, González de Aragón dijo en su favor que desde septiembre de 1985, "fecha en que suspendí mis labores como servidor público", hasta el 31 de diciembre de 2001, "desarrollé actividades como director de mi despacho de servicios profesionales independientes", González de Aragón y Asociados, Contadores Públicos, SC, y que no fue sino hasta el 2 de enero de 2002, cuando tomó posesión del cargo con el apoyo de 323 votos de un total de 387 diputados, que volvió a la función pública.

"Contraprestaciones remunerativas"

Antes de 1992, la Presidencia de la República "me solicitó el desarrollo de trabajos de auditoría, consultoría y evaluación de ciertas materias de la gestión gubernamental en turno, que culminaron con la realización de auditorías externas de regularidad y de control interno". Agregó que por sus actividades independientes "se recibieron contraprestaciones remunerativas correspondientes a las que se alude en diversos medios".

Esas "contraprestaciones remunerativas" consistieron en cheques de caja, "no teniendo que investigar quién o quiénes habían comprado tales documentos, ya que éstos fueron entregados por la propia dependencia que solicitó los servicios profesionales", y subrayó que no tenía razón o motivo para conocer "si estos recursos se realizaron con cargo a una partida que, según los medios, le llamaban secreta", ya que "no era de mi incumbencia, competencia o interés de mi actividad profesional".

Y apuntó al meollo del asunto: "Es evidente que las noticias divulgadas obedecieron a una filtración por alguna dependencia o entidad federal, lo cual implica una responsabilidad, con el ánimo de desprestigiar a la ASF, como respuesta a los resultados que dio a conocer con motivo de las revisiones a las cuentas públicas de 2000 y 2001, entre los que destacan señalamientos observados en relación con el Fobaproa y la SHCP".

E hizo patente su "legal facultad" de ejercer acciones que en derecho procedan, por el daño moral y menoscabo a mi prestigio personal y profesional que "las falsas imputaciones me han ocasionado, sin omitir la seria lesión a la actuación y desarrollo futuro de la ASF". Recordó que desde el 7 de octubre de 2002 a la fecha ha sido sujeto de auditorías fiscales por parte de la SHCP por los años 2000, 2001 y 2002, "tanto a mis cuentas personales como al despacho que dirigí en su momento", y que "en su oportunidad" se sometió a una prueba del polígrafo o detector de mentiras en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, por exigencia de un partido político -el PAN- como condición para recibir su apoyo en la titularidad de la ASF.

Por su parte, Manuel Galán dijo que la Comisión de Vigilancia recibirá la respuesta del auditor, y que, una vez analizada, se reunirá con él para que se aclaren dudas y se amplíe la información, además del oficio que se enviará al titular de la PGR. "Hasta ahora (González de Aragón) ha sido una persona confiable, y ha rendido en tiempo y forma todos los informes que se le han solicitado. Ha cumplido cabalmente con su cometido".