El abogado coadyuvante denuncia que la fiscalía se niega a aceptar nuevas pruebas

Familiares de Digna Ochoa insisten en que no aceptarán la hipótesis del suicidio

LAURA GOMEZ Y VICTOR BALLINAS

José Antonio Becerril, abogado coadyuvante en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, denunció ayer que la fiscal especial del caso, Margarita Guerra, se ha negado, desde el pasado 6 de mayo, a recibir las pruebas que la familia de la víctima y él, como representante legal, ofrecen para comprobar que en la muerte de la activista no hubo suicidio, sino homicidio.

El abogado, quien estuvo acompañado de los padres de Digna Ochoa, Eusebio Ochoa e Irene Plácido, así como de ocho de los hermanos de la víctima, demandó justicia y advirtió que si la fiscalía insiste en dar como resultado final el suicidio "no lo vamos a aceptar, porque a Digna la mataron".

El abogado coadyuvante dijo que después de analizar llegaron a la conclusión de que la defensora de derechos humanos "no se suicidó, por lo que decidimos adoptar una actitud más activa. Por ello mandamos a hacer pruebas periciales de medicina forense, criminalística y química forense, mismas que la fiscal Margarita Guerra se niega a recibir".

Becerril informó que, junto con los familiares de Digna Ochoa se trasladó a las oficinas del Gobierno del Distrito Federal con objeto de que Andrés Manuel López Obrador "nos recibiera, como se había comprometido a hacerlo en reiteradas ocasiones en que señaló que los familiares de Digna serían recibidos sin cita previa cuando lo desearan".

En su lugar fueron atendidos por un "funcionario menor", el subsecretario de Gobierno, Martí Batres, quien luego de escuchar los reclamos se comprometió a que hoy se reuniría con la fiscal especial para conversar sobre los avances de las investigaciones.

Batres, según la versión del abogado coadyuvante, resaltó que en la reunión que sostendrá con la fiscal analizarán la posibilidad de que acepte las tres pruebas periciales de medicina forense, criminalística y química forense que se ha negado a recibir. Becerril dijo que el pasado 20 de mayo la fiscalía le notificó un acuerdo por medio del cual solicitó a dos peritos criminalistas analizar el ofrecimiento de pruebas de la coadyuvancia para poder ser admitidas como pruebas. Esto, agregó el defensor, "es inusitado, porque un órgano técnico no puede condicionar la admisión de pruebas a la opinión de peritos en criminalística".

Añadió que ese mismo día se inconformó por la actuación de la fiscalía y el 23 de mayo los peritos nombrados dentro de la averiguación previa por la procuraduría (el químico farmacobiólogo Vicente Jaime Corona Méndez y el médico Oscar Lozano Andrade) "hicieron diversas manifestaciones contrarias a la admisión de mis pruebas, sosteniendo, entre otras cosas, que la hipótesis de homicidio es una premisa falsa. Con esta opinión descartaron de antemano las pruebas, lo que es indebido porque todavía el caso era estudiado, es decir, existía la línea de investigación del homicidio y se centraron en la hipótesis del suicidio".

Por su lado, Jesús Ochoa, hermano de Digna, indicó que en la reunión con Batres se quejó de que las autoridades judiciales rechazarán los resultados de los peritajes pagados por la familia (que tuvieron un costo de 250 mil pesos) sin antes revisarlos y que se empeñen en sostener la hipótesis del suicidio "cuando se trata de una mentira". Y sostuvo: "no descansaremos hasta que se nos escuche y se demuestre que se atentó contra la vida de nuestra hermana".

En conferencia de prensa el abogado Becerril manifestó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumple con el objetivo para el cual se pidió su intervención, "y es cierto que ellos no podían pronunciarse sobre la mecánica del evento, no podían decir si hubo homicidio o suicidio, pues se les pidió que analizaran la labor de los peritos".

Obstrucción al coadyuvante

Cuestionado acerca de que en el informe de la CIDH se señalan fallas y omisiones de la procuraduría capitalina, pero que éstas no desvirtúan los resultados de las pruebas realizadas por las autoridades, el abogado coadyuvante dijo que dichos resultados "no son irrefutables. Por eso ofrecemos pruebas, para que se hagan análisis técnicos". Insistió en que desde el pasado 6 de mayo, cuando se ofrecieron las pruebas a la fiscal, "ésta ha venido obstruyendo la labor jurídica de los abogados y se niega a recibirlas".

Manifestó que en la revisión de los expedientes sobre la investigación del caso "en efecto se constató que han comparecido muchos soldados. Hay declaraciones de miembros del Ejército, pero no aportan luz sobre un probable responsable del homicidio".

Becerril afirmó que todo indica que "el resultado de la investigación de la muerte de Digna será en el sentido de que ella se suicidi. Al no recibirnos las pruebas esa será la respuesta".

Jesús Ochoa planteó que precisamente al negarse a recibir las pruebas que aporta la familia, la fiscalía muestra temor de que la hipótesis del suicidio se venga abajo. "La fiscalía sólo ha trabajado la hipótesis del suicido y estamos convencidos de que si aceptan y revisan nuestras pruebas esa hipótesis se derrumbaría."

La madre de Digna Ochoa expuso, por su parte, que se trasladó a la ciudad de México "para exigir justicia y de ninguna manera aceptaré que Digna se suicidio; a ella la mataron".

Becerril exigió que el Gobierno del Distrito Federal y la procuraduría capitalina acaten las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal formuló el pasado 6 de junio, en el sentido de que la fiscalía especial acepte las pruebas que el abogado de la familia Ochoa presenta y que a la brevedad dé a conocer los resultados de las pesquisas a la luz de los nuevos elementos.

El abogado coadyuvante destacó que no es creíble que la Secretaría de Defensa Nacional sólo contará con recortes de periódicos sobre las actividades cotidianas de Digna Ochoa. Advirtió que si la fiscal especial "no recibe las pruebas que le presentamos, y cierra el caso, entonces quedará como copnclusión que la procuraduría capitalina ocultó algo, porque hoy existe plena desconfianza hacia la fiscalía, hacia la procuraduría y hacia el Gobierno del Distrito Federal".