Informe del Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización Eléctrica

Concedió la CRE cuatro permisos para exportar energía eléctrica a California

También autorizó licencias para la construcción de plantas regasificadoras y gasoductos

PATRICIA MUÑOZ RIOS

La privatización silenciosa de la industria eléctrica mexicana también tiene por finalidad garantizar el abasto de energía a Estados Unidos; incluso, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) concedió ya cuatro permisos a igual número de empresas para exportar electricidad desde nuestro territorio a California.

Un informe del Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica, titulado Industria eléctrica, soberanía y desarrollo, advierte que uno de los objetivos centrales de este proceso de privatización del sector es asegurar el suministro de energía al mercado estadunidense.

Indica que los permisos para exportar electricidad desde el territorio mexicano fueron concedidos en el presente sexenio a las empresas Energía de Mexicali, Energía Azteca X, Termoeléctrica de Mexicali y AES Rosarito.

''Además de los anteriores permisos para construir plantas de generación, la CRE otorgó permisos para la construcción de plantas regasificadoras y gasoductos'', señala el documento elaborado por el especialista Salvador Zarco, donde se añade que estos permisos se conceden poniendo en riesgo inclusive la integridad territorial de México.

La información establece que, de continuar el actual ritmo de privatización, se calcula que en diez años más las plantas de compañías privadas generarán 50 por ciento del consumo nacional de energía.

Según expone, inclusive la Subdirección de Construcción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), responsable del diseño y edificación de las plantas de generación en el pasado, fue total y absolutamente desmantelada, y 26 compañías extranjeras de diez nacionalidades tienen permisos para construir y operar plantas de este tipo, gasoductos para plantas de ciclo combinado con base en gas o líneas de transmisión de alta tensión.

Señala que está demostrado en diversos países del mundo que tener un mercado eléctrico en el que participen varias empresas generadoras privadas no garantiza el suministro eléctrico, la inversión ni la calidad del servicio; mucho menos la reducción de tarifas.

El documento expone que el caso más escandaloso es California, primero en desrregular el sector energético estadunidense mediante una ley que entró en vigor en 1996: entre el verano de 2000 y la primavera de 2001, ese estado sufrió la peor crisis energética de su historia, con un sobrecobro por especulación de más de 9 mil millones de dólares.

En el primer trimestre de 2001, el precio promedio del megavatio en Estados Unidos era de 30 dólares, mientras que en California, la empresa Duke vendió la misma unidad de electricidad en 3 mil 800 dólares. Por ello, el gobierno californiano enfrenta un déficit presupuestal de 25 mil millones de dólares, de los que precisamente la mitad son costos de contratos con las empresas eléctricas privadas y los intereses generados en 15 meses.

A raíz de esta situación, el 10 de abril de 2003 el Comité de Energía del Senado en California propuso terminar con el proyecto de privatización del mercado energético y devolver su control al Estado, establece el informe.

También expone que toda esta información la tiene el gobierno de Vicente Fox y, no obstante ella, insiste en vender su propuesta de privatización del sector eléctrico como una panacea, siendo que en realidad es parte de un plan global geoestratégico que responde a los intereses estadunidenses de dominio en la región.

Esta administración incrementó desmedidamente las tarifas en febrero de 2002, con la ''perversa y peregrina'' idea de confundir a los consumidores y convencerlos de que las ineficientes empresas estatales venden energía eléctrica cara y la única forma de abaratarla es poniendo en manos de las empresas privadas este sector.

En este análisis se revela que los planes privatizadores incluyen la integración de todo el corredor mesoamericano, mediante el Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC), puesto ya en marcha, proyecto en el cual se prevé la construcción de una serie de represas en el sureste mexicano, que afectarían de manera sustantiva a los pueblos indios al despojarlos de sus tierras y aguas, imponiendo un modelo de desarrollo depredador de los recursos naturales, y opresor y explotador de los recursos humanos, concluye el documento.