La determinación de la Procuraduría General de la República (PGR) de no ejercer acción penal ante la denuncia contra Amigos de Fox presentada por el consejero electoral Jaime Cárdenas debido a presunto lavado de dinero representa un duro golpe a la credibilidad de la dependencia encargada de procurar justicia, a la del gobierno federal por extensión y a la de las instituciones de la República.

Hasta en la redacción de la notificación enviada a Cárdenas por la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero (UECLD) se deja sentir una falta de voluntad impropia del Ministerio Público y complaciente para con el Ejecutivo federal: "Para comprobar, aunque sea indiciariamente el cuerpo del delito del tipo de estudio, los bienes que constituyeron el objeto material del delito deben tener su origen en una procedencia ilícita o representar las ganancias derivadas de la comisión de un delito, es decir, de una conducta típica antijurídica, punible y culpable", señala el documento, dejando implí- citamente al denunciante la responsabilidad de investigar y comprobar las acciones delictivas, tareas que corresponden en cambio a la autoridad.

En suma, la procuraduría se negó a investigar la posible procedencia ilícita de los fondos recaudados por Amigos de Fox y actuó de forma muy parecida a como lo hacía en tiempos del priísmo ante denuncias ciudadanas en contra de autoridades federales, cuando ni siquiera se tomaba la molestia de aparentar que investigaba.

Aunque sería indebido prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de las acciones de la asociación que ayudó a colocar a Vicente Fox en su cargo actual, las precipitadas conclusiones de la UECLD arrojan la sospecha inevitable de que el gobierno federal se comporta como juez -la PGR- y parte -la Presidencia de la República- en un episodio que dista mucho de haber sido esclarecido. Hasta el momento, y a ojos de la opinión pública, esa actitud pone al grupo gobernante en una postura semejante a la adoptada por los legisladores priístas que se negaron a desaforar a sus pares implicados en el Pemexgate para que respondieran ante la justicia. La virtual exculpación anticipada de Lino Korrodi y de Carlota Robinson hacen suponer que existen delitos y conductas impropias que se busca ocultar y mantener a toda costa fuera de los tribunales.

A unos días de las elecciones federales, pues, el gobierno se presenta ante la sociedad como un encubridor de sí mismo y de sus orígenes, y el electorado se encuentra con que los dos principales partidos políticos tienden a desarrollar mañas paralelas cuando ocupan el poder. Da la impresión de que el foxismo, habiendo podido elegir la transparencia y la rendición de cuentas, optó por los carpetazos a la antigua.