Organismos civiles consideran que persiste la intención de desalojar comunidades

El "interés agrario" en el problema de Montes Azules desplaza a ambientalistas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 23 de junio. El cambio en la estrategia gubernamental para el problema de Montes Azules ha provocado un reacomodo de los actores institucionales, tanto públicos como privados. No está clara la nueva alineación, pero los "ambientalistas" parecen desplazados por los "agrarios".

Los actores ambientalistas involucrados en el asunto, al verse fuera de foco, enfrentan la necesidad de definir un posicionamiento político. El próximo jueves a las 10 de la mañana, un grupo significativo de ellos se reunirá con el objetivo de definir una "estrategia conjunta para la conservación de la biodiversidad de la selva Lacandona en el siglo XXI".

En el salón Plaza del hotel Flamingo, en la ciudad de México, se efectuará un mesa de discusión con los siguientes participantes, según el orden del día: Alejandro Robles, vicepresidente de Conservation International en México y Centroamérica; David González Sansores, presidente de bienes comunales de Frontera Corozal; Carmelo Cham Bor, "maya-lacandón" (sic); Maximino Hernández, director de la Asociación de Productores del Río Perla (quien, por cierto, trabaja en la región de Santa Elena, El Censo y Taniperla, precisamente con los grupos señalados como paramilitares, es decir las huestes del diputado priísta Pedro Chulín).

También participará Julia Carabias, quien fue titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en el gobierno de Ernesto Zedillo y mantiene interés y contacto con la problemática de Montes Azules desde la academia y los organismos privados.

Pablo Muench es el único funcionario gubernamental anunciado en la reunión; actualmente dirige en Chiapas el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), fue delegado de la Semarnap en tiempos del gobernador Roberto Albores Guillén y, aunque recientemente se ha pronunciado contra los posibles desalojos violentos en Montes Azules, es uno de los principales encargados de aplicar la teoría conservacionista, que pone como punta de lanza "la propiedad de los lacandones" en todas esas tierras, y cualquier otro es "invasor".

Cierra la lista Ignacio March, director del programa Selva Maya de Conservation International en Chiapas y antiguo colaborador de Muench.

También fueron sacados de la jugada gubernamental los ambientalistas del gobierno foxista. La mesa ambiental interinstitucional que presidía la secretaría del ramo ha dejado de existir. Así, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Areas Naturales, tan activas en el anterior periodo, quedaron rezagadas.

Pase de estafeta

En lugar de la mesa, desde principios de junio opera un "grupo estratégico", presidido por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA). Es decir, el balón pasó de Víctor Lichtinger (titular de la Semarnat) a Florencio Salazar (de la SRA). Esto, con un "monitoreo" especial de la Secretaría de Gobernación.

De momento, se encarga del "grupo estratégico" el subsecretario de Ordenamiento de Propiedad Rural de la SRA, Gilberto José Hershberger Reyes.

En las reuniones "de alto nivel" que se efectuaron en Gobernación, bajo la coordinación de Santiago Creel y con participación del gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, se acordó invertir, "de arranque", 150 millones de pesos para la adquisición de tierras fuera de la reserva de la biosfera e iniciar un programa de "reubicación voluntaria", quitándole la conducción a Semarnat y Profepa, para transferirla a la SRA.

El cambio de estrategia también alteró el escenario para el gobierno chiapaneco, el cual conserva la secretaría técnica del proceso, pero al no haber mesa ambiental en adelante tendrá un solo delegado, y esto pone en jaque a las dependencias involucradas (secretarías de Gobierno, Desarrollo Rural y Pueblos Indios, así como el IHNE).

Se prevé que sea la secretaría de Gobierno la que quede al frente, lo cual reforzaría la posición del secretario Rubén Aguilar Velázquez (quien antes fue secretario de Desarrollo Rural y tuvo una actuación destacada en favor de los desalojos, al lado de los "ambientalistas", hoy tan mermados).

De momento, el nuevo secretario chiapaneco de Desarrollo Rural, David Corzo, se encarga de la secretaría técnica. Hace unos días, Ernesto Enkerlin, titular de la CNAP, anunció que el problema de Montes Azules entraba en un proceso de negociaciones, y que no habría acciones hasta 2005. Esta nueva lentitud "agraria" es lo que ha impacientado a los ambientalistas. Oficialmente, ya no corre prisa para los desalojos.

Numerosos organismos civiles siguen denunciando las amenazas de desalojo y persecución judicial contra los pobladores de Montes Azules. Temen que la reconversión "agraria" del asunto y una cierta "comezón prelectoral" del gobierno sean la verdadera explicación de este repentino cambio de planes. Sin embargo, consideran que persiste la intención de desalojar 42 comunidades (otras fuentes hablan de 45) en el corto plazo.

De alguna manera sucedió precisamente lo que más temían los ambientalistas desde tiempos de la administración de Ernesto Zedillo: que el asunto "se politizara". Como sea, la renovada prioridad a este conflicto agrario (que hasta hace poco era el principal "foco rojo" ambiental y se invocaban "derechos de toda la humanidad") también confirma los poderosos intereses que pesan sobre Montes Azules: turísticos, conservacionistas, recursos naturales y, ante todo, de geoestrategia y relevancia militar.

Por su parte, la organización Las Abejas, de Chenalhó, se pronunció hoy, durante su intervención en un noticiero radiofónico local, contra los desalojos en Montes Azules, y recordó la "injusticia agraria" que siempre le toca pagar a los pueblos indígenas.