RUMBO AL 6 DE JULIO

"Cumplimos cabalmente con la Constitución", sostiene

Creel reivindica la legalidad de anuncios para promover el voto

ALONSO URRUTIA

Tras reivindicar la legalidad de la campaña gubernamental de promoción del voto -cuestionada por consejeros electorales y partidos políticos-, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sostuvo que la solución a este diferendo "más bien debe ser de índole política que jurídica, porque no tenemos la menor duda de que cumplimos cabalmente con la Constitución".

En el marco de la tercera reunión de evaluación del Programa estratégico para la transparencia y el combate a la corrupción, Creel manifestó que los cuestionamientos de los partidos políticos se deben enmarcar en la contienda electoral. Señaló que se puede dialogar con partidos y consejeros sobre "lo que deba hacerse, pero a partir de que lo que estamos haciendo es plenamente legal".

Creel informó que ha girado instrucciones a la Subsecretaría de Normatividad de la dependencia para que pueda proporcionarles "prácticamente todo el espacio correspondiente a los tiempos de Estado al Instituto Federal Electoral para que pueda promocionar de mejor manera el voto y combatir con eficacia la abstención".

En este contexto, el responsable de la política interior aludió a las más recientes encuestas difundidas que hablan de un abstencionismo de entre 50 y 60 por ciento. "Creo que esto es una tragedia que nos debe unir a todos los actores para promover activamente la participación ciudadana en las urnas".

Momentos antes de la entrevista, durante su discurso sobre el combate contra la corrupción, manifestó que no se puede hablar de ética o moral pública sin aplicar la ley.

Dio a conocer -ya en el marco del programa anticorrupción- que en los anteriores meses se ha revocado cinco de las 16 autorizaciones que administraciones pasadas habían otorgado para la operación de casas de apuestas y otras empresas dedicadas al juego. Anunció que próximamente también se habrán de revocar otras cinco más.

Mencionó que la secretaría detectó 26 inmuebles que representaban premios no otorgados por quienes realizaron sorteos y que se encuentran habitados. Dijo que se han iniciado investigaciones para determinar quién autorizó su ocupación.

Por su parte, el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, dio a conocer que en toda la administración pública federal se detectaron 263 "procesos críticos" y se ejecutaron 2 mil 600 acciones de mejora para establecer los candados necesarios para que no se repitan las anomalías.

Informó además que desde el pasado 12 de junio, cuando entró en vigor la ley de transparencia, el Ejecutivo ha recibido alrededor de 3 mil 800 solicitudes de los ciudadanos. Indicó que la ley en México otorgó uno de los menores plazos en el mundo -un año- para que la administración pública federal adecue sus estructuras y esté en condición de dar respuesta a las solicitudes de información.

Señaló que esto es parte de las diversas acciones de combate a la corrupción y transparencia que han sido desarrolladas. Indicó que al mismo tiempo las unidades de control interno de las dependencias están instruidas para atacar la corrupción y sancionar a los funcionarios que incurran en ella. Por eso, añadió, en aquellos casos en que se hayan detectado actos de deshonestidad, los funcionarios deberán dar parte al Ministerio Público para deslindar posibles responsabilidades penales.