El informe presentado en días recientes por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la investigación del homicidio de la abogada Digna Ochoa constituye un alarmante testimonio sobre las incapacidades, las carencias, las improvisaciones y la inoperancia, en general, de las instancias nacionales y locales encargadas de la investigación y la procuración de justicia.

El documento, cuyo resumen fue difundido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señala que las abrumadoras fallas técnicas, conceptuales y jurídicas cometidas en las pesquisas por la muerte de la defensora de derechos humanos, y que corresponden a policías, agentes del Ministerio Público y peritos, son de índole estructural, y no coyuntural. Es decir, resulta inevitable concluir que el grueso de las investigaciones emprendidas por las procuradurías federal y capitalina no logran su objetivo de establecer la verdad de los hechos por métodos científicos y localizar y capturar a los responsables.

Salvo por lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya renuencia a colaborar con los investigadores resulta inexplicable, el informe de la CIDH no sugiere actitudes dolosas ni obstrucciones deliberadas de la procuración de justicia; exhibe, simplemente, ineptitud, pobreza de medios, falta de capacitación y atraso en instancias como los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia, el Servicio Médico Forense y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

La más grave consecuencia de estos vicios, tanto en el caso de Digna como en muchos otros que ni siquiera salen a la luz pública, es la impunidad. Queda, entonces, la certeza desalentadora de que, ya sea por las redes de corrupción que vinculan a la criminalidad organizada con las instituciones de procuración e impartición de justicia, o por las carencias intelectuales y técnicas de las segundas, quedan sin resolver -esto es, sin esclarecer, sin identificar a los responsables y sin someterlos a juicio y a sanción- un alto porcentaje de los delitos graves en el país y en la ciudad de México.

En lo general, la recomendación de la CIDH en el sentido de establecer a la brevedad, y en toda la extensión y profundidad que se requiere, nuevos modelos de investigación penal, debiera ser acatada por las instituciones de procuración e impartición de justicia del país. Pero en lo inmediato es exigible que las instancias del ramo en el Distrito Federal reconstruyan la investigación de la muerte de Diga Ochoa y ofrezcan a la opinión pública resultados verosímiles y apegados a derecho.