CASO SERPICO

Un juzgado le otorga tres días para que alegue lo que a su derecho corresponda

"Lucharé para demostrar que soy inocente", dice el ex militar argentino

Solicita a la Dirección de Reclusorios mayor vigilancia en el área que ocupa

GUSTAVO CASTILLO. ROSA E. VARGAS Y LAURA GOMEZ

El juzgado primero de distrito B de amparo en materia penal dio vista al documento que le envió el miércoles la cancillería sobre la extradición a España de Ricardo Miguel Cavallo, al que le otorgó tres días hábiles para que alegue lo que a su derecho corresponda, pero sin que afecte el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado día 10. De este modo, el ex militar argentino podría presentar opiniones sobre la sentencia, pero las mismas no cambiarán la decisión de llevarlo ante la Audiencia Nacional española.

La determinación del juez Juan Ramírez Díaz le fue notificada ayer a Cavallo por su propio abogado, Manuel Plata García, quien desde temprana hora llegó al Reclusorio Oriente.

Mientras tanto, sin mostrar un semblante de derrota o depresión, diríase que imperturbable, Sérpico ve pasar sus últimos días en México con la misma rutina que se estableció desde su internación en agosto de 2000.

Cuando conoció la sentencia de la Corte, el reo se limitó a pedir al director de los centros penitenciarios de esta capital, Héctor Cárdenas, que le asignara mayor vigilancia en el área que ocupa. Y aseguró al funcionario: "lucharé para demostrar que soy inocente de los cargos que me imputan, porque tengo un compromiso con mis hijos".

En la petición, el ex militar argentino y las autoridades carcelarias tuvieron plena coincidencia. Por eso, a partir de que se hizo inminente su extradición a España, además de los dos vigilantes de planta que hay en la zona de alta seguridad que él ocupa se asignó a una pareja más de custodios, que se relevan cada hora. En esa área existen también cámaras de circuito cerrado de televisión que funcionan las 24 horas del día.

Para decretar el traslado de Sérpico a España la cancillería mexicana apegó su decisión a las prescripciones que marcan tanto la Constitución General de la República como el Tratado de extradición y asistencia mutua en materia penal entre México y el Reino de España, así como a la Ley de Extradición Internacional.

En el apartado de conclusiones del expediente que concede la extradición, que fue remitido el miércoles por Relaciones Exteriores al juzgado correspondiente, se especifica que se dejó sin efecto el acuerdo del 2 de febrero de 2000 signado por el ex canciller Jorge G. Castañeda, en el ya se concedía la entrega de Cavallo a la justicia española. Esto porque en el nuevo se eliminó, por determinación judicial, el delito de tortura, uno de los tres por los que era reclamado por la Audiencia Nacional de España.

Por su parte, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Cavallo cuenta con las mismas garantías de seguridad brindadas a todos los internos del Reclusorio Oriente, aunque se mantiene una vigilancia especial por razones obvias.

Ante las preguntas de los representantes de los medios de comunicación sobre las acciones a tomar por parte de las autoridades capitalinas, señaló : "los de la izquierda tenemos una moral, y aunque se trate de un presunto torturador no actuamos de esa manera, no estamos con la tortura, ni física, ni sicológica, confiamos en las leyes y en la justicia". Precisó que la vigilancia y cuidados brindados al ex director del Registro Nacional de Vehículos han sido los adecuados desde su ingreso.

En Buenos Aires, la prensa argentina, que ha dado profusa difusión al fallo de extradición de Cavallo, reportó que el nuevo gobierno de Néstor Kirchner no objetará la decisión de México. Altas fuentes de la cancillería y del Ministerio de Justicia de aquel país aseguraron que no se interpondrá ninguna petición de clemencia para beneficiar al ex represor ni tampoco habrá trabas para evitar que lo juzgue la justicia española.

En Argentina se considera que esta actitud representa un cambio en la histórica posición de las autoridades de ese país de rechazar los pedidos de justicia de otras naciones para extraditar y juzgar a compatriotas acusados de cometer delitos de lesa humanidad durante la sangrienta dictadura que gobernó al país entre 1976 y 198.

Según un cable de la agencia DPA, esta decisión de Kirchner se da a pesar de la oposición de algunos sectores militares, pues significa un cambio en el decreto de territorialidad que había firmado el ex presidente Fernando de la Rúa, según el cual los delitos cometidos en Argentina debían ser atendidos por la justicia local.

Por otra parte, la Dirección de Reclusorios del Distrito Federal informó que desde el pasado día 10 se "tomaron medidas de vigilancia lo más firmes y rígidas posibles para prevenir cualquier hecho que afecte la integridad de Cavallo, ya sea por propia mano o por un ataque de terceros". AM