RUMBO AL 6 DE JULIO

"Elementos de prueba", en las pesquisas de la PGR

Preparan cargos de lavado contra dirigentes petroleros

La UEDO tiene medio año con el caso "en integración"

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La investigación sobre el desvío de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) al PRI, en la campaña de 2000, contiene elementos de prueba que permitirían al Ministerio Público Federal fincar cargos por lavado de dinero contra ex dirigentes priístas, algunos integrantes del equipo del candidato Francisco Labastida Ochoa y los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, revelaron fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, el expediente continúa en "estado de integración" en la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), que desde hace seis meses no ha determinado si se ejercitará acción penal o envía el caso a la reserva, supuestamente porque aguarda elementos que acrediten el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Odette Mobarak, abogada de Romero Deschamps y Aldana Prieto -dos de los principales involucrados en la investigación penal que luego se conoció públicamente como Pemexgate, revelada por La Jornada el 19 de enero de 2002-, aseguró que el pasado miércoles entregó a la UEDO pruebas que "demuestran la total y plena inocencia de los líderes petroleros en todo delito que se les quiera fincar".

Fuentes gubernamentales que han tenido acceso al expediente revelaron que la investigación contra Romero, Aldana y dirigentes priístas, a diferencia de otras en las que se busca establecer si existió el delito tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (operaciones con recursos de procedencia ilícita), no ha sido compartida con la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero.

Respecto al Pemexgate, cuya etapa de investigación penal se inició el 10 de diciembre de 2001, quedan por desahogarse dos averiguaciones previas, una relacionada con lavado de dinero y otra por delitos electorales.

Las indagatorias de la UEDO lograron desde el primer día conjuntar pruebas en las que se identifica a Jorge Cárdenas Elizondo y Alonso Bretón, secretario y subsecretario de Finanzas del PRI en 2000, respectivamente, como parte del entramado que orquestó el operativo para "limpiar" al menos 500 millones de pesos que mediante el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se hicieron llegar desde la paraestatal al tricolor para la campaña presidencial de Labastida Ochoa.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita podría ser aplicable, indicaron las fuentes, a por lo menos tres de los integrantes del equipo de campaña de Labastida, ya que participaron en la transferencia, recolección y distribución del dinero desviado de la empresa.

Los entrevistados, empero, se negaron a proporcionar los nombres de los probables responsables, ya que algunos de ellos gozan todavía de fuero constitucional.

Explicaron, sí, que la PGR podría iniciar un proceso penal en los próximos meses contra algunos ex dirigentes priístas, ya que la entrega de los mil 100 millones de pesos al STPRM en 2000 tuvo lugar a través del esquema de supuestos préstamos y presunto pago de obligaciones laborales, pero según las pesquisas fue mediante procedimientos ilegales y después se trató de ocultar el origen de los recursos con el llamado Sorteo Millonario del PRI y con depósitos en cuentas de comités directivos estatales.

Parte del fundamento legal con el cual se acusaría a priístas y a líderes petroleros por lavado de dinero se localiza en la petición de aseguramiento que la PGR envió a la Corte de Distrito del este de Nueva York, Estados Unidos, en agosto de 2002.

En ese documento, del cual posee copia La Jornada, se asegura que en la orden de aprehensión contra Rogelio Montemayor, ex director de Pemex, y otros ex funcionarios de la paraestatal, queda demostrado que "los diversos delitos de peculado fueron cometidos a través de actos ilícitos por parte de los directivos de la empresa en complicidad con líderes del STPRM".

Como se recordará, entre junio y octubre de 2000 Rogelio Montemayor -detenido en Estados Unidos en espera de que se inicie su proceso de extradición- autorizó la entrega de mil 100 millones de pesos al sindicato petrolero. De esa suma, 640 millones fueron transferidos a la cuenta 00102135752 de Scotiabank Inverlat, y posteriormente a la 6MH21-5309 del Donaldson, Lufkin & Jenrette Securities Corp., donde actualmente están congelados por autoridades estadunidenses a petición oficial mexicana.

Según las investigaciones de la PGR y del Instituto Federal Electoral -que posibilitaron la imposición de una multa por mil millones de pesos al PRI este año-, de los mil 100 millones de pesos que obtuvo el STPRM, 500 millones fueron usados en la campaña de Labastida.

Para ocultar el origen del dinero empleados del PRI, bajo las órdenes de Jorge Cárdenas y Alonso Bretón, realizaron un operativo que concluyó con la entrega de los recursos en la sede del partido. Otra parte fue remitida mediante cheques a esposas de empleados del tricolor como supuestos pagos por premios obtenidos a través del Sorteo Millonario.

En cuanto los documentos eran cobrados por los supuestos ganadores, se les exigía la entrega de los recursos para que se depositaran en cuentas partidistas, en forma de donativos, a la campaña.