OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 101

La educación en la 58 Legislatura

De 51 iniciativas, sólo seis decretos aprobados

Prescolar obligatorio, entre lo más destacado

COMO EN OTROS ASPECTOS de la vida política nacional, en educación el papel del Poder Legislativo ha adquirido relevancia especial. No sólo por la función que desempeña en la aprobación del presupuesto anual de la Federación y consiguientemente de las partidas de gasto del sector; sino principalmente por la posibilidad que tiene para orientar la marcha de la educación a través del trabajo legislativo. Reconociendo esa importancia, nos parece de interés público analizar qué hizo la 58 Legislatura por la educación en los últimos tres años y cuáles son los pendientes que encontrará la nueva Cámara de Diputados.

RESULTADOS. El trabajo legislativo en materia educativa es realizado fundamentalmente por las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, así como por la Comisión de Educación y Cultura de la de Senadores. En el periodo de la 58 Legislatura fueron turnadas, discutidas y promovidas 51 iniciativas en estas comisiones. De ellas, 15 fueron iniciadas por el PRD, 13 por el PAN, 13 por el PRI, dos por el PVEM y una por el PT. Además, seis iniciativas tuvieron su origen en la Cámara de Senadores y una en el Ejecutivo federal. Sólo seis se concretaron en decretos de ley (Fuente: Gaceta Parlamentaria, actualizada al 30 de mayo de 2003).

A LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y tecnológica hacen referencia específica dos de estos decretos. El primero, promovido por la fracción parlamentaria del PAN y posibilita la aplicación de estímulos fiscales para fomentar actividades de ciencia y tecnología al hacer una adición al artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (DOF 13/12/01). El segundo, de mayor trascendencia y promovido por el actual Ejecutivo federal, dio lugar a la nueva Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (DOF 05/6/02). Algunos de sus principales cambios, como se destaca en el decreto correspondiente, se refieren a aspectos de planeación (creación de diferentes estructuras de apoyo a la actividad), presupuesto (se creó un ramo presupuestal para ciencia y tecnología) y de mayor capacidad de coordinación y autonomía para el Conacyt.

LA CONTROVERTIDA REFORMA sobre la obligatoriedad del nivel prescolar fue el tercer decreto aprobado. La iniciativa, promovida por el PAN y apoyada por el resto de las fracciones, implicó adiciones a los artículos tercero y 31 constitucional. De acuerdo con el decreto, impartir educación prescolar ya es una obligación para el Estado, quien debe determinar planes y programas de estudio, así como otorgar reconocimiento de validez oficial a los estudios que se lleven a cabo en planteles particulares que cumplan con los requisitos establecidos

SEGUN LOS ARTICULOS transitorios del decreto será efectiva la educación prescolar obligatoria en los siguientes plazos: en el tercer año de prescolar, a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año de prescolar, a partir del ciclo 2005-2006; y el primer año de prescolar, a partir del ciclo 2008-2009 (DOF 12/10/02). A pesar de lo que establece la norma, se ve difícil que se cumplan los plazos previstos por varias razones: la necesidad de formar personal docente especializado que atienda el nivel, el volumen de recursos que se necesitan para generar la infraestructura requerida, así como por la disposición de las familias de enviar a los niños a la escuela desde los tres años, entre otras.

EL CUARTO DECRETO se refiere a la iniciativa impulsada por el Senado para reformar dos artículos de la Ley General de Educación, a fin de incorporar y reconocer a la ecología como un elemento esencial para el desenvolvimiento del individuo y la sociedad -artículo 7º fracción xi- y para que las autoridades educativas locales pongan a consideración y, en su caso, autorización de la SEP, contenidos regionales que permitan que los educandos adquieran mejor conocimiento de los aspectos propios de la entidad y municipios respectivos -artículo 48- (DOF 30/12/02). La reforma se limita a enunciados generales; habrá que esperar a que se concreten efectivamente en los programas y en el contenido de los libros de texto.

EL QUINTO DECRETO, referido a reformas sobre el financiamiento educativo, en el nuevo artículo 25 de la Ley General de Educación establece que "el gobierno federal destine 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) a las tareas educativas a más tardar en 2006" (DOF 30/12/02). Ya hemos analizado anteriormente el origen de la iniciativa, la intervención de las distintas fracciones y las dificultades para alcanzar la meta decretada (Comunicados 90 y 91).

LA LEY GENERAL DE DERECHOS Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, creada a partir de uno de los decretos más recientes, y promovido por el PRD, se-ñala la responsabilidad para las autoridades educativas federales y estatales de garantizar que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, fomentándose, asimismo, en los niveles medio y superior, la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos (artículo 11).

ESTA NORMA TAMBIEN REFORMA el artículo séptimo, en su fracción IV, de la Ley General de Educación al reconocer la pluralidad lingüística de la nación y la garantía para que los hablantes de lenguas indígenas tengan acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español (DOF 13/3/03). De acuerdo con sus artículos transitorios habrá que esperar que el Consejo Nacional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se constituya efectivamente dentro de los seis meses siguientes y que se cuente, en un plazo de dos años, con el personal capacitado para emprender las tareas previstas.

DECRETOS QUE COMPLEMENTAN lo realizado por las comisiones de educación y ciencia son la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Comunicado 86), firmada por el presidente Vicente Fox el 9 de junio de 2003, y el decreto de Ley General de Cultura Física y Deporte (DOF 24/2/03), el cual señala varias responsabilidades para la SEP en términos de la supervisión, fomento y coordinación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (artículo 29), sin duda uno de los asuntos más descuidados del sistema educativo nacional.

PENDIENTES. Algunos asuntos dictaminados por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos fueron turnados al Senado y probablemente serán desahogados en la siguiente Legislatura. Principalmente, el decreto que reforma y adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación, para sancionar a instituciones que no acepten en sus planteles a niños con alguna discapacidad; el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Depósito Legal para que la Biblioteca Nacional y el Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión conserven al menos dos publicaciones de todo el material editado (en cualquier soporte) en México; y el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos: séptimo (para que la educación que imparta el Estado promueva, entre otros, el valor de la justicia y propicie el conocimiento y respeto de los derechos humanos -fracción VI); octavo (para que el Estado promueva la generación de una cultura de calidad permanente en los procesos educativos -fracción IV); 31 (para que las autoridades educativas den a conocer los resultados de las evaluaciones que realicen) y 56 de la Ley General de Educación (para que las autoridades educativas publiquen la relación de instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios).

OTRAS REFORMAS PENDIENTES que aunque fueron consideradas en las comisiones, conciernen a la educación superior: la ley de educación superior (que no existe), la adición al artículo tercero constitucional en materia de fortalecimiento de la educación pública superior y la reforma a la normativa de profesiones. Esta ausencia de una norma general, que regule a las instituciones públicas y particulares que ofrecen el servicio, subyace en varios de los conflictos y debates universitarios de los últimos años: baste mencionar temas como la gratuidad de la universidad pública, el alcance de la autonomía, la supervisión académica de las universidades privadas, la acreditación de programas y profesionales, la liberalización del sector en el marco de los acuerdos de libre comercio, entre otros.

LA RESTRUCTURA DE LA SEP, la formalización del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el Sistema Nacional de Evaluación, la reforma de los Consejos de Participación Social, la reforma de las normales, la autonomía del IPN, las implicaciones legales de los acuerdos del Compromiso Nacional por la Calidad de la Educación, entre otros temas, quedan pendientes al trabajo de la próxima Legislatura.

LA ACTIVIDAD DE LA LEGISLATURA actual está por concluir y las opiniones sobre su desempeño son variadas. Existen distintas apreciaciones sobre la eficiencia y eficacia de esta Legislatura, sobre su renuencia, para algunos o resistencia, para otros, a apoyar reformas que faciliten los proyectos de política pública planteados por el Ejecutivo federal; sobre la duración de los periodos laborales y los salarios de los legisladores, entre otras.

EL PROXIMO MES SERAN las elecciones para renovar la Cámara de Diputados y quizá uno de los factores que tomarán en cuenta los ciudadanos al votar sea su valoración sobre el trabajo realizado por los diputados salientes. La tarea legislativa es un rubro que merece especial atención para entender la solvencia jurídica y política de la agenda nacional de educación, sobre todo porque ninguna de las fuerzas políticas tendrá el poder de tomar decisiones sin negociar antes con los partidos representados en la Cámara de Diputados.

INTERROGANTES. ¿A través de qué medios recogen los diputados las necesidades educativas de la sociedad y cuál es en la agenda legislativa su orden de prioridades?

¿SE DA CONTINUIDAD y seguimiento a la aplicación de propuestas educativas decretadas? ¿Debiera el mismo Congreso establecer un órgano de seguimiento y evaluación de sus decretos?

¿SE BUSCA ARMONIZAR las propuestas legislativas con el contenido del Programa Nacional de Educación? ¿Po-drían encontrarse mecanismos más eficaces para que se abran camino las propuestas razonables de otros actores involucrados en la educación

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