En su primer día en el estado, no descarta entrevistarse con miembros del EZLN

Stavenhagen dice estar preocupado por la militarización en Chiapas

El relator de la ONU buscará dialogar con comunidades asentadas en Montes Azules

ANGELES MARISCAL, JUAN BALBOA Y ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSALES

El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para derechos humanos y libertades públicas de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, dijo estar preocupado por la militarización que se vive en Chiapas. Al iniciar este miércoles un recorrido por esa entidad, anunció que buscará dialogar con las comunidades asentadas en la reserva de la biosfera de Montes Azules y no descartó hacerlo con representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Durante su primer día en Chiapas, Stavenhagen se entrevistó con el gobernador Pablo Salazar y con el jefe de la séptima Región Militar, Mario Pedro Juárez Navarrete. Además lo recibió el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Raúl López, y grupos campesinos e indígenas le entregaron cartas, entre ellas una de los 89 habitantes de Chenalhó actualmente presos por su presunta participación en la masacre de Acteal. Acompañado por la titular de la Oficina de la Presidencia para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez, el relator manifestó su preocupación ante denuncias que recibió sobre la militarización en zonas indígenas chiapanecas.

Si bien se negó a profundizar en sus primeras impresiones en torno a la situación de los pueblos indios de Chiapas, Stavenhagen adelantó que buscará entrevistarse con habitantes de comunidades ubicadas en Montes Azules, sobre quienes pesan amenazas de desalojo.

La primera entrevista que sostuvo el relator fue con el gobernador Salazar, con quien dialogó durante más de tres horas y al final le entregó un documento de 36 páginas acerca de los aspectos positivos que habría emprendido la actual administración estatal en favor de los pueblos indios. "El gobierno (de Chiapas) ha demostrado absoluto respeto a la lucha del zapatismo. Está empeñado en que la constante sea el diálogo en vez de la violencia", se indicó en el escrito, en el cual además se reseñó la liberación de los llamados presos zapatistas.

El documento, asimismo, destacó el reconocimiento a la existencia de unos 10 mil desplazados de 17 municipios y la problemática de Montes Azules, a la que se calificó de "delicada" por la politización del conflicto y la existencia de organizaciones con influencia en la región, entre ellas el EZLN.

A continuación, Stavenhagen se reunió con el ombudsman de Chiapas, Pedro Raúl López, quien le expuso las "denuncias constantes" sobre la existencia de grupos paramilitares en regiones donde habitan desplazados. Además le presentó la situación de más de 30 mil indígenas chamulas que han dejado sus comunidades a partir de 1970 por intolerancia religiosa.

Asimismo, el titular de la CEDH expuso a Stavenhagen las denuncias sobre militarización y el creciente número de cuarteles, campamentos y bases que se han instalado en torno a comunidades indígenas. López señaló que el gobierno federal ha emitido "al menos" 15 decretos expropiatorios "para despojar tierras a los indígenas" e instalar en ellas campos militares.

Planteó al relator que se han aplicado operativos policiacos "violentos orquestados por el gobierno de Salazar en los municipios de Marqués de Comillas Ixtapa en enero de 2001 y julio de ese mismo año; en Puerto Madero, en 2002, y en Venustiano Carranza y Villa Las Rosas en este año".

Por la tarde, Stavenhagen se dirigió al cuartel general de la séptima Región Militar, donde -anunció- pediría al general Mario Pedro Juárez Navarrete información sobre el papel que juega el Ejército en Chiapas.

Por su parte, organismos civiles y defensores de derechos humanos anunciaron en San Cristóbal de las Casas que plantearán a Stavenhagen temas como el incumplimiento de los acuerdo de San Andrés, firmados por el gobierno federal y el EZLN el 16 de febrero de 1996.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que proporcionará al relator información acerca de "la situación de guerra y militarización, las condiciones de vida de los desplazados por la guerra, así como el rechazo a la ley indígena aprobada por el Congreso de la Unión" en abril de 2001.