También será confidencial el presupuesto de los grupos parlamentarios

Se reservarán diputados datos del rescate bancario

ROBERTO GARDUÑO

Al entrar en vigencia la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Cámara de Diputados aún no integra el Comité de Información y las unidades de enlace. Inclusive, trascendió que los temas relacionados con el rescate bancario y los presupuestos de los grupos parlamentarios serán clasificados como confidenciales.

La información más relevante que se publica en la página de Internet de esta cámara se refiere a las cantidades asignadas a las fracciones de todos los partidos. No obstante, lo único que aparece son los números de las cuentas bancarias y el nombre de las instituciones de crédito donde se depositan los recursos.

Los órganos de gobierno de San Lázaro deberán coordinar en los próximos meses los trabajos del Comité de Información, en el que se definirán los temas asequibles a la población. Pero no se incluirá todo lo relacionado con el trabajo parlamentario.

Falta establecer si el destino de los datos generados durante el rescate bancario serán las bóvedas de seguridad instaladas en el Palacio Legislativo o si se incluirán en la información de Internet.

En tanto, aún no hay visos de que se incluyan los listados de asistencia de los legisladores a las sesiones ordinarias ni a las de comisiones. Tampoco se ha considerado sacar a luz los emolumentos y dietas que perciben los diputados cada mes. Ni se tiene previsto dar a conocer los presupuestos de los grupos parlamentario y mucho menos la forma en que éstos gastan esos recursos.

José Antonio Magallanes, diputado por el PRD y miembro de la Comisión de Vigilancia, aseguró que los órganos de gobierno en San Lázaro prevén mantener bajo la clasificación de confidencial los datos y documentos generados durante el rescate bancario de 1995.

Manifestó que no existen resquicios para informar a la ciudadanía sobre los contenidos de los expedientes del Fobaproa, en los que se relata la historia del salvamento financiero de cada una de las instituciones de crédito, inclusive de las ya inexistentes Cremi, Banoro y Unión.

Miguel Barbosa Huerta, también diputado perredista, consideró inválido el argumento sobre la retroactividad de la ley: "No compartimos el criterio de que sea así. La aplicación de la garantía constitucional de no retroactividad de la ley debe analizarse de manera profunda, porque a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. La entrega de información no es perjudicial ni agravia el ámbito jurídico de ninguna persona, porque estamos hablando de información que se genera en el ejercicio del poder público y, por lo tanto, es información gubernamental.

Al preguntarle al diputado Barbosa sobre las sanciones establecidas en la ley para quien viole la legislación aludida, respondió que no existen sanciones y éstas tienen que ver con las responsabilidades de los servidores públicos, por eso debemos "modificar esos ordenamientos".