Defensores de las víctimas solicitan al gobierno mexicano "extremar" precauciones

Seguridad de Cavallo, temor en España

El fallo de la Corte cierra el círculo que quedó incompleto en el caso Pinochet, opinan

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 11 de junio. Con una petición y un alud de elogios y beneplácitos a las actuaciones de la justicia y del gobierno mexicanos, los abogados que representan en España a las víctimas de la represión de la dictadura argentina comparecieron ante los medios de comunicación, un día después del histórico fallo judicial que convalidó la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, Sérpico, para ser juzgado en la Audiencia Nacional por los delitos de genocidio y terrorismo.

La petición es que el presidente de México, Vicente Fox Quesada, ordene que se "extremen" los mecanismos de seguridad para evitar que el detenido, también conocido por el alias de Marcelo, sea asesinado durante su reclusión, ya que "hay mucha gente a la que no le interesa que se someta a juicio".

Los abogados de la causa particular y popular en el proceso abierto contra las juntas militares argentinas (1976-1983) en el juzgado de instrucción número 5 -encabezado por Baltasar Garzón-, Carlos Slepoy, Manuel Ollé y José Luis Galán, coincidieron en calificar de "histórico", "sin precedente" y "un hito en el derecho internacional" el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de México.

Es un fallo que "cierra el círculo de la justicia universal, que quedó inconcluso con el fallido proceso contra el ex dictador chileno, Augusto Pinochet", dijo Slepoy, abogado argentino que también fue víctima de la represión de la dictadura.

Después de recordar que el proceso contra los militares argentinos se inició en 1996, cuando el entonces presidente de la Unión de Fiscales Progresistas, Carlos Castrena, presentó la primera querella ante el juzgado de Garzón, Slepoy explicó que la extradición se aplica en virtud del principio de jurisdicción universal en la persecución de los crímenes contra la humanidad.

"La idea es que para aquellos crímenes que no tienen fronteras, la persecución tampoco las tiene; el territorio en el que se cometen estos delitos es el mundo y esto es lo que pone de manifiesto el procedimiento judicial que se ha abierto en España. Además, el fallo no tiene antecedentes históricos, porque en este caso otro país en el que tampoco se han cometido los crímenes, México, prestó el auxilio judicial, y en virtud de las normas internas e internacionales vigentes acordó la extradición.

"Por ende, significa un salto extraordinario en la concepción de lo que debe ser la persecución de los crímenes contra la humanidad, ya que la naturaleza de estos delitos es lo que determina el carácter universal de la jurisdicción."

Pero los abogados también dejaron de manifiesto su preocupación por la seguridad de Sérpico, ya que una vez extraditado podría abrir "la caja de los truenos" sobre lo que ocurrió en los años oscuros de la represión.

"Sabemos que Cavallo es una persona muy simbólica y cuando pedimos al gobierno mexicano que extreme la seguridad del detenido, estamos pensando en que hay mucha gente a la que no le interesa que sea sometido a juicio. Porque él puede eventualmente decidir en un juicio cuestiones que están pendientes, por descubrirse, y que pudieran llevar a una situación límite. Estoy hablando de datos sobre desaparición forzada de personas, de archivos, registros, participación de gente, etcétera", señaló Slepoy.

Los abogados, que también participaron en el proceso contra Pinochet, recordaron que este esfuerzo fracasó por "razones políticas" y por la actitud del gobierno británico, encabezado por el laborista Anthony Blair.

"Impidió que el ex dictador fuera extraditado o, en su defecto, juzgado en Gran Bretaña, como ordenaban los tratados internacionales; pero en este caso la decisión política del gobierno mexicano nos garantiza que la extradición se va a hacer posible y, por otro lado, se cierra el círculo de la justicia universal, que estaba precedido por el de la impunidad.

"Pero la extradición de Cavallo le da la vuelta a la tortilla y constituye un mecanismo ejemplar de cómo es posible ayudar a los pueblos y a los jueces de aquellos países que no pueden hacer justicia por amenazas, coacciones, etcétera", declaró el defensor.

Cavallo, quien podría ser condenado a miles de años de presión al estar vinculado a 227 casos de desaparición forzada y 110 de secuestros, podría ser entregado a la policía española "en un mes", tiempo que se requiere para cumplir con los formalismos de la ejecución de la sentencia. Slepoy explicó que la decisión "honra a la justicia mexicana y constituye un espaldarazo" a la Audiencia Nacional de España y a la actuación del juez Baltasar Garzón en esta causa.

"Es sin duda alguna un fortalecimiento al derecho internacional, tantas veces proclamado en tantas resoluciones y convenios internacionales, pero tantas veces mancillado. Esta es una reparación para los seres humanos y una idea de la humanidad diferente a la que estamos acostumbrados a recibir."

La única crítica que esgrimieron los juristas a la sentencia fue la restricción a que Cavallo sea juzgado también por tortura. "Conceptualmente es un gravísimo error, porque en Argentina se cometió ese delito de forma sistemática, generalizada y planificada contra miles de personas; por tanto, pasaría a la categoría de crimen contra la humanidad y por tanto es imprescriptible", expuso.

El abogado español Manuel Ollé destacó por su parte que la resolución significa el triunfo de la justicia después de tantos "desgraciados testimonios" escuchados día tras día y año tras año ante el juzgado de instrucción número 5. "Es también un homenaje a los más de 30 mil desaparecidos en Argentina, de los que el propio Cavallo fue en gran parte responsable".

Ollé también exaltó la actuación de la justicia mexicana, al sostener que se trata de "una gran lección que se está dando a todo el mundo", especialmente a América Latina, en una apuesta por la justicia del mundo. "Es la decisión más importante en materia de derecho penal internacional, porque se ha demostrado que sin cortapisa es posible y eficaz que la justicia en el orbe sea una realidad", agregó.

En tanto, el abogado José Luis Galán agradeció a las organizaciones mexicanas de defensa de los derechos humanos que desde el primer momento han estado apoyando la extradición, al tiempo que descartó "posibilidad judicial alguna" que impida que Cavallo sea finalmente juzgado por los crímenes que se le imputan.

"No hay posibilidad legal alguna para que se pueda obstaculizar el juicio, aunque todos sabemos que éste no es agradable a los poderes públicos españoles; cabe pensar en todo tipo de presiones, que de hecho llevamos en estos años, sobre todo la presión negativa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional desde el inicio del procedimiento, que no ha parado de poner palos en las ruedas de la justicia."

El proceso judicial contra Cavallo podría coincidir con el del también represor militar argentino Adolfo Scilingo, detenido en España desde hace dos años a la espera de juicio.

En cuanto a la identificación del patrimonio del represor argentino, quien durante el gobierno en México de Ernesto Zedillo fue nombrado director del Registro Nacional de Vehículos, Slepoy explicó: "No se sabe exactamente cuál es. Lo que sí se conocen son las diversas sociedades que se han creado en una red de la que Cavallo formaba parte, la mayoría dedicadas a la documentación. Es un personaje paradigmático en el sentido de que cumplió todos y cada uno de los roles que tuvieron quienes hicieron la represión: fue un oficial operativo, que se dedicaba al secuestro, pero también fue de inteligencia, es decir, que aplicaba las torturas.

"Dirigió y participó en la infiltración en grupos de derechos humanos de distintos países del mundo; en el expolio económico de las víctimas y se dedicó a la falsificación de documentos. A partir de ahí y de las conexiones de la dictadura argentina con otras de América, como Guatemala, Honduras o El Salvador, montó las sociedades que se podrán investigar con el juicio. Pero en este momento todavía no están determinados."

Este patrimonio podría servir para garantizar la indemnización que se destinara a las víctimas de la represión.