Programa de separación contempla eliminación de 35 mil plazas

Retiro voluntario y actas administrativas, bases para disminuir nómina de burócratas

FABIOLA MARTINEZ

El gobierno foxista "inauguró" una forma de reducir la plantilla de trabajadores al servicio del Estado a través de un ambicioso programa de separación voluntaria y, en especial, con una etapa de despidos sustentados en actas administrativas en contra de personal de base sindicalizado.

De acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deben eliminarse al menos 5 mil plazas en las secretarías y organismos de la administración pública federal. Además, se espera una reducción de por lo menos 35 mil puestos, por la vía del Programa de Separación Voluntaria, el cual cerró su primera etapa el 31 de mayo.

Hasta el momento, la SHCP no ha informado el saldo final del recorte -por ambas vías- y, ante la petición de una entrevista con el titular del servicio civil de esa dependencia, Jorge Delgado, sus voceros responden que "de un momento a otro" darán a conocer los números finales del proceso.

Mientras tanto, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) continúa en silencio frente a la ola de despidos en dependencias como Economía, Agricultura, Reforma Agraria, Trabajo y la propia Hacienda, entre otras, y en cambio, negocia apoyos con el gobierno que puedan compensar el pago de impuestos en las prestaciones que deberán aplicarse a los empleados públicos, según resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La etapa actual de despidos se evidencia en la coordinación general del Programa Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (Fonaes), dependiente de la Secretaría de Economía, donde un grupo de empleados denunció que han sido "corridos de manera arbitraria" 50 trabajadores y alrededor de 180 se acogieron al programa de separación voluntaria, algunos de ellos "bajo presión".

La mayoría del personal afectado es sindicalizado, al que se acusa de haber cometido una o varias faltas administrativas que supuestamente derivan en el despido automático. "Sólo nos informan a través de una carta el artículo de la ley burocrática que supuestamente transgredimos pero sobre todo se encargan de repetirnos que al irnos de Fonaes nuestra plaza desaparecerá".

Trabajadores, impulsores también de un sindicato alterno y autónomo al de la Secretaría de Economía, afirmaron que tras la entrega de las misivas oficiales, con fecha 30 de mayo, se perderán 230 de las cerca de 800 plazas totales con las que cuenta esta coordinación.

"Los están corriendo con el pretexto de haber cometido faltas administrativas y por ello se van sin un quinto, nada de liquidación, aunque luego se contradicen e informan que el recorte es por la reducción presupuestal, porque tienen que cumplir con el mandato de la Secretaría de Hacienda de eliminar plazas", señaló Rocío Ortuño Arcineaga, dirigente del sindicato independiente de Fonaes, con registro en trámite.

Ante los reclamos de aquellos a los que no se puede comprobar ninguna falta, el organismo que dirige Gerardo Aranda asegura que el recorte "seguirá al azar".

Con la intervención del sindicato en ciernes se logró la promesa de los funcionarios de reinstalar a cuatro personas, "aunque la injusticia es general. Les están levantado cargos falsos y actas administrativas porque tienen la orden de reducir la plantilla".

Incluso los casos se presentan en empleadas que en el momento de redactar la carta de despido se encontraban de incapacidad, como es el caso de Rosicelia Silvia Muñoz, de Fonaes Oaxaca, quien dos días antes de que concluyera su permiso por enfermedad fue requerida por la oficina de personal para informarle del recorte.

Por lo pronto, los funcionarios de Fonaes advirtieron a Ortuño que el recorte continuará y que "en los hechos ya no podía abogar por nadie. Me advirtieron además que si seguía haciendo 'escándalo' echarían para atrás los endebles acuerdos para la reinstalación de cuatro trabajadores".

Sin embargo, comentó, no abandonaremos esta lucha y presentaremos las demandas necesarias por despido injustificado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. "Actuaremos solos porque esta situación parece no preocuparle a la FSTSE y mucho menos a los funcionarios".