El edil los acusa de revocarle derecho de cobrar por la emisión de licencias para conducir

Ante la SCJN, queja del municipio de Calvillo contra Congreso y gobierno aguascalentenses

Es la primera controversia en la historia del estado; la meta es lograr autonomía: Ortiz Macías

CLAUDIO BAÑUELOS CORRESPONSAL

Calvillo, Ags., 7 de junio. El ayuntamiento de esta localidad, encabezada por el priísta Jesús Ortiz Macías, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra el Congreso y el gobierno estatales, derivado de que la Legislatura revocó el derecho del municipio a cobrar por la emisión de licencias para conducir, medida que había aprobado en la Ley de Ingresos de 2003.

Francisco Martínez Delgado, secretario municipal de Seguridad Pública y Vialidad de esta comunidad, que cuenta con cerca de 60 mil habitantes, mostró la demanda 27/2003, recibida por Javier Aguilar Domínguez, secretario general de Acuerdos de la SCJN, cuyo caso está siendo instruido por el ministro Juan Silva Meza.

Recordó que el 28 de diciembre del 2002 la Legislatura estatal aprobó por 26 votos a favor y una abstención la Ley de Ingresos para el municipio, incluido el capítulo 14 que autoriza la emisión y cobro de las licencias para conducir, la cual se publicó en el periódico oficial del estado, por lo que a partir de la tercera semana de enero la disposición comenzó a hacerse efectiva.

Sin embargo, la Comisión Permanente la rechazó y el periódico oficial publicó el 24 de febrero la revocación de ese derecho, "por lo que consideramos que este órgano abrogó de un plumazo el capítulo 14 de la Ley de ingresos del ayuntamiento de Calvillo, cuando legalmente no tiene facultades para hacerlo".

Dijo que de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, en lo que se refiere a las funciones de los municipios, que los acredita para regular la seguridad pública y el tránsito vehicular en sus localidades, se determinó impugnar la modificación que efectuó la Comisión Permanente que en ese momento estaba encabezada por el panista Jesús Martínez González, "porque legalmente no tiene facultades para hacerlo", insistió.

Agregó que de acuerdo con la Constitución local, la Comisión Permanente del Congreso estatal está facultada para admitir iniciativas de ley o presentarlas, así como el darles trámite, pero no pueden modificarlas; "es ahí donde nosotros sabemos que llevamos las de ganar", apuntó.

Aseveró que en lo que constituye la primera controversia constitucional en la historia de Aguascalientes, lo que se pretende es que se logre la autonomía de los ayuntamientos, puesto que es difícil que la Federación y el estado logren regular a cerca de 2 mil 500 municipios en todo el país cuando están centralizando los recursos humanos y monetarios".

Explicó que la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN, les dio 30 días hábiles de plazo a las partes demandadas para que respondan, cuya fecha se venció el 27 de mayo, "y en esta semana a más tardar estamos por recibir la respuesta de los denunciados".

Martínez Delgado se mostró confiado en ganar el juicio, luego que el 27 de mayo pasado se emitió una resolución por parte de la SCJN en el que se indica que los municipios de Lerma y Toluca, en el estado de México, así como Ciudad Hidalgo, Michoacán, recibieron el fallo de ejercer el control del tránsito vehícular y el transporte público, ya que es una función que tienen que regular los ayuntamientos.