El instituto advierte que no reconocerá los créditos irregulares

Presión para avalar deuda por $45 mil millones

ANTONIO CASTELLANOS Y ROBERTO GONZALEZ AMADOR

Los cuatro bancos involucrados en operaciones irregulares durante el rescate financiero de 1995 aumentaron la presión al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para dar por terminada la disputa y que el organismo avale una deuda irregular calculada en 45 mil millones de pesos.

"Afortunadamente las presiones no han prosperado. La administración del IPAB tiene claro que no avalará los créditos transferidos irregularmente al rescate bancario", confió a La Jornada una fuente de alto nivel del IPAB que confirmó la existencia de presiones tanto del gobierno federal como de los bancos involucrados (Banamex, BBVA Bancomer, Bital y Banorte) para que la deuda no sea devuelta a las instituciones de crédito.

Todo forma parte de la controversia iniciada hace unas semanas, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, aseguró en el informe de la cuenta pública de 2001 que los cuatro bancos señalados habían transferido al rescate bancario operaciones irregulares por 45 mil millones de pesos, por lo cual estas obligaciones no deberían ser asumidas por el IPAB y tendrían que ser regresadas a los bancos.

El IPAB respondió que la deuda por 45 mil millones sólo sería avalada después de que fueran realizadas auditorías sobre la legalidad de esas operaciones, salvedad prevista en la ley del organismo. Los cuatro bancos interpusieron amparos para que no les fueran devueltos los créditos. El proceso legal está en marcha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La polémica, que tiene como protagonistas al Congreso, el Ejecutivo federal, el IPAB y los bancos, involucra un nuevo cuestionamiento sobre la legalidad del proceso de rescate bancario establecido por el gobierno del ex presidente Ernesto Zedillo en 1995 durante la peor crisis financiera sufrida por el país.

Esta semana, el diario británico Financial Times destacó que "la disputa política" amenaza la solvencia de los bancos extranjeros que operan en México y que, precisamente, se hicieron de la propiedad de las instituciones de crédito locales a consecuencia de la crisis.

Uno de los funcionarios de más alto nivel del IPAB consideró que la disputa, en todo caso, es por la legalidad y transparencia con que deben operar las instituciones en México. "Lo que debe hacerse es cumplir la ley y la ley dice que los créditos deben ser revisados antes de ser avalados por el IPAB. Ese es el único punto", comentó a La Jornada.

El tema no dejaría de ser una controversia más si no fuera por los recursos públicos involucrados y por el efecto que causa en la situación financiera de los bancos.

Ahora, los bancos tienen en sus activos bonos emitidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), sin los cuales su capital se reduciría en al menos 20 por ciento, lo que los colocaría en una situación de bancarrota.

Los bonos emitidos por el Fobaproa deben ser cambiados por papeles avalados por el IPAB, los cuales comenzarán a vencer en 2005. Por tanto, para cubrir esos vencimientos, el gobierno federal deberá solicitar el próximo año, durante la discusión del presupuesto para 2005, la asignación de una partida para hacer frente a esas obligaciones.

Como parte de ese mecanismo, los bancos deberán recibir 176 mil millones de pesos en 2005 y, para los siguientes cinco años, otros 280 mil millones de pesos. Según Phil Guarco, analista de Moody's, citado por Financial Times, sólo Banamex -controlado por Citigroup- deberá recibir 53 mil millones de pesos en 2005, cantidad que equivale a 10 por ciento de sus préstamos totales.

Un punto de acuerdo presentado por tres diputados del Partido Revolucionario Institucional en la Comisión Permanente del Congreso el 28 de mayo, y que actualmente está en estudio, propone que el IPAB y las instituciones bancarias "convengan la ampliación del plazo de los instrumentos de pago y demás características de dichos títulos, con objeto de evitar que los títulos presionen la deuda interna", que, sin contar los pagarés del rescate bancario, ya alcanza 859 mil millones de pesos.