No podrá conocerse con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, señala

Clasifica el IPAB de confidencial el rescate bancario, denuncia el PRD

La deuda asciende a $921 mil millones; sí se conocerán los jugosos sueldos de los funcionarios del instituto Arguye que la difusión de ese proceso dañaría la estabilidad económica del país

ROBERTO GARDUÑO

La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, en vigor a partir del presente mes, no funcionará como herramienta para conocer el rescate bancario porque el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) recurrió al secreto bancario para clasificar como "reservados y confidenciales" gran cantidad de temas y documentos clave que expliquen el endeudamiento del pueblo de México, cuyo monto asciende a 921 mil millones de pesos, señala una denuncia que harán pública senadores y diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

De la soterrada información que alienta el IPAB se alcanza a detectar una política establecida en las 15 direcciones generales, cuatro secretarías adjuntas, la secretaría ejecutiva y la junta de gobierno del IPAB, para impedir que se conozca la información más trascendente del rescate. En ésta se encuentran los resultados de las auditorías a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, las cuales forman parte del ordenamiento expresado en el artículo quinto transitorio de la ley del instituto; no obstante a la fecha se encuentra congelada debido a un amparo promovido por los propietarios de los cuatro bancos en cuestión.

El trabajo de revisión y denuncia de las anomalías ocultas en el rescate de los bancos -cuyo costo fiscal lo deberá pagar irremediablemente el erario público- lo encabezan el senador Jesús Ortega, el diputado José Antonio Magallanes y el analista económico del PRD en el Legislativo, Mario Di Costanzo. En ese proceso de revisión se descubrió que los temas relativos a los programas de saneamiento, apoyos financieros a las instituciones bancarias, libros blancos y los programas de capitalización y compra de cartera, son catalogados como confidenciales.

Además, también, lo seguirán siendo muchos de los procedimientos para la determinación de las cuotas que los bancos pagan al IPAB por concepto del "seguro de depósito".

Los temas y documento catalogados como reservados y confidenciales son los que han incidido de manera directa en el costo fiscal del rescate bancario, porque los programas de saneamiento constituyen casi 75 por ciento del salvamento y los de capitalización y compra de cartera representan aproximadamente 20 por ciento.

En esos temas, el IPAB ha recurrido al secreto bancario, y en otros ha señalado que "forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos y su difusión podría dañar la estabilidad económica del país". Bajo este principio, las actas de entrega del Fobaproa al IPAB, y las actas de las sesiones de la junta de gobierno del instituto continuarán siendo un misterio.

Mario Di Costanzo manifiesta la urgencia de abrir esa información, porque "conocer la verdad, reducir el costo del rescate bancario y el castigo a los culpables nunca podrá amenazar la estabilidad del país. Para todos los mexicanos ha resultado absurdo que se haya vendido Bancrecer en mil 650 millones de pesos, aun cuando su saneamiento costó poco más de 100 mil millones de pesos, por lo que a todos nos gustaría conocer cómo fue que se acordó su proceso de saneamiento y, más aún, cómo es que se llegó a la decisión de venderlo en menos de 2 por ciento de lo que nos costó sanearlo".

Y es que el IPAB ha catalogado de confidenciales y reservados los siguientes temas y documentos: saneamientos financieros, programas de capitalización y compra de cartera, administraciones cautelares, proceso de saneamiento, liquidación o apoyo financiero a las instituciones, apoyos financieros de las instituciones, programas de saneamiento, libros blancos, derechos patrimoniales de títulos de crédito, instrumentos de deuda, acciones o partes sociales donde IPAB participe, actividades relacionadas con las condiciones contractuales de los programas de capitalización, saneamiento y administradoras y seguimiento de las gestiones de recuperación y administración de los bienes derivados de los programas de capitalización y Lo que sí dará a conocer el IPAB en su página de transparencia de la información y a solicitud expresa son los montos de los sueldos de los funcionarios del instituto, que son muy elevados para las percepciones promedio nacional. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información sólo permitirá conocer las cantidades de esos emolumentos -sin cuantificar prestaciones y aguinaldos-, pero no abrirá la información documental de lo que provocó la deuda más grande del país, que representa comparativamente 90 años de presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México o 180 años de los recursos destinados al combate pobreza.

De acuerdo con la información publicada por el IPAB, la nómina anual de sus mandos superiores asciende a 116 millones 625 mil 763 pesos: los vocales, el secretario ejecutivo y los secretarios adjuntos ganan más que el propio Presidente de la República. Si el salario mínimo mensual es de aproximadamente mil 250 pesos, un vocal del IPAB y el secretario ejecutivo perciben casi 300 salarios mínimos al mes.

La nómina anual de los mandos superiores del IPAB es equivalente a incorporar por todo un año a 16 mil 198 personas de la tercera edad si se aplicaran los criterios del programa establecido en el Distrito Federal. Y ganan más que el Presidente y los secretarios de Estado.

A la fecha, cada uno de los seis vocales del instituto percibe al mes, 207 mil 991 pesos; el secretario ejecutivo también recibe ese mismo sueldo; también en nómina, cada uno de los cuatro secretarios adjuntos gana 176 mil 682 pesos.

Los 15 directores generales ganan 168 mil 861 pesos cada uno; los 15 directores generales adjuntos, 147 mi 564 mil pesos, y los 30 directores de área, 93 mil 658 pesos.