Ni políticos ni militantes del PRD acudieron este año a la ceremonia

Olvido, a 5 años de matanza de El Charco

La sobreviviente Erika Zamora Pardo pide a la CNDH desmentir la versión militar

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

El Charco, Ayutla de Los Libres, Gro., 7 de junio. A cinco años de la matanza de 11 indígenas tlapanecos y mixtecos en esta pequeña comunidad de la sierra, el único cambio habido es que sus habitantes ya cuentan con energía eléctrica y un albergue del ahora desaparecido Instituto Nacional Indigenista, que comenzará a funcionar en septiembre.

Como si el olvido cayera sobre los caídos, sólo dos viudas de los asesinados estuvieron presentes en la capilla y en el cortejo que alrededor de 200 personas hicieron y que concluyó en la escuela primaria Caritino Maldonado, donde dormían los indígenas que fueron acribillados por soldados y que ahora muestra en sus paredes cacarizas los orificios dejados por las balas.

Las mujeres asistentes a la liturgia fueron Catalina Leobardo Félix, viuda de Fernando Félix, originario de Ocote Amarillo, asentamiento mixteco cercano a El Charco, y Margarita Joaquina Castro, viuda de Mario C. García.

Brillaron por su ausencia los políticos; ni siquiera acudieron militantes del PRD, como en otros años. No faltaron los de siempre: los dos sobrevivientes de aquel baño de fuego, los estudiantes Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, quienes fueron detenidos ahí y torturados y encarcelados en prisiones de alta seguridad como presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), del que ese día se supo que existía.

En el mitin realizado en El Charco, Cortés Chávez exigió castigo para los responsables de la matanza, sobre todo para quien coordinó la acción bélica, el general Alfredo Oropeza Garnica, ex comandante de la 27 Zona Militar, con sede en Atoyac de Alvarez.

También habló Arturo Campos, dirigente de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos, quien denunció que 15 miembros de su organización se encuentran en una lista de 50 personas que pueden ser detenidas en cualquier momento por la Agencia Federal de Investigación (AFI) por su presunta vinculación con los grupos armados. Inclusive recordó las detenciones que realizó la AFI en días pasados, tanto en Ayutla como en el municipio vecino de Tecoanapa, en la Costa Chica guerrerense.

Después del recorrido sobre las brechas del poblado, bordeadas de caña de azúcar para la producción de panela, hasta llegar a la escuela Caritino Maldonado, Arturo Campos informó que la semana pasada estuvieron en El Charco tres miembros de las brigadas internacionales por la paz que reúnen testimonios e investigan los hechos del 7 de junio de 1998. Se encontraron con Juan Alarcón Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.

Erika Zamora expresó que esperan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desmienta la información publicada en un semanario en el que se afirma que se les encontraron armas y sustancias sicotrópicas y que no fueron torturados, lo que coincide con los resultados de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar -entonces a cargo de Rafael Macedo de la Concha-, que según Zamora son parciales.