Enfrentan miseria, aislamiento y falta de representación política, subraya estudio de ONG

Padecen los trabajadores temporales en EU los mismos retos que hace 52 años

JOSE GALAN

Los mexicanos que participan en el programa de empleo temporal en Estados Unidos enfrentan extrema pobreza, aislamiento en relación con las comunidades donde trabajan y falta de representación política, desafíos que no han variado desde 1948, cuando se implantó el programa bracero, afirma la organización no gubernamental estadunidense Interhemispheric Resource Center (IRC).

En un análisis sobre los trabajadores agrícolas migratorios en Estados Unidos, elaborado por el Programa de las Américas, agrega que actualmente entre 10 y 15 por ciento de los trabajadores mexicanos en ciudades fronterizas de Estados Unidos se emplea en la agricultura estacional, y sus condiciones laborales han empeorado en los últimos años, con caídas en el salario de hasta 25 por ciento, y con índices de mortalidad infantil 125 por ciento más altos que la población en general del país del norte.

Cita al Farmworker Justice Fund (Fondo para la Justicia de los Trabajadores Agrícolas) al sostener que 60 por ciento de los empleados agrícolas migratorios tiene ingresos inferiores al nivel que el gobierno estadunidense considera de miseria, y que 73 por ciento de los hijos de esos labriegos vive en la pobreza. Pese a esta situación, el estudio sostiene que los trabajadores del campo de origen mexicano dependen menos que las demás poblaciones de la asistencia pública.

Una de las principales causas de la miseria y de la explotación de los trabajadores agrícolas radica en que los empleadores recurren cada vez más a contratistas o intermediarios, que básicamente operan en la región fronteriza, y que reclutan a trabajadores o equipos de trabajadores para empleos más al norte.

A menudo los contratistas abusan de los trabajadores al engañarlos sobre las labores que desempeñarán y la remuneración que recibirán, al cobrarles "comisiones de contratación" exorbitantes, o al hacer "deducciones de sus salarios", agrega el estudio, e insiste en que la pobreza que enfrentan los migrantes en el campo estadunidense acarrea problemas adicionales.

Sin tener un ingreso adecuado, las familias y los individuos deben vivir hacinadas para cubrir alquileres prohibitivos, y con frecuencia, los trabajadores aceptan vivir en campamentos que les dan sus patrones, que a menudo no son más que tráileres, garajes y barracas insalubres.

Por ello, añade el análisis, no sorprende que los problemas de salud constituyan una fuente de preocupación. Los índices de mortalidad infantil son 125 por ciento más altos que entre la población en general, y la esperanza de vida media de los trabajadores agrícolas es de 49 años, en comparación con los 75 años promedio en Estados Unidos. La desnutrición es más aguda entre estos trabajadores que en cualquier otro segmento poblacional. Cuatro de cada cinco jornaleros carece de seguro médico de su empleador.

Otro factor de riesgo es el uso de pesticidas. Cada año se usan más de 500 millones de kilos de pesticidas en los campos agrícolas de Estados Unidos y, de acuerdo con el análisis histórico del Instituto de Ciencias de Salud Ambiental de ese país, dichas toxinas son responsables de mil muertes al año entre trabajadores del campo.

El análisis subraya que las empresas agroindustriales estadunidenses continúan beneficiándose de la contratación de trabajadores de "bajo mantenimiento", que por características étnicas, nacionalidad, preparación y estilo de vida nómada, permanecen al margen de la sociedad y en el último peldaño de la escala social, "lo cual los hace eminentemente costeables".

Para mantener ese fluido y barato sector de trabajadores agrícolas se requiere que el gobierno estadunidense promulgue leyes tendientes a perpetuar el sistema de trabajadores agrícolas migratorios. En teoría, las exenciones legales y los subsidios gubernamentales para la agricultura se justifican con la idea de que ayudan a las pequeñas unidades de producción familiares. Sin embargo, "son las grandes corporaciones agroindustriales las que más se benefician".

Por ejemplo, en las ramas de frutas, verduras y horticultura -donde trabaja la mayor parte de los migrantes-, 10 por ciento de las unidades más grandes (todas corporativas) representa 80 por ciento de la producción y empleo totales. El IRC considera que esta consolidación corporativa del agro ha llevado a la creación de un poderoso cabildeo que presiona al gobierno en Washington para que mantenga tanto los subsidios directos -pagos en efectivo y compras de cosechas- como los indirectos, bajo la forma de leyes poco efectivas que rigen las prácticas laborales en el campo, que incluso no protegen a los trabajadores agrícolas por accidentes en el campo; no hay ningún tipo de indemnización, y alientan el trabajo infantil.