RUMBO AL 6 DE JULIO

Antes de "cocinarse" la Ley de Asociaciones Religiosas ya emitían opiniones al respecto

El reconocimiento a iglesias envalentonó a los clérigos para intervenir en política

Rivera Carrera, primero en recibir un extrañamiento de la Secretaría de Gobernación

ALMA E. MUÑOZ

La diferencia en el comportamiento "político" de los ministros de culto durante gobiernos federales priístas y panistas radica en la abierta definición que aquellos hacen actualmente de las características que deben poseer quienes ocupen puestos de elección popular en México, y convertir templos católicos en escenario de plataformas electorales, que resultan una clara violación de la normatividad en la materia.

Con los gobernantes tricolores, los jerarcas católicos externaban opiniones sobre el respeto al voto desde antes de "cocinarse" la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y en algún momento defendieron los derechos humanos, pero sin acentuar su posición contra el aborto y las uniones entre homosexuales.

La arquidiócesis de Chihuahua, con Adalberto Almeida al frente, fue el punto de partida para la realización de los llamados talleres por la democracia, surgidos luego del controvertido triunfo del priísta Fernando Baeza sobre el candidato de Acción Nacional a la gubernatura, Francisco Barrio Terrazas.

Los cambios constitucionales de 1992, que dieron personalidad jurídica a las iglesias, "envalentonaron" a los sacerdotes y obispos para intervenir más en cuestiones político-electorales. En marzo del siguiente año, el entonces obispo de Hermosillo, Sonora, Carlos Quintero Arce, manifestó que la autoridad moral de los sacerdotes católicos puede "hacer inclinar la balanza" en comicios, pero que ellos "nunca dirán si los fieles deben acercarse a un partido o candidato" porque eso significaría violentar el voto de los ciudadanos.

"Fines y medios diferentes"

Sus dichos fueron apoyados por el arzobispo de Jalapa, Sergio Obeso, quien además reconoció las limitaciones que en la materia les imponen la reforma del artículo 130 y el Código de Derecho Canónico, y también fueron reforzados por el entonces presidente del Episcopado Mexicano, Adolfo Suárez Rivera, quien dijo: "Como pastores consideramos lesivo para la democracia unir el poder económico, social o religioso con el político, porque cada uno de ellos, si bien ha de procurar la democracia y la justicia social, tiene fines y medios diferentes".

Una revisión de las notas periodísticas que sobre el tema se manejaron en este diario arroja que sólo Norberto Rivera Carrera, en su calidad de obispo de la diócesis de Tehuacán, Puebla, en 1992 -después de los comicios para gobernador en esa entidad- aludió directamente a un instituto político: "el PRI era el único partido con posibilidades de obtener un triunfo en las elecciones estatales de Puebla, aunque ello no significa que el proceso haya sido del todo limpio"

En los años subsecuentes, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) insistió en su política de promoción al voto y contra la violencia electoral. En 1997 impulsó un plan pastoral cívico para que en las parroquias de todo el país se estimulara la discusión en favor de una jornada "pacífica, respetuosa y activa". Algunos jerarcas, como Rivera Carrera, desde entonces arzobispo de la ciudad de México, plantearon que había obstáculos al crecimiento democrático.

Por separado, algunos religiosos comenzaron a criticar la actitud de los priístas y se empezaron a ventilar relaciones de ministros de culto con integrantes de Acción Nacional. En 1991, Yucatán se convirtió en ejemplo de ello, cuando la alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán, con el beneplácito de la Iglesia católica y agrupaciones afines como Pro Vida, emprendió una campaña de "moralización social" para frenar la prostitución y el homosexualismo. Prohibió espectáculos de desnudos y travestis en centros nocturnos, y en la víspera del carnaval que las mujeres usaran trajes provocativos durante el desfile o que los hombres utilizaran atuendos femeninos para disfrazarse.

Sacerdotes como Rafael Pat Braga pronunciaban homilías contra lo que dominó "una dictadura de partido, presidencialista, que en la mayoría de las veces manipula las elecciones de manera fraudulenta".

Antecedente

La única sanción que registra el archivo tiene que ver con un extrañamiento de parte de la Secretaría de Gobernación al arzobispo Norberto Rivera, quien en 1997, a propósito de la realización de comicios en el Distrito Federal, declaró que la Iglesia católica mexicana "puede y debe meterse en la política como lo hizo Jesús".

Hoy, tras el triunfo de Vicente Fox, algunos jerarcas católicos expresan abiertamente las características de los candidatos por quienes su feligresía debe votar o, en caso contrario, incurren en una violación a la ley de Dios. En principio condenan -con el respaldo de prácticamente todo el episcopado- el abstencionismo y votar por proyectos en contra de la familia (uniones entre personas del mismo sexo), en favor de la interrupción del embarazo, la eutanasia, la prolongación de la vida por medios extraordinarios, la destrucción y manipulación del embrión humano, las formas modernas de "esclavitud": alcohol, droga, pornografía, secuestro, prostitución y más.

Su defensa radica en el argumento de que la política busca el bien común y ello no significa, por tanto, adoptar una actitud de abierto proselitismo. Sin embargo, tanto en Gobernación como en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales se investigan casos relacionados con el hecho, con todo y que determinados jerarcas, como el cardenal Rivera Carrera y el vicepresidente y el secretario general del episcopado, José Martín Rábago y Abelardo Alvarado, respectivamente, consideran injusto aplicarles la "ley mordaza" -como definió el primero-, porque están haciendo uso de la libertad de expresión y por tanto "no nos vamos a quedar callados" e insistirán en llamar al voto, aunque ello implique, como también manifestaron los obispos de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, y de Tepic, Nayarit, Humberto Robles Cota, "que a todos nos encarcelen".

No obstante, el propio Alvarado, en una carta que envió en días pasados al director de Asuntos Religiosos de Gobernación, Alvaro Castro, manifestó la intención del organismo católico de respetar las normas en la materia.