Se oponen a reformar leyes de obras y de adquisiciones aprobadas por diputados

Detectan senadores la intención de ampliar el capital privado en los CSM

RENATO DAVALOS

Errores, inconsistencias jurídicas y la intención velada de ampliar la participación del capital privado en los contratos de servicios múltiples (CSM) fundamentan la oposición de la fracción senatorial priísta a la minuta de reformas a la Ley de Adquisiciones y a la Ley de Obras, que les remitió la Cámara de Diputados. Una vez enmendada por los senadores, será regresada a San Lázaro.

La postura priísta señala que en las reformas aprobadas ''apresuradamente'' en diciembre por los diputados hay violaciones al texto constitucional. Se pretende, señala el documento que contiene la posición tricolor, que las dependencias y entidades públicas puedan autorizar la ''contratación de terceros'' para que ejecuten los procedimientos de contratación.

Los diputados reformaron en diciembre la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados. Una vez hecho el análisis, los priístas señalaron que en lugar de promover la mayor capacitación y experiencia de los Comités de Adquisiciones y de Obra, se deja en manos de intereses particulares el conocimiento del manejo de recursos y se evade la responsabilidad del gobierno de rendir cuentas sobre el manejo de bienes nacionales.

Se pretende conservar el nexo entre el contratista y el gobierno con la afirmación de que el ''servidor público de las dependencias o entidades, con un nivel no inferior al de director general, presidirá los actos y firmará las actas'', pero ello no garantiza que el funcionario conozca la operación, añaden los priístas.

A partir de estos preceptos se pretende eliminar el obstáculo legal para la firma de los contratos de servicios múltiples de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunciada por esta empresa desde hace tiempo como una ''novedad'' en la participación de particulares nacionales y extranjeros en la paraestatal. Por ello, hay gran coincidencia entre la fórmula contenida en los contratos y la iniciativa aprobada por los diputados. Será la ''empresa líder'' la que decida los procedimientos de contratación, establecen los contratos de Pemex.

También contienen una serie de medidas desreguladoras a favor de los proveedores, pero en contra del control del Estado sobre las distintas operaciones. Incluso se han encontrado artículos que contradicen otras leyes, como la Orgánica de la Administración Pública. Los documentos y observaciones se han entregado a la Secretaría de la Función Pública, pero la respuesta ha sido unas cuantas ''aclaraciones''.

El senador Oscar Cantón comentó respecto a la postura conjunta de sus correligionarios que se busca una aprobación rápida del Senado a la iniciativa.

El documento permitiría también gran discrecionalidad al Ejecutivo en las licitaciones. En la Cámara de Senadores, PRI, PRD, PVEM y Convergencia están de acuerdo en que la minuta no pasará y que será devuelta a San Lázaro, donde tuvieron que aprobarla en diciembre por la premura en la discusión presupuestal, sostuvo.