Existen 16 casos similares en Oaxaca, señala el Prodh

Rechazo al PPP, base del conflicto en Unión Hidalgo

El edil, con intereses en proyectada empresa camaronícola

ROSA ROJAS

En el trasfondo de la represión oficial contra el Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU) está su lucha contra la construcción -en el contexto del Plan Puebla-Panamá (PPP)- de granjas camaronícolas, con una inversión de 8 millones de dólares, en las tierras de la comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo, Oaxaca, en las que tienen intereses funcionarios priístas, y de cuya empresa, Desarrollo Acuícola Oaxaca-Pacífico, es tesorero el presidente municipal, Armando Sánchez Ruiz, indicaron hoy integrantes del CCU, que instalaron en el DF un plantón para que la Secretaría de Gobernación intervenga a efecto de que se establezca una mesa de negociación con los tres poderes del estado de Oaxaca, para solucionar el conflicto que vive su municipio.

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Edgar Cortez, aseveró que en Oaxaca existen 16 conflictos municipales en diferentes regiones, lo que hace cuestionar en qué medida hay una situación de "ingobernabilidad", y eso a su vez justifica la intervención del gobierno federal en la solución de conflictos.

En rueda de prensa en las instalaciones del Prodh, Alberto Juan Castillo y Nirvardo López, del CCU, así como Zenona Cruz y Juan Figueroa, del Consejo de Ancianos y Ancianas (CAA), y el propio Cortez, urgieron a que la Secretaría de Gobernación intervenga ante el gobierno de Oaxaca para que la Legislatura decrete la desaparición de poderes y nombre un consejo municipal.

La solicitud de suspensión del ayuntamiento se entregó en febrero al Congreso estatal, cuyo pleno la turnó el 20 de ese mes a la Comisión de Gobernación, sin que hasta la fecha le haya dado respuesta.

Exigen esclarecer asesinato

Otra demanda del CCU y el CCA es la investigación y esclarecimiento de los hechos en los cuales la policía municipal de Unión Hidalgo asesinó a un integrante del CCU e hirió a 10 más, cuando se manifestaban el 13 de febrero exigiendo auditoría a la administración del citado edil.

También demandan reparación de los daños ocasionados a los miembros del CCU y de la comunidad unihidalguense a lo largo del conflicto, lo que incluye la exoneración y liberación de Carlos Manzo, Luis Alberto Marín López y Francisco de la Rosa Gómez; la cancelación de los procesos y órdenes de aprehensión contra los participantes en el movimiento, y la suspensión de toda obra pública dentro del municipio, así como de actos relacionados con el proceso electoral federal, en tanto no haya solución.

Manifestaron su indignación porque la Procuraduría de Oaxaca haya omitido concluir las investigaciones y ejercitar acción penal en contra de los responsables de la represión del 13 de febrero, y por la "actuación parcial" del Poder Judicial en el proceso de los arriba citados "con pruebas falsas".

Alberto Juan Castillo informó que el jueves se reunieron con el director de Atención Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG), quien les dijo que no tenía conocimiento de lo que ocurría en Unión Hidalgo, que se iba a comunicar con las autoridades oaxaqueñas. Ayer les indicó que no pudo tener contacto con nadie del gobierno del estado. Edgar Cortez señaló que ya desde el 16 de mayo se le había enviado amplia información al titular de la SG vía la Subsecretaría Jurídica y de Derechos Humanos, por lo que se buscará que se atienda este asunto en esa área.

Castillo informó, al relatar cómo se fue gestando el conflicto, que el edil Sánchez Ruiz se negó a apoyar a los comuneros de El Llano, en su demanda por un conflicto agrario con San Dionisio del Mar, y comentó que aquél es compadre del presidente municipal de San Dionisio del Mar.

Mencionó también que por medio del colectivo Gubiña XXI se presentó en febrero de 2001 una denuncia ante la Procuraduría Federal de protección al Ambiente (Profepa) por daños al entorno ecológico de los esteros de la comunidad, ya que la empresa Camarón Real del Pacífico había iniciado trabajos topográficos y de brecheo para el establecimiento de una granja camaronícola, en 500 hectáreas de terrenos comunales del anexo Unión Hidalgo, sin que hubiera realizado estudios de impacto ambiental.

Por esta denuncia la empresa fue multada por la Profepa con 12 mil 500 pesos, multa que también se aplicó al apoderado legal y presidente de la misma, Armando Sánchez Ruiz, previniéndoseles en la misma resolución que no podían continuar con los trabajos iniciados por dicha empresa.

Entonces los socios constituyeron otra empresa, Desarrollo Acuícola Oaxaca-Pacífico, en la cual funge como tesorero Armando Sánchez Ruiz, que presentó su proyecto y su manifestación de impacto ambiental a la Semarnat. Sin embargo, apuntó Castillo, en ese expediente se presentaron contratos de compraventa de tierras comunales, operación que es fraudulenta porque jurídicamente dichas tierras no son susceptibles de operaciones de compraventa, pero además la disposición de los terrenos fue convenida entre el presidente y el síndico municipal y la empresa de la cual el presidente es tesorero, en un evidente "conflicto de intereses".

Por la noche, Castillo informó que el plantón se levantará el fin de semana y se trasladará el lunes, reforzado con más personas que llegarán de Unión Hidalgo y otras poblaciones del Istmo, frente al Senado.