La coordinadora de Investigaciones Especiales da a conocer avances de la pesquisa

Concluirá este año el caso Posadas, pues pervive la hipótesis de la confusión: PGR

Marisela Morales Ibáñez desmiente que haya habido presiones en la indagatoria, como aseguró la subprocuradora Lima Malvido Ocho líneas de averiguación siguen abiertas

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

La Procuraduría General de la República (PGR) concluirá este año el caso Posadas, ya que "hasta hoy no se ha modificado la hipótesis de la confusión", sin embargo, hay ocho líneas de investigación que siguen abiertas, a pesar de que están sustentadas en testimonios "de oídas" y en grabaciones del "espionaje" a que estaba sometido el cardenal asesinado, pero en las que su voz no aparece.

Lo anterior fue dado a conocer en conferencia de prensa por la coordinadora general de Investigaciones Especiales de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, quien informó sobre el avance de las indagatorias del asesinato el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993.

Morales Ibáñez puntualizó que en el desahogo de la hipótesis del complot no se ha podido llamar a declarar a José Córdoba Montoya, ex director de la Oficina de la Presidencia de la República, porque están "localizando su domicilio para poderlo citar", y que por lo que hace al ex presidente Carlos Salinas, porque no existen elementos que hagan necesario llamarlo a comparecer.

Las ocho líneas de investigación que están pendientes se refieren a los supuestos siguientes: la presencia de Rodolfo León Aragón, ex director de la Policía Judicial Federal, horas antes del asesinato en el lugar de los hechos; las amenazas de José Córdoba Montoya a Posadas; militares ayudando a trasladarse de la capital jalisciense al Distrito Federal a Joaquín El Chapo Guzmán; la intervención telefónica al cardenal, y la hipótesis de que Posadas Ocampo fue asesinado por dos agentes federales y no por sicarios.

En la conferencia de prensa, Marisela Morales fue cuestionada sobre la expectación que despertó el año pasado la subprocuradora María de la Luz Lima Malvido, cuando aseguró que había nuevas pruebas que debían ser investigadas. Morales dijo que "hasta hoy, de los resultados de las investigaciones realizadas, no se desprenden los elementos probatorios que permitan afirmar o probar la existencia de un complot dirigido a privar de la vida al cardenal Posadas Ocampo".

Además, desmintió la versión de Lima Malvido, quien aseguraba ser objeto de presiones en la pesquisa del caso Posadas.

"En el área a mi cargo, que es donde se está llevando a cabo la investigación, no ha habido presiones, el Ministerio Público ha actuado en completa autonomía y libertad, desconocemos a qué tipo de presiones se refiera", afirmó.

Agregó que el papel de Lima Malvido en la investigación del caso Posadas siempre ha sido el de su superior, y que "quien realmente tiene la responsabilidad directa" de la indagatoria es la Coordinación General de Asuntos Especiales.

De hecho, "el acceso que ella ha tenido al expediente es en cuanto a los informes que, como área dependiente de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo, se le remiten de manera periódica, y eso no ha variado. En su calidad y por las funciones que ella (Lima Malvido) tiene encomendadas, no está precisamente tener acceso a la investigación, sino que simplemente se le informa de los avances".

En torno a los cuestionamientos que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) hizo al presidente Vicente Fox y al procurador Rafael Macedo de la Concha en dos cartas, sobre la falta de capacidad y de voluntad para investigar el caso, afirmó que esos señalamientos parten de "una falta de conocimiento, ya que la indagatoria ha tenido seguimiento y se ha trabajado intensamente".

En relación con la hipótesis de que durante el asesinato al cardenal le había sido robado un portafolios con información que vinculaba a políticos con el narcotráfico, dejó en claro que eso no quedó "acreditado de manera fehaciente". Inclusive, dijo, "no se obtuvo la certeza de que hubiera existido ese portafolios".

En cuanto a que hay grupos inconformes con lo que hasta ahora ha determinado la PGR, señaló que la "decisión estará apegada a derecho, y seguramente se va a impugnar, pero la parte que no esté conforme podrá interponer los recursos que la ley establece".

Inconformidad

José Antonio Ortega Sánchez, abogado coadyuvante del caso Posadas e integrante del llamado Grupo Jalisco, que impulsa la hipótesis del complot, consideró "precipitadas, superficiales y para salir al paso las conclusiones de la PGR, porque parece que existe la intención de dar carpetazo al asunto".

Ortega Sánchez fue entrevistado vía telefónica minutos después de que la PGR informó del avance de las indagatorias. Aseguró que "parece haber una tendencia a forzar la investigación hacia la hipótesis de la confusión, pero nosotros (el llamado Grupo Jalisco, conformado también por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez y el panista Fernando Guzmán), no estamos casados con la teoría del complot, simplemente pedimos que se profundicen las ocho líneas dadas a conocer.

"No hay terquedad ni obstinación de nuestra parte, pero en caso de que se concreten las conclusiones hoy dadas a conocer, acudiremos ante instancias nacionales e internacionales a pedir que se investigue el caso", aseguró.

Pendientes

Las líneas de investigación abiertas, a las que sólo faltan algunas diligencias para ser concluidas, están encaminadas a determinar de manera definitiva si hubo o no complot en la muerte del prelado, a pesar de que no hay, desde 1993, elementos que hagan presumir esa hipótesis.

Según Marisela Morales la primera línea de investigación tiene que ver con la supuesta presencia de Rodolfo León Aragón, ex director de la Policía Judicial Federal, en el aeropuerto de Guadalajara el 24 de mayo de 1993, antes de que ocurriera el homicidio de Posadas Ocampo.

Reconoció que en los testimonios recabados "existen contradicciones", ya que la teoría se sustenta en lo dicho por el narcotraficante Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, y en actuaciones ministeriales existen dos declaraciones que ubican a León Aragón en la ciudad de México.

La segunda línea de investigación se refiere a que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán fue escoltado del aeropuerto de Guadalajara a la ciudad de México en un avión militar.

La funcionaria aceptó que "hasta hoy se siguen allegando los elementos de prueba para confirmar o desvirtuar esta línea". Ello en virtud de que la hipótesis está sustentada en un documento elaborado ante un notario público por Fulvio Jiménez Turegano, un ex comandante de la Policía Judicial Federal (PJF), prófugo desde 1995, pero que no ha ido ratificado.

Según las investigaciones, algunos miembros del supuesto grupo especial que comandaba Jiménez Turegano, y que iba detener al Chapo Guzmán y los militares que lo escoltaban, declararon que "lo acompañaron al aeropuerto de la ciudad de México, pero que el avión militar nunca llegó". Otros agentes "niegan haber tenido conocimiento, porque estaban comisionados en otra ciudad o ya no laboraban en la PGR".

La tercera línea tiene que ver con la supuesta intervención telefónica de que era objeto Posadas Ocampo. "De los medios de prueba disponibles no se desprende" espionaje alguno, dijo Morales Ibáñez.

Aclaró que la línea sigue abierta, aun cuando esa hipótesis se sustenta en dos grabaciones proporcionadas por José Luis Thirión -ex informante de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien hoy está preso acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada-, en las que, según los peritajes practicados, no aparece la voz de Posadas.

Más hipótesis

La cuarta línea es la supuesta participación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional en el homicidio, pero no hay ninguna evidencia.

Quinta línea. La PGR busca establecer si personal de la dependencia viajó a Guadalajara horas antes del asesinato de Posadas Ocampo. De acuerdo con lo que informó Morales Ibáñez, "no se ha logrado verificar formalmente los horarios en que se llevaron a cabo los vuelos, ya que no existen las bitácoras de vuelo. Los pilotos y agentes interrogados aseguran que viajaron para apoyar en las investigaciones, pero horas después de ocurridos los hechos".

La sexta línea se refiere a la supuesta autoría material del asesinato de Posadas Ocampo a cargo de dos agentes de la PJF, Gustavo Lhurs Tijerina y Miguel Silva Caballero, El Chicochangote, quienes ya fallecieron. Esta línea sigue abierta, pese a que "a la fecha no se ha logrado acreditar la existencia de la persona que supuestamente refirió conocer la autoría material de las personas señaladas.

"Obra en las actuaciones otra declaración de un testigo 'de oídas', en el mismo sentido, y que al ser corroborada resultó ser negativa", dijo la coordinadora de Investigaciones Especiales de la PGR.

Inclusive mencionó que "en todas las constancias de la averiguación previa se concluye que quienes dispararon sus armas contra el cardenal fueron El Güero Jaibo, ya occiso, y El Negro Mariscal, procesado por este delito, por autoridades del estado de Jalisco.

La PGR estableció como séptima línea de investigación las presuntas amenazas que habría expresado José Córdoba Montoya, ya que "deriva de la declaración de un testigo 'de oídas', que fue amigo del cardenal.

"El testigo declaró que el cardenal le había contado de una reunión sucedida en la residencia oficial de Los Pinos (durante el mandato de Carlos Salinas), donde había sido objeto de las amenazas referidas, pero en las oficinas de la residencia oficial no tienen registro de esa supuesta entrevista", señaló la fiscal.

La octava línea de investigación toca a la presunta vigilancia de que era objeto la residencia de Posadas Ocampo, y "también que un helicóptero sobrevolaba a baja altura el inmueble, según la declaración de una vecina".