Magdalena Gómez

ƑIndigenismo del cambio?

La desaparición del Instituto Nacional Indigenista (INI) para dar paso a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un eslabón más de la cadena de burlas a los pueblos indígenas por parte del autodenominado "gobierno del cambio" en complicidad con el Congreso de la Unión.

La referida comisión no implica ningún cambio de fondo y se suma a la estrategia oficial de impulsar la aplicación de la contrarreforma indígena y darle al diferendo político con el EZLN y los pueblos el carácter de cosa juzgada también en el ámbito político, con el factor adicional de contravenir seriamente el contenido del Convenio 169 de la OIT, que está por encima de la ley que creó la comisión.

Tras 55 años de vida de una institución que permaneció tan marginal a la administración pública como los pueblos indígenas a la sociedad y que expresaba ante todo una visión que los ubicaba como objeto de asistencia antes que sujetos de derecho, se pretende festejar que la nueva institución no estará sectorizada con ninguna dependencia y que favorecerá la llamada "transversalidad" de las políticas públicas en esta materia. ƑDe qué hablamos? Ya en la ley del INI de 1948 se enunciaba en su artículo 12 su facultad de coordinar las acciones del conjunto de la administración pública, lo cual nunca se logró.

El Convenio 169 ha sido reiteradamente violado, desde la seudoconsulta del INI previa a la elaboración del proyecto de comisión, en la cual se sustituyó el concepto de instancias representativas de los pueblos por foros de consulta y se concluyeron cuestiones poco creíbles como que los indígenas plantearon que querían un organismo "descentralizado y no sectorizado", cuando estos conceptos corresponden a las inquietudes de la burocracia. Llegaron al absurdo de incluir bajo el rubro de "sujetos indígenas a los que se debe consultar" a las dependencias del gobierno. El Congreso de la Unión no sometió a consulta su dictamen de ley que creó la flamante comisión de nombre tan largo y alcances tan cortos.

Por lo que se refiere a los objetivos, estructura y funciones del nuevo organismo, encontramos, entre otros, que será "instancia de consulta" de la administración pública, es decir, sustituye y usurpa la titularidad de un derecho que el Convenio 169 otorga a los pueblos. También pretende "coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas", así como "proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 'B' del artículo 2Ɔ de la Constitución". Es decir, que en ejercicio de la autonomía de los pueblos, a la que "coadyuvará", los sustituirá.

Para realizar tan elevados fines contará con una junta de gobierno integrada por casi todo el gabinetazo, donde el director, o inminente directora, de la comisión sólo tendrá derecho a voz y se excluye la participación y decisión de los pueblos, pese a que así lo estableció el texto de la contrarreforma como frase proveniente de la propuesta Cocopa. Existirá también un consejo consultivo al estilo de los viejos tiempos donde participarán organizaciones sociales, académicas, las juntas directivas de las comisiones de asuntos indígenas, un representante de cada entidad federativa donde se asienten los pueblos y un ambiguo sinnúmero de representantes indígenas, pero eso sí, será un indígena quien presida el consejo.

Por otra parte, se incluye la disposición transitoria de que serán transferidos los programas actuales del INI que correspondan a las funciones de otras dependencias. Ni siquiera se pensó en transferir a los pueblos los escasos recursos e infraestructura con los que cuenta la institución desmantelada. Nada se dice, por ejemplo, de las radios indigenistas, cuya transferencia a los pueblos fue incluida en los acuerdos de San Andrés.

Se cierra de mala manera una etapa que congregó a servidores públicos que hicieron del trabajo indigenista su proyecto de vida, que si bien no exento de paternalismo, tuvo sin duda fortalezas en el rubro de servicios, como investigación, videoteca, fotografía, procuración de justicia, entre otros, que bien podrían haberse integrado en una institución que no mezclara coyunturas y humores sexenales.

En síntesis, "la INI", como le dicen los indígenas, merecía morir con la dignidad que implicaba ceder el paso a la autonomía. No hay tal, la comisión no puede impulsarla aun cuando se expropie y perviertan las palabras y se les vacíe de contenido. Nunca pensé que llegaría a tener la tentación de proponer "una lágrima por el INI".