La medida aplaza dictamen de la Corte sobre el IPAB

Fox interpone recurso legal para no cobrar créditos irregulares a bancos

JESUS ARANDA

El gobierno federal no cesa en su empeño de evitar la revisión de cuentas de deuda reconocida por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -por más de 44 mil millones de pesos-, ordenada en seis oficios por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que tienen que ver con créditos reconocidos como deuda pública en favor de Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico, y que tendrían que ser devueltos al erario.

El Presidente de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de reclamación en contra del acuerdo del ministro Juventino V. Castro y Castro, en el que negó una suspensión provisional solicitada por el jefe del Ejecutivo, con la que buscaba dejar sin efecto los oficios en los que la ASF le ordenó a la Secretaría de Hacienda ''descontar'' a los bancos citados los montos de los créditos que integraron irregularmente en la deuda reconocida por el IPAB.

Este recurso forma parte de la controversia constitucional que interpuso el presidente Vicente Fox en contra del Congreso de la Unión y la ASF -que orgánicamente depende de la Cámara de Diputados.

Inicialmente, la consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera Tello, presentó su demanda contra la Cámara de Diputados por presunta ''invasión de esferas'' y solicitó una suspensión provisional para evitar que Hacienda diera cumplimiento a los seis oficios.

Sin embargo, el ministro instructor Juventino V. Castro y Castro declaró improcedente la petición presidencial, porque de aceptar suspender la vigencia de los oficios girados por la ASF a Hacienda ''se afectaría a instituciones fundamentales del orden jurídico''. Recordó que los legisladores tienen entre sus facultades la revisión de la cuenta pública para garantizar a los gobernados que los recursos son manejados debidamente y se destinan al bienestar de la población.

Los oficios impugnados datan del 7 y 20 de marzo, en los que la Dirección Especial de Desempeño de la ASF notificó a Hacienda que en auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases para la actualización de intereses del IPAB, en marzo de 2002, ''se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos'', como eran préstamos en litigio, de empresas en quiebra o en suspensión de pagos e incluso intereses moratorios que fueron ilegalmente considerados ''en calidad de reservas''.

En uno de los oficios cuya invalidez solicita el Ejecutivo, la ASF afirma que Banamex incluyó ilegalmente en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) cartera vencida por 6 mil 539 millones de pesos, más intereses bancarios.

Se indican cinco créditos que la institución bancaria integró irregularmente al Fobaproa y que, por tanto, Hacienda estaba obligada a ''instrumentar las acciones convenientes para que por la vía que considere procedente'' descuente dichas cantidades de los compromisos adquiridos por la compra de cartera vencida, mediante convenios establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Grupo Financiero Banamex-Accival, Fobaproa y Banco Nacional de México.

Como consecuencia de este recurso que interpuso el Ejecutivo, el dictamen de la Corte se aplazará hasta en tanto el ministro Genaro David Góngora presente ante el pleno su proyecto de resolución; una vez que el pleno adopte una decisión, se reactivará el proceso de análisis de la controversia constitucional planteada.