John Saxe-Fernández

Pemex y el patriotismo retórico del PAN

Nos están alborotando el gallinero. Tal parece el meollo de la exasperación de Fox y de Ernesto Martens, el secretario de Energía, ante la inesperada propuesta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos: vincular la aprobación de un acuerdo migratorio bilateral con la apertura de Pemex a la inversión estadunidense. Desde Los Pinos puntualizó que "... de ninguna manera se aceptará negociar dicho acuerdo a cambio de la apertura de Pemex a inversiones extranjeras", mientras Martens consideró que se estaba "haciendo una tormenta en un vaso de agua".

El problema es que la apertura de Pemex a las empresas multinacionales del ramo -incluyendo las de construcción- domiciliadas en Estados Unidos, se ha venido realizando desde hace varios sexenios, aunque de manera solapada, y durante este gobierno, Fox y el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, han liderado el esquema empresarial y geoestratégico impulsado por Washington a través de diversos medios incluyendo el endoso al esquema bushiano de "integración energética" de América del Norte y la profundización de los esquemas de "modernización" y restructuración de Pemex promovidos desde mediados de los 80 por el Banco Mundial (BM). Lo que ocurre es que la ofensiva contra el control mexicano del petróleo mexicano se da en momentos "inoportunos" debido a las elecciones legislativas de julio próximo.

Para Fox, Martens, Muñoz Leos y desde luego para el PAN se elevan considerablemente los costos políticos de su torpe adopción de los lineamientos estadunidenses en materia petrolera y eléctrica. Recuérdese que el dirigente del blanquiazul, Luis Felipe Bravo Mena calificó la propuesta de "improcedente, irreal, imprudente, inviable e intransitable". Pero el hecho es que la apertura de Pemex a los inversionistas extranjeros, por ejemplo, mediante los contratos de servicios múltiples (CSM), ciertamente al margen de la normatividad constitucional vigente, se ha realizado con el apoyo panista, por lo que, de tomar estas declaraciones textualmente, el PAN estaría dando marcha atrás al proceso de privatización y extranjerización de facto que se observa en Pemex y en el sector eléctrico, lo cual no es el caso, sino que se trata de un patriotismo retórico y oportunista de cara a las elecciones.

Algunos analistas han interpretado la propuesta mencionada como una presión para que Fox acelere las "reformas estructurales" pendientes en materia petrolera y eléctrica. Pero ese proceso ya está en marcha en amplia gama de actividades de Pemex, incluyendo perforación, exploración, explotación y operación energética, como recordó Francisco Garicochea, dirigente del grupo de ingenieros petroleros Constitución de 1917 (La Jornada, 12/5/03, p. 5). Ahora lo que importa al equipo gubernamental es el control de los costos electorales, por lo que procede exigir al gobierno foxista y al PAN explicar al electorado la "constitucionalidad" de los CSM y las inminentes concesiones de ocho lotes de gas natural no asociado en la cuenca de Burgos a empresas extranjeras, para no mencionar otros proyectos extranjerizantes, como la asignación del contrato de servicios integrales para campos petroleros en Chicontepec, realizada en marzo, en favor de Flour Daniel y Schlumberger, con participación de ICA y obras de construcción en favor de Bechtel y Halliburton (La Jornada, ibidem). Más grave aún, este gobierno no ha movido un dedo para revertir el esquema impulsado por el BM de "desindustrialización", "desmembramiento" y "despojo" (divestiture) al que se ha sometido a Pemex desde el salinato. Al contrario, Fox plantea profundizar la "reforma" del sector, que también incluye, según documentación del BM, quebrar a la Comisión Federal de Electricidad en varias empresas regionales. Preparándola para su privatización, Pemex ya fue dividida en segmentos, es decir, en entes separados que compiten entre sí: unos se dedican a producir crudo y gas natural, y otros al transporte, refinación y mercadeo del petróleo.

Es una política encaminada a debilitar la integración vertical de estas actividades, operando de manera diametralmente opuesta a como lo hacen las corporaciones petroleras internacionales, cuya aplicación al sector petrolero de Estados Unidos fue rechazada en los años 70 precisamente porque se debilitaría la capacidad competitiva de las empresas en el ámbito internacional. Como esperaban los estrategas del BM, los resultados han sido, administrativamente, desastrosos. Por ejemplo, en 1982 Pemex contaba con 203 órganos directivos entre niveles de subgerente y director general. Ya con las "reformas" del BM, y sin que se observen mejoras, para 1995 los puestos directivos crecieron a mil 255. Es decir, que entre 1982 y 1995 se crearon mil 52 nuevos puestos de subgerente, gerente, subdirector y director generales. Se propician así el dispendio y las oportunidades de corrupción. La meta del BM y su quinta columna neoliberal es llevar el complejo petroeléctrico "a un punto de venta".